El presente artículo, dirigido no solo al profesional sino también al lector lego en derecho pero interesado en los asuntos judiciales de actualidad, ha de comenzar necesariamente por una somera explicación que facilitará sin duda la lectura y la comprensión:

El 25/5/2017 la Comisión Permanente del CGPJ acordó atribuir a determinados juzgados el conocimiento exclusivo pero no excluyente de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos hipotecarios cuyo prestatario fuera una persona física. Con un alarde de previsión, anticipación y orden se decidió también que esta facultad de nuestro órgano de gobierno, amparada por el art. 98.2 LOPJ se pusiera en práctica justo una semana después de la adopción del acuerdo que además no se publicó hasta el sábado 27/5. Por si esto fuera poco, en la misma publicación se contenía la lista de juzgados “agraciados” con la fortuna de una decisión que se eleva a la categoría de distinción si tenemos en cuenta que la selección de los mismos ha estado directamente relacionada con las cifras estadísticas que arrojaban el mejor nivel de pendencia y resolución de asuntos (al margen de alguna excepcional adscripción voluntaria). En suma, se ha premiado a los mejores desde el punto de vista puramente estadístico, con la recompensa de la especialización no solicitada, de la incertidumbre que representa el desconocimiento del incremento de actividad que ello va a suponer, de la ausencia de medios para afrontar este desafío, de la falta de criterio y falta de proporcionalidad en la selección numérica de los órganos competentes, de la oposición de diversos sectores profesionales directamente implicados, víctimas y no beneficiarios de la decisión adoptada, de la ausencia de compromiso por parte de Ministerio de Justicia y CCAA con competencias transferidas en la aportación de los medios necesarios para apoyar y garantizar el éxito de una iniciativa adoptada en soledad y por supuesto con la indignación, resignación y desmoralización de los compañeros jueces y magistrados afectados.

En definitiva, un despropósito, una auténtica chapuza imputable en exclusiva a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial que nuevamente ha perdido la oportunidad de llevar a cabo una gestión positiva, útil, eficaz y sobre todo favorable al ciudadano y más concretamente al consumidor… en suma de algo tan simple y poco ambicioso como es hacer las cosas bien, con previsión y consenso, aunando voluntades y esfuerzos, acordando y no imponiendo, sumando beneficios y no perjuicios.

Es difícil concebir cómo puede caerse de una manera tan burda y evidente en la precipitación decisoria y en la imprevisión del resultado, de la misma manera que es difícil asistir a una actuación de un órgano de gobierno, en este caso del Poder Judicial nada menos, que concite en su contra la opinión unánime de los sectores afectados, es decir de Magistrados, Abogados, Letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, Jueces Decanos e incluso Salas de Gobierno y CCAA con competencias asumidas en materia de justicia.

De lo precipitado de la decisión vayan algunos ejemplos ilustrativos por delante:

1º) publicación en el diario La Vanguardia de 13 jun (EFE).- “La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) ha anunciado hoy la convocatoria de paros ante la precariedad y falta de medios con la que cuentan los juzgados especializados en cláusulas suelo, habilitados el pasado 1 de junio … Al respecto, califican de “desoladora y demoledora” la especialización de estos juzgados, actualmente en un “colapso alarmante”, y consideran que el Ministerio de Justicia ha impuesto a sus funcionarios asumir carga adicional a “coste cero o denigrantemente retribuida”.

2º) Publicación en El País de 2/6: Los 54 juzgados especializados en tramitar las demandas de las cláusulas suelo de las hipotecas se estrenaron ayer ante el desconcierto de los funcionarios por la descoordinación, la falta de personal y, en general, la ausencia de información. La justicia está preocupada ante el riesgo de colapso por la previsible avalancha de demandas sobre las cláusulas suelo. Las cuatro asociaciones judiciales, los colegios de abogados y procuradores, los letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios suscribieron un manifiesto contra el plan del Poder Judicial de centralizar en un juzgado de primera instancia por provincia las reclamaciones por estas cláusulas hipotecarias. “Este plan está abocado al fracaso”, señalan las asociaciones en un comunicado conjunto.

3º) Sin ningún voto en contra…el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), …ha aprobado por unanimidad rechazar el plan consensuado entre CGPJ y Ministerio de Justicia de concentrar la avalancha de demandas hipotecarias que se avecinan en juzgados de algunas capitales de provincia.

Sin embargo y al margen de la unánime contestación expuesta, lo que eleva a la categoría de desvarío y error manifiesto la especialización judicial comentada, se explica con datos muy sencillos pero a la vez enormemente elocuentes: Resulta que en toda la Comunidad de Madrid se especializa un solo Juzgado (miles de pleitos, háganse la idea) mientras que en Baleares son cuatro y de ellos dos en la isla de Menorca, dos en la provincia de Las Palmas y uno por provincia en Comunidades pluriprovinciales. Pero vamos a ser más incisivos y también más claros: en los 15 primeros días de funcionamiento de los Juzgados especializados, en Madrid han entrado 1.108 demandas de contratos hipotecarios que antes se distribuían entre las decenas de juzgados de la capital y del resto de la Comunidad, en Bilbao 220 (440 al mes, unas 5.000 al año a este ritmo), en Zaragoza 220… y la lista es muy larga. Consecuencia: juzgados colapsados e incapaces de resolver en tiempos razonables.

En definitiva, es fácil prever que la especialización, es decir la concentración en un solo juzgado del conocimiento de una materia determinada, sin aportar los medios imprescindibles para que ello no suponga una carga insoportable, va a provocar una mayor lentitud en la gestión y resolución de todo lo relativo a cláusulas hipotecarias con consumidor persona física. Las entidades bancarias salen ganando con una dilación considerable en las previsibles condenas, los consumidores perdiendo, la Justicia (con mayúsculas) nuevamente herida y denostada ante la opinión pública y nosotros, profesionales de la Justicia, desarmados y abatidos porque esto, esto no es justo.

 

COMITÉ NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS FRANCISCO DE VITORIA.

En Madrid a 20 de junio de 2017.

Descargar (pdf) Comunicado sobre Clausulas hipotecarias