Comunicado de las asociaciones judiciales en la apertura del Año Judicial 2017/2018

En el día de la fecha, 5 de septiembre de 2017, se celebra en Madrid, en la sede del Tribunal Supremo, el acto solemne de apertura del año judicial en este ejercicio 2017-18. Las Asociaciones Judiciales estamos invitadas al mismo.

Nuestras obligaciones como miembros de la Carrera Judicial, la lealtad con las instituciones democráticas del Estado, la necesaria cortesía con ellas, nuestro compromiso diario con los derechos y libertades de los ciudadanos así como con las obligaciones del servicio público y nuestra voluntad cooperativa con los órganos constitucionales del Estado, nos obligan a asistir, cumpliendo estrictamente con dichos compromisos.

No obstante, no queremos dejar pasar la ocasión sin denunciar públicamente, una vez más, y más allá de los complacientes discursos, tan al uso en estas ocasiones, que la situación de la Justicia, del Poder Judicial y de sus integrantes, dista mucho de la autocomplacencia, del huero discurso institucional y de la vanagloria.

Antes al contrario, como representantes asociativos de la Carrera Judicial, integrados en la Comisión Interasociativa Permanente, queremos denunciar nuestra frustración generalizada por la situación de la Justicia, que nos ha llevado, tanto colectivamente, a través de las Asociaciones, Juntas de Jueces y reuniones formales de Tribunales colegiados, como individualmente, a expresar de forma pública nuestro descontento y a facilitar al Ministerio, al CGPJ y a los Grupos Parlamentarios, un listado de propuestas de mejora tendentes a lograr un servicio público ágil, eficaz y de calidad, y unas reivindicaciones profesionales y de servicio público que permitan el desarrollo de nuestra labor en condiciones dignas, al que expresamente nos remitimos en esta ocasión.

Seguimos reclamando una reforma en profundidad del CGPJ fuera de los perfiles presidencialistas que la reforma Gallardón le confirió, con elección real de Vocales judiciales por los representados. Mayor transparencia, objetividad y consenso en el nombramiento de cargos de designación discrecional, el incremento de plazas judiciales con el fin de que España se equipare a la media de jueces de los países de nuestro entorno, un compromiso decidido por la digitalización y modernización de la planta y los edificios judiciales y una actuación sin fisuras por parte del CGPJ protegiendo la independencia de Jueces y Magistrados fuera de la política de constante inhibición mostrada en su mandato ante los ataques recibidos en el ejercicio ordinario de nuestras funciones judiciales.

Hasta ahora, los mandatos del actual CGPJ y de su presidente y del Sr. Ministro no han dado paso alguno en esta dirección, a pesar de que las propuestas y reivindicaciones son históricas, no vienen de la toma de posesión de éstos, pero la actuación de los mismos ha motivado medidas de conflicto públicas y ante los Tribunales. Todo un camino perdido.

Como integrantes del Poder Judicial hemos jurado guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, lo que ineludiblemente conlleva la preservación del Estado democrático de Derecho que, sin embargo, no existiría si desapareciera o se mermara la independencia del Poder Judicial, uno de los tres poderes de dicho Estado. Tal independencia ha sido reiteradamente presentada como un privilegio de jueces y magistrados en un mal disimulado intento de denostar su función y menoscabar la legitimidad de sus reivindicaciones. La realidad es que la independencia del Poder Judicial es una garantía de los ciudadanos, una medida tendente a asegurar que, efectivamente, todos sean iguales ante la ley y que jueces y magistrados no puedan ser manipulados en la importante y difícil función de hacer justicia.

El sistema actual de nombramientos de la cúpula judicial, cuyas resoluciones habrán de ser acatadas por el resto de los integrantes del Poder Judicial, incide directamente en dicha independencia y, por tanto, puede menoscabar los cimientos mismos del Estado de Derecho.

Es por ello que consideramos que no sólo tenemos el derecho de ejercer todas las acciones legales a nuestro alcance para defender lo que no son sino condiciones mínimas para desempeñar dignamente nuestra función, sino que es nuestra responsabilidad y, por tanto, nuestra obligación, adoptar las medidas de presión que sean necesarias para lograr que se restablezca plenamente la independencia del Poder Judicial.

Aunque la experiencia nos enseña a ser escépticos, no queremos dejar pasar esta oportunidad para reiterar nuestra denuncia, en la confianza de que, esta vez sí se nos escuche y las promesas sean realidad. La Carrera está unida en los objetivos. En caso de que dichas promesas se incumplan, utilizaremos el esfuerzo necesario y todos los medios a nuestro alcance para conseguir lo que entendemos beneficioso para toda la Sociedad.

 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA (APM)

ASOCIACIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS FRANCISCO DE VITORIA (AJFV)

JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA (JJpD)

FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE (FJI)

 

Descargar (doc) COMUNICADO CIP APERTURA AÑO JUDICIAL

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