COMUNICADO AJFV EN RELACIÓN CON EL CASO DE LA SRA. RIVAS

Es desmoralizante para quienes constitucionalmente tenemos la obligación de hacer cumplir la Ley y proteger los Derechos y Libertades de los ciudadanos, volver de nuevo, como ha sucedido en otras ocasiones, a exigir respeto a quienes precisamente aprueban las Leyes y ratifican los Convenios, a exigir respeto frente a quienes desempeñan puestos de responsabilidad política.

Los Jueces, día a día –y no precisamente en las mejores condiciones–, resolvemos múltiples casos en los que existen conflictos personales y sentimientos humanos. No somos, ni mucho menos, ajenos a los mismos, al contrario, pero debemos hacerlo no de manera arbitraria, particular o interesada, sino a través de las herramientas de un Estado de Derecho. Nosotros no aprobamos las Leyes ni ratificamos los Tratados, pero, una vez que las normas forman parte del Ordenamiento, es nuestro deber hacerlas cumplir de acuerdo a su tenor y conforme a interpretaciones jurídicas acordes a un estado democrático. Respetamos las críticas razonables y proporcionadas, por supuesto. Afortunadamente vivimos en un país donde existen garantías y recursos para poder combatir aquellas Resoluciones judiciales que se entiendan “incorrectas”. Ahora bien, lo que no comprendemos es que aquellos que precisamente nos dan esas “herramientas”, aquellos que deben velar por el correcto funcionamiento de un Estado de Derecho, siembren dudas sobre las actuaciones judiciales.

Desde la Asociación Francisco de Vitoria, mostramos nuestro apoyo a la Juez y los Magistrados de Granada, que, con sus fundadas resoluciones acordes a la legalidad, contribuyen a la protección de los derechos y garantías de todos. Asimismo, volvemos a echar en falta una muestra de apoyo por parte del órgano a quien le corresponde hacerlo: el Consejo General del Poder Judicial.

Comité Nacional

Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria

14 de agosto de 2017