COMUNICADO SOBRE INDEPENDENCIA JUDICIAL Y POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA

Ante la difusión en varios medios de comunicación escrita de reconocida solvencia del contenido de determinadas conversaciones mantenidas entre el ex Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Ignacio González, y el ex Ministro del Gobierno de España, Eduardo Zaplana, que han visto la luz en el marco de la denominada Operación Lezo, actualmente judicializada en la Audiencia Nacional, el Comité Nacional de la ASOCIACIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS FRANCISCO DE VITORIA considera conveniente realizar las siguientes consideraciones:

1º) Las alusiones a advertencias sobre la existencia de una investigación de actividades presuntamente delictivas, al parecer efectuadas por parte de una persona perteneciente a la Carrera Judicial a quienes pueden verse implicados en las mismas, nos provocan indignación, vergüenza y un total rechazo, considerando que se trata de un proceder intolerable por parte de un servidor público perteneciente a un poder del Estado.

El proceder que en tales conversaciones se describe ha de considerarse totalmente excepcional y es objeto de  nuestra más contundente reprobación. Los Jueces y Magistrados que formamos parte de la Judicatura española, con gran esfuerzo, escasos medios, y plena sujeción a la Ley y a los principios éticos que inspiran el ejercicio de nuestra profesión, luchamos día a día por ofrecer al ciudadano un decente servicio público de la Administración de Justicia y por dotar a la sociedad de la seguridad jurídica que merece a través de un ejercicio profesional independiente.

2º) El inaceptable contenido de las conversaciones sobre los “tejemanejes” para la colocación de personas afines a quienes se arrogan la potestad de manejar los hilos de tales nombramientos, con la consiguiente capacidad de influir en importantes investigaciones policiales y judiciales, o de adoptar resoluciones relevantes sobre las mismas, revela una vez más los defectos de un sistema que favorece la politización de la justicia y que puede comprometer la independencia que los Jueces y Magistrados de España nos vemos obligados a defender con ahínco día a día.

No podemos olvidar que el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, manifestó de forma pública hace escasas fechas que una de las causas de la politización de la justicia radicaba en la existencia de una pluralidad de Asociaciones Profesionales en la Judicatura. Desconocemos si a la luz del contenido de estas conversaciones difundidas por los medios se atreverá a seguir manteniendo la misma opinión.

En cualquier caso, la Asociación Francisco de Vitoria, a la que representamos, ha venido defendiendo sin descanso desde el inicio de su actividad que la elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial se realice por los propios Jueces y Magistrados, limitando así la capacidad de los partidos políticos de situar en tales cargos, o en aquellos cuyo nombramiento es potestad del Consejo General, a personas que ellos mismos definen como afines en sus conversaciones privadas.

Lejos de ello, las últimas reformas legales condujeron a un modelo de Consejo General del Poder Judicial que, además de mantener la elección de todos sus miembros por las fuerzas políticas, consagró un sistema de organización presidencialista que permite limitar extraordinariamente las opiniones discordantes de los vocales. Consideramos que debe ponerse fin a esta situación lo antes posible, y que la totalidad de la clase política, bien por acción, bien por omisión, es responsable de esta situación.

3º) Por último, no podemos olvidar las recientes manifestaciones del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunciando el propósito del Ministerio de Justicia de reformar la Ley Procesal Penal española con la atribución en exclusiva de las competencias para la instrucción de las causas penales a los Fiscales. Pues bien, el contenido de las conversaciones a las que venimos aludiendo, sumado a otras noticias recientes sobre causas con implicaciones para personas relevantes de la vida política española, nos genera una intensa preocupación.

Sin dudar del correcto desempeño de sus funciones por parte de los Fiscales españoles, con una sujeción a la Ley y a los principios éticos equiparable a la anteriormente manifestada respecto de los Jueces y Magistrados, no puede obviarse la existencia de una dependencia jerárquica, como principio del Estatuto del Ministerio Fiscal, que limita considerablemente la capacidad de un Fiscal para defender una actuación independiente en comparación con un Juez de Instrucción. Si, tal y como se indica en las conversaciones difundidas por la prensa, el poder Ejecutivo efectúa nombramientos para determinadas Jefaturas de la Fiscalía basándose en razones ajenas a los principios de mérito y capacidad, y tales Jefes tuvieran la capacidad de condicionar el desarrollo de las instrucciones de todas las causas penales, cabría el racional temor a que se produjesen situaciones de impunidad inaceptables en un Estado democrático del ámbito europeo que dice luchar contra la corrupción.

Tan reveladoras conversaciones nos reafirman en la consideración de que no puede afrontarse bajo ningún concepto una reforma procesal que entregue la instrucción de las causas penales de forma exclusiva a los Fiscales en las actuales condiciones de dependencia del Ministerio Fiscal respecto del poder Ejecutivo, que no garantiza de forma plena la independencia del mismo.

En Madrid a 24 de abril de 2017.

EL COMITÉ DE COORDINACIÓN NACIONAL.

Descargar (pdf) COMUNICADO POLITIZACION.24.04.17