Mesa Redonda “La segunda instancia penal”

En la tarde del 18 de mayo se celebró en el salón de actos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la mesa redonda con título “La segunda instancia penal”, organizada por el Aula “Francisco de Vitoria”, de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, dirigida y moderada por Manuel Jaén Vallejo, magistrado asociado y profesor universitario. Se trata de la segunda mesa de esta clase organizada por el Aula Francisco de Vitoria, con la finalidad de ofrecer actividades formativas e informativas de interés, tanto a jueces, asociados o no, como a otros operadores jurídicos.

La mesa contó, además de con el moderador, con cinco intervinientes de gran nivel jurídico, que dieron al acto una elevada impronta.

Manuel Jaén Vallejo presentó el acto, resumiendo el actual estado de la cuestión e incidiendo en la necesidad de que España adaptara su legislación procesal a los dictámenes emanados desde el año 2000 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y para cumplir con las exigencias del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; para cuyo cumplimiento la Ley 41/2015 modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introduciendo de forma efectiva la segunda instancia en cuanto a las resoluciones dictadas en primera por las Audiencias Provinciales o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

José Ramón Navarro Miranda, presidente de la Audiencia Nacional y también asociado, explicó la regulación de la segunda instancia en lo que a dicho tribunal concierne, en cuanto a los recursos de apelación contra las sentencias de su Sala de lo Penal; incidiendo en el Real Decreto 229/17, que regula la dotación de plazas para la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional con efecto el próximo 1 de junio; expuso los problemas a que pudieran dar lugar los recursos que se planteen antes de la constitución de dicha Sala. Relató algunas incidencias en cuanto a la cobertura y provisión de las plazas de la nueva Sala; e indicó que la previsión es de unas 250 resoluciones anuales susceptibles de apelación, lo que, de entrada, no supondrá una excesiva carga de trabajo para la nueva Sala, pero con los años puede que sí lo sea, no descartándose la ampliación de plazas para la misma.

Francisco Javier Vieira Morante, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, señaló que hasta que se constituya la Sección de Apelaciones en la Sala de lo Civil y Penal del tribunal, con tres magistrados, sigue conociendo dicha Sala de los recursos de apelación, cuyo número es creciente: en 2016 sólo fueron diez recursos, pero ya en 2017 se interponen varios cada semana, lo que supone la necesidad de constitución de la nueva sección, siendo el ponente partidario, por razones de celeridad, de la creación paulatina de las plazas, sin necesidad de esperar a la creación conjunta de las tres. En cualquier caso, el tiempo actual de resolución de los recursos no supera el mes. Indicó la existencia de distintos criterios sobre resoluciones recurribles en apelación, exponiendo las dudas sobre si cabe recurso contra autos en general, y contra los autos de prisión en particular. Señaló que el criterio del Tribunal es que no se remitan por la Audiencia Provincial las piezas de situación personal, sin perjuicio de la competencia del Tribunal Superior de Justicia para acordar la libertad provisional o modificar la situación personal del encausado.

Jesús Caballero Klink, Fiscal Jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, valoró positivamente la reforma, citando la Sentencia del Tribunal Supremo nº 210/17 con la que comparte tal valoración. Indicó que la Fiscalía que interpone el recurso de apelación es la que intervino en el juicio, y que la Fiscalía que interviene en el resto de incidencias a que dé lugar la apelación es la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Calculó que el número de apelaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid puede ser de aproximadamente cien al año. E incidió en las novedades de la apelación en cuanto al recurso por error en valoración de la prueba, y la posibilidad de declarar la nulidad de la sentencia absolutoria y su devolución para dictado de nueva sentencia o celebración de nuevo juicio.

Eduardo Porres Ortiz de Urbina, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, realizó una previsión de unos 250 recursos de apelación al año; señaló los problemas sobre la composición y especialización de la futura sala de apelaciones del Tribunal Superior de Justicia. Discrepó del criterio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la no remisión a dicho tribunal de las piezas de situación personal, considerando que el carácter devolutivo del recurso de apelación debería conllevar la asunción de la competencia sobre dicha situación. E incidió en el carácter restrictivo del recurso de apelación frente a sentencias absolutorias, limitado por la imposibilidad fáctica y jurídica de repetición de las pruebas practicadas en la instancia.

Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho penal y abogado, celebró asimismo la reforma, al regular de forma efectiva la segunda instancia y concretar el ámbito de la casación. Señaló las diferencias del nuevo sistema con el alemán, que supone la completa celebración del juicio también en la segunda instancia, incluso con pruebas que no se hubieran propuesto en la primera, si bien ello es posible por la menor litigiosidad de la sociedad alemana, no siendo trasladable a España. No obstante, señaló que la nueva regulación no resuelve los problemas derivados del enjuiciamiento de procedimientos con aforados y no aforados, y puede generar problemas relativos a macrocausas.

Tras las intervenciones se produjo un debate sobre las mismas, con participación del público. En general todos los intervinientes valoraron de forma positiva la reforma, si bien aportando propuestas para la mejora del sistema en lo no regulado expresamente por ella. Tras el debate, se clausuró el acto por el moderador.