El Consejo del Poder Judicial instará a Puigdemont a “abstenerse de perturbar” la independencia de Llarena

  • La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces debate este jueves la solicitud de amparo del magistrado del Supremo.
  • Llarena pide amparo por el “ataque planificado, grosero y fraudulento” de la demanda en Bélgica.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial tiene previsto debatir este jueves una propuesta de acuerdo elaborada por los órganos técnicos en relación a la solicitud de amparo realizada por el juez del Tribunal Supremo Pablo LLarena.

El instructor de la causa por rebelión en la que se encuentran procesados Carles Puigdemont y sus exconsejeros estima que la demanda civil que el expresidente catalán ha interpuesto contra él en Bélgica es “un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrollo mi labor” porque “se pretende que sea un tribunal belga el que examine la corrección” de la instrucción.

Una eventual condena a Llarena declararía la lesión del derecho al honor de los procesados por la investigación de los presuntos delitos que han cometido, “con las consecuencias económicas derivadas de esa declaración: un euro por cada uno de los demandantes, más las costas del proceso”, señala el magistrado.

La propuesta de los letrados del CGPJ, conocida por EL ESPAÑOL, considera procedente otorgar el amparo a Llarena “frente a las actuaciones desarrolladas por Maria Meritxell Serret Aleu, Antoni Comin Oliveres, Carles Puigdemont Casamajó, Clara Ponsatí Obiols y LLuis Puig Gordi, instando de los mismos el cese o la abstención en el futuro, de cualquier acto que perturbe el ejercicio independiente de la función jurisdiccional del magistrado”.

Los servicios técnicos proponen a la Comisión Permanente que se proceda a adoptar “todas las medidas necesarias” -que no especifican- “para asegurar las condiciones propias de dicho marco de independencia y seguridad, incluidas las medidas relativas a la integridad económica que proporciona la Ley Orgánica del Poder Judicial, adoptando al respecto las medidas alternativas que resulten jurídicamente viables y adecuadas”.

Finalmente, mencionan la Ley de Asistencia Jurídica del Estado y proponen poner el acuerdo en conocimiento del ministro de Asuntos Exteriores y de la ministra de Justicia, “a los efectos de que adopten las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica”.

Amparo “real y efectivo”

Las asociaciones judiciales consideran oportuno el amparo del magistrado del Tribunal Supremo y reclaman al órgano de gobierno de los jueces que, más allá del contenido declarativo del acuerdo, las medidas sean “reales y efectivas”.

La Ley Orgánica del Poder Judicial prevé que los jueces que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pongan en conocimiento del Consejo, pero el contenido del amparo resulta habitualmente frustrante porque suele limitarse a una declaración de la institución en la que expresa el respaldo al afectado y reclama el cese de la perturbación, sin ningún tipo de consecuencia para el responsable de la perturbación.

“Una de nuestras reivindicaciones es que la defensa de la independencia judicial sea efectiva”, recuerda Ignacio González Vega, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, que señala que el caso de Llarena presenta, además, la peculiaridad de ser novedoso: no hay antecedentes de que un procesado haya demandado ante la jurisdicción de otro país al juez que le ha investigado.

“Es una situación inexplicable y extraña. Pero, visto lo que ha ocurrido con las euroórdenes, todo es posible”, advierte González Vega. Considera, por ello, que el CGPJ, aparte de instar la defensa del magistrado por parte de los servicios jurídicos del Estado, “podría llevar el asunto al seno de la Red Europea de Consejos de Justicia para que este órgano se pronuncie en defensa de la integridad jurisdiccional y funcional de los jueces”.

Raimundo Prado, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, considera que, con independencia del amparo, habría que adoptar medidas legislativas supranacionales para evitar el “absurdo” de que “cualquier juez de otro país pueda inmiscuirse en la jurisdicción del Poder Judicial de otro Estado”.

“Algo falla si un juez de otro país de la Unión Europea cree que puede aceptar una demanda como la interpuesta contra Pablo Llarena”, afirma Prado.

Fuente: elespanol.com