En el día de hoy, las secciones territoriales de Madrid de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) hemos tenido conocimiento de que, desde que el 1 de junio de 2017 se creara el Juzgado de Primera Instancia nº 101 bis de Madrid, para el conocimiento de juicios declarativos relacionados con condiciones generales de la contratación en préstamos hipotecarios con personas físicas, hasta el pasado lunes 24 de julio de 2017, han tenido entrada 8.091 demandas, lo que supone la presentación de más de 300 demandas diarias en las últimas semanas. Esto supone que, en menos de dos meses, este juzgado ha recibido cinco veces más de lo que un juzgado de primera instancia cualquiera recibe en todo un año.

Nos preocupa profundamente, en primer lugar, la falta de diligencia en la gestión de este tema por parte del Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros demuestran con esta medida no tener experiencia en la manera en la que funciona un juzgado en este país, pese a constituir el órgano de gobierno del Poder Judicial. Madrid no es una provincia cualquiera. Es la Capital de España y alberga una población de 6.467.000 habitantes, dos veces y medio más que Valencia, por ejemplo, la tercera provincia más habitada de España. El fuero competencial del artículo 50 LEC permite a las personas físicas demandar a las entidades financieras en la sede social, que suele estar en Madrid, por lo que los juzgados de nuestra capital absorben asuntos que pertenecen a otras regiones de España. Estas circunstancias, notorias y conocidas por todos, parecen ser ignoradas por el CGPJ, que ha decidido destinar un único juzgado provincial al conocimiento de nada más y nada menos que 8.091 demandas en menos de dos meses, dando el mismo tratamiento a Madrid que a Almería, por ejemplo, con 704.297 habitantes y un único juzgado, solo que con nueve veces menos población. La gestión desarrollada por nuestro máximo órgano de gobierno es un indicio fundado, claro y evidente de la desafección del CGPJ con la Carrera Judicial y con los ciudadanos, cuyos derechos de acceso a la Justicia presumen defender pero que, con esta medida, han vulnerado. Resulta paradójico que se creen juzgados “especializados” con un propósito de agilización, cuando por el volumen de demandas previsibles era más que evidente que se iba a producir el efecto contrario. Quizá era eso justo lo que se pretendía, como todos los colectivos profesionales de la Justicia vienen denunciando en todos los medios. No en balde, la Junta de Jueces de Madrid, hasta en dos ocasiones, se opuso a la creación de un juzgado “especializado” y pidió refuerzos para los existentes, a cuyas demandas se hizo caso omiso.

Nos preocupan los ciudadanos madrileños que, además de sufrir a diario una de las administraciones de justicia más maltratadas de España (si no la más maltratada) al verse obligados a dirimir sus conflictos jurisdiccionales en Juzgados insuficientes en número, sin medios, dispersos y en la ruina, ven vulnerado el derecho a la igualdad de acceso a la Justicia en relación con el resto de ciudadanos españoles, puesto que se ven forzados a demandar a las entidades financieras en un juzgado que ha nacido hundido. Esto significa que los madrileños no obtendrán la tutela judicial que la Constitución les reconoce o la obtendrán en peores condiciones que el resto de españoles.

Finalmente, nos preocupa la salud de las dos juezas destinadas en el Juzgado nº 101 bis, aún en proceso de evaluación, que inician su andadura profesional inundadas por los procedimientos, lo que vulnera el más básico concepto de “carga de trabajo saludable y asumible”. También nos preocupa la salud de los dos Letrados de la Administración de Justicia que tienen que dirigir la tramitación de las más de 8.000 demandas presentadas hasta la fecha, en un esfuerzo titánico que, sin duda, afectará a su salud, al igual que a la salud de los diez funcionarios destinados a la tramitación de los expedientes.

Por todo ello, instamos al Consejo General del Poder Judicial a adoptar urgentemente cuantas medidas sean necesarias para solventar esta situación insostenible que, lejos de solucionar algo a los ciudadanos, ha creado un problema que, hasta el 31 de mayo de 2017, era inexistente. Las Asociaciones Judiciales de Madrid se remiten a las Actas de las Juntas de Jueces celebradas al respecto, en las que se proponían soluciones que, en todo caso, pasan por una inversión económica en medios personales y materiales que no parece que ni el Consejo General del Poder Judicial ni las demás administraciones concernidas estén dispuestos a asumir. En concreto, el reparto conforme a las normas procesales establecidas, si bien con medidas de refuerzo que impidan sobrecargar los ya colapsados Juzgados de Primera Instancia de la región.

 

En Madrid, a 27 de julio de 2017.

 Asociación Profesional de la Magistratura (APM)

Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV)

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD)

Foro Judicial Independiente (FJI)

Descargar (doc) Comunicado juzgado clausulas suelo