Ante el anuncio efectuado en rueda de prensa ofrecida en el día de hoy por la Consejería de la Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias de su decisión, ya desde hace semanas no disimuladamente explicitada, de ubicar la futura sede judicial de esta ciudad y su provincia en un solar sito en El Sobradillo, desde esta Sección Territorial de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, con el evidente respeto institucional pero con la mayor firmeza, se expresa:

1.- El más absoluto malestar por la actitud demostrada desde dicha Consejería frente a las solicitudes escritas dirigidas al Sr. Consejero tanto por el Decano del Colegio de Abogados como por esta misma Asociación y a las gestiones directas efectuadas hoy mismo con el Sr. Director General y el propio Sr. Consejero, al haber hecho caso omiso a la petición de paralización del proceso decisorio; máxime cuando eran perfectamente conocedores de que los diferentes operadores jurídicos habían comenzado a convocar a sus integrantes a fin de posicionarse sobre esta cuestión ante la inusitada e injustificada rapidez con la que se pretendía dar carpetazo a esta cuestión tan trascendental (nada menos que la ubicación de la sede judicial en las próximas décadas).

De hecho, el Colegio de Abogados convocó a sus colegiados ayer 22 de marzo y en igual fecha se reunió la Junta de Fiscales de Santa Cruz de Tenerife, con unánime rechazo en ambos casos a la opción de El Sobradillo, constando a la Consejería que igualmente había sido ya rechazado por las Juntas de Jueces del partido judicial de Santa Cruz de Tenerife y de la Audiencia Provincial. Esta misma Sección Territorial se posicionó también en ese mismo sentido en su reunión del pasado martes 21 de marzo. En todos los casos, no por mera inercia conservadora frente ante un simple cambio de ubicación, como se ha llegado a deslizar interesadamente, sino con argumentos de peso que parecen no interesar a quien debe tomar tan importante decisión, y que merecen al menos una discusión entre todas las partes interesadas.

También el Colegio de Procuradores tiene convocada junta general para la próxima semana, como igualmente ocurre con los representantes sindicales.

Tras más de una década de olvido y absoluta falta de iniciativa real por parte de la Consejería de la Presidencia, Justicia y Seguridad, sin que el actual Sr. Consejero haya efectuado visita oficial alguna a la sede judicial de Santa Cruz de Tenerife (sus dos antecesores lo hicieron cada uno en una ocasión en sus respectivos mandatos, coincidiendo con el inicio del mismo), no parece razonable hacer caso omiso a las peticiones de audiencia e información real y completa, así como a las de un debate sereno y fundado, efectuadas por colectivos con los que, por razón de su cargo y competencias, no solo está necesariamente llamado a relacionarse, sino que son los que mejor conocen las necesidades y particularidades que debe reunir el lugar destinado a ser su futura sede.

2.- Llama la atención el protagonismo que ha cobrado el Ayuntamiento de esta ciudad en una decisión que excede de sus competencias, pues ninguna tiene en materia de Justicia, por más que su opinión no deje de ser tan importante como la del resto de colectivos afectados. Protagonismo que ha llegado hasta el punto de que la rueda de prensa se ha desarrollado en la propia sede municipal, a la que se ha desplazado el Sr. Consejero, lo cual no deja de ser significativo, y sin presencia alguna de los operadores jurídicos afectados, lo que da muestra de la soledad de la decisión y de su carácter claramente unilateral, dada la absoluta falta de consenso en la materia, pese a que se haya tratado de maquillar refiriendo la existencia de un previo proceso de consulta, que no ha sido tal, y que había un cierto consenso, que se ha demostrado inexistente.

3.- Dicha decisión, como todo acto de la Administración, requiere de un procedimiento previo, en el que se dé adecuada satisfacción a los principios de audiencia, información y transparencia, siendo evidente que su incumplimiento puede ser objeto del procedente control tanto en vía administrativa como jurisdiccional.

4.- Desde esta Sección Territorial, conforme a los principios, valores y objetivos profesionales que le son propios, se continuará desplegando toda la actividad necesaria para intentar reconducir la situación creada, colaborando con todos los colectivos judiciales (funcionarios, fiscales y letrados de la Administración de Justicia) y operadores jurídicos (abogados, procuradores y otros) afectados, así como promoviendo cuantas actuaciones procedan, interesando desde ahora que por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a través de su Presidente, se solicite la inmediata convocatoria de la Comisión Mixta Sala de Gobierno-Gobierno de Canarias, así como que por los integrantes de dicha Sala de Gobierno se debata y alcance un posicionamiento claro en esta materia.

En Santa Cruz de Tenerife, a 23 de marzo de 2017.

Descargar (doc) Comunicado ante rueda prensa ubicación nueva sede judicial 23-03-17