Un convenio oficial obliga al Gobierno a defender a Llarena en Bélgica

Carmen Calvo justificó el viernes que el Ejecutivo no puede defender a un juez y menos de 48 horas después se inclina por hacerlo. Un acuerdo de 2010 establece la defensa de jueces.

La justificación del Gobierno para no defender al juez Pablo Llarena no ha sobrevivido ni siquiera el fin de semana. La vicepresidenta, Carmen Calvo, argumentó el viernes que el Ejecutivo no puede defender a miembros del Poder Judicial, pero un convenio firmado en 2010 entre el Ministerio de Justicia y el propio Poder Judicial establece lo contrario. El acuerdo sigue vigente y “articula la colaboración entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial con el fin de que los jueces y magistrados integrantes de la Carrera Judicial puedan encomendar su representación y defensa en juicio ante cualquier orden jurisdiccional a los Abogados del Estado”. Menos de 48 horas después, el Ejecutivo de Sánchez ha iniciado una maniobra de rectificación.

Tras el Consejo de Ministros que decretó la exhumación de Franco, Carmen Calvo fue preguntada sobre el cambio de criterio de Justicia que en el último momento y, contra los informes de la Abogacía del Estado, decidió no pagar el abogado de Llarena en Bélgica. El magistrado ha recibido una demanda civil en Bruselas por Puigdemont y otros de los exconsejeros fugados por declaraciones que ha realizado y que, según estos, menoscaban su honor. Justicia precisó que se personaría en defensa del Estado y su inmunidad juridiccional pero dejó fuera las manifestaciones públicas del juez.

Este domingo, en un confuso comunicado de prensa, se ha empezado el viraje del criterio. En la nota se asegura que se han iniciado ya los trámites para contratar a un abogado en Bélgica “en los términos trasladados por el Poder Judicial” que exigió que se garantizara económicamente la defensa del juez. Pese a ello, portavoces de Moncloa y del Ministerio de Justicia consultados por este diario para que aclararan el contenido aseguraron que la postura del Ejecutivo no ha variado y que la representación letrada que se persone en Bruselas no argumentará sobre las afirmaciones del magistrado ante los medios. No obstante, fuentes del Gobierno aseguran lo contrario: se defenderá a Llarena en toda la extensión de la demanda, sin distinguir su instrucción de sus declaraciones.

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La justificación oficial del Gobierno para denegarle en un inicio el pago del abogado es que es un asunto del Poder Judicial, independiente del Ejecutivo y que respetando la separación de poderes no se puede inmiscuir, se ha venido abajo. Calvo, doctora en Derecho Constitucional, afirmó en la rueda de prensa con aplomo: “Cualquier juez o jueza de nuestro país tiene que recibir el amparo legal y el amparo establecido en el ámbito su propio poder, que es el Poder Judicial. Al poder Ejecutivo no le corresponde esa función, le corresponde a su propio poder, que es distinto”. Calvo justificó así que Justicia solo vaya a personarse para defender la jurisdicción española -algo que es dudoso que pueda hacer porque no está demandada-. “La protección de cualquier miembro del poder judicial le corresponde a su poder, al poder judicial, siendo como somos poderes distintos e independientes”, insistió. Y el Gobierno insiste en que esa es la postura oficial del Gobierno, que no hay cambios.

En cuanto el argumento salió de la sala de prensa de Moncloa se demostró que le fallaban los cimientos. La Abogacía del Estado, del Ministerio de Justicia, sí que defiende a jueces. Y no es algo improvisado. El 13 de mayo de 2010, el socialista Francisco Caamaño, entonces ministro de Justicia, y Carlos Dívar, entonces presidente del Poder Judicial, firmaron el ‘Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para la representación y defensa en juicio de los miembros de la carrera judicial por el servicio jurídico del Estado”.

El acuerdo fijó que “los jueces puedan encomendar su representación y defensa en juicio ante cualquier orden jurisdiccional a los Abogados del Estado”.

Una persona que conoce cómo se gestó cuenta el origen: “El Poder Judicial tenía un seguro pero Dívar se acercó a la Abogacía y lo acordaron. Hay acuerdos similares con muchos organismos”. El convenio, de siete páginas y que establece que seguirá vigente hasta que una parte renuncie a él, establece que los jueces, como el resto de funcionarios, pueden pedir que les defienda la Abogacía del Estado. Así lo ha hecho la Abogacía en varios casos, como los del juez Luis Acayro, de Castro Urdiales o Manuel Jaén, de Marbella. “Sin duda, el régimen de responsabilidad civil y penal al que están sujetos los miembros de la Judicatura, regulado en los artículos 405 a 413 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aconseja facilitar a este relevante colectivo el derecho a ser asistidos jurídicamente por los Abogados del ente al que sirven”, señala el documento, al que ha tenido acceso este diario.

Es significativo que el convenio no establece ningún pago a la Abogacía, como sí lo establecen otros en los que el servicio jurídico del Estado pasa a defender empresas públicas, por ejemplo. Y no lo hace porque se considera que los jueces, como cualquier funcionario, tienen derecho a solicitar que un abogado del Estado les defienda cuando alguien les acuse por algo relacionado con su tarea. “El presente convenio tiene por objeto articular la colaboración entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial con el fin de que los jueces y magistrados integrantes de la Carrera Judicial puedan encomendar su representación y defensa en juicio ante cualquier orden jurisdiccional a los Abogados del Estado, en los supuestos en que se dirija contra ellos alguna acción como consecuencia del legítimo desempeño de sus funciones o cargos”.

Cuando un funcionario se ve acusado por algo relacionado con su desempeño en la Administración puede pedir que le defienda la Abogacía. Esta valora y si no ve base en la acusación, asume la defensa. Así, defiende ahora mismo a los funcionarios que aprobaron el almacén de gas Castor frente a la Fiscalía. En otros casos, como el del Puerto del Musel, donde también hay funcionarios investigados, es acusación. La Abogacía no solo defiende a algunos jueces sino que su departamento en el Supremo defiende al Poder Judicial en los numerosos recursos que recibe contra, por ejemplo, nombramientos.

El argumento del Gobierno es que no puede actuar: “La protección de cualquier miembro del poder judicial le correponde a su poder, al poder judicial”.

El Poder Judicial pidió al Gobierno que defendiera a Llarena y la Abogacía emitió dos informes que apoyaban esta pretensión. Consideraba que las manifestaciones del juez -en las que negaba en una conferencia que en España hubiera presos políticos- sí son por su tarea como magistrado,porque entre otras cosas así lo anuncia antes de empezar la conferencia. Ahora Moncloa, y no Justicia, inicia la rectificación.

Como el pleito civil será en Bélgica, la Abogacía no puede ejercer ahí y la opción sería que el Estado contratase un abogado de ese país, como ha hecho en otras ocasiones. “El convenio no prevé que haya contratación de abogados en el exterior, porque es infrecuente, pero tampoco lo excluye y se ha hecho otras veces”; explica una fuente conocedora de la Abogacía. Exteriores tiene un listado con los bufetes que puede contratar por país y el procedimiento está establecido. España ya ha contratado abogados fuera para defender, por ejemplo, a un guardia civil acusado en Guatemala.

Consuelo Castro, en su toma de posesión como abogada general del Estado. (EFE)
Consuelo Castro, en su toma de posesión como abogada general del Estado.

La abogada general del Estado, Consuelo Castro, intentó en una tensa reunión con la ministra Dolores Delgado, fiscal de carrera, que el Estado pagase la defensa de Llarena y para ello aportó los dos informes de la Abogacía. Pero Justicia ha contradicho el criterio de su propio servicio jurídico. Un portavoz afirmó ayer que las manifestaciones de Llarena y la demanda no están relacionadas con ser magistrado, que el caso nada tiene que ver con ser el instructor del ‘procés’.

Sin embargo, la Abogacía concluyó lo contrario en un informe: “Esas declaraciones las realizaba en su calidad de instructor de la causa especial; y que, al igual que los otros hechos invocados, se vinculan directamente con su condición de persona que representa uno de los órganos del poder judicial español. Por lo tanto, no puede afirmarse que tales declaraciones públicas sean ajenas al legítimo desempeño de su función como magistrado del Tribunal Supremo”.

Justicia contradice a su propio servicio jurídico y mantiene que la demanda contra Llarena no tiene que ver con su labor como instructor del ‘procés’.

Fuentes jurídicas se preguntaban ante este incendio si a partir de ahora un funcionario acusado tendrá defensa o no según lo decida la ministra. El portavoz de Justicia afirmó que el ministerio no planea suspender el convenio de 2010, por lo que otros magistrados sí podrán solicitar que les defienda un abogado del Estado. En el pasado, ministros como Rafael Catalá tuvieron muy mala relación con las asociaciones de jueces y fiscales, pero es difícil encontrar un precedente de una desautorización de tal calibre a un abogado general del Estado.

Justicia se ha negado y la explicación de Calvo es la única que, de momento, ha ofrecido el Ejecutivo, a la espera de la entrevista que mañana concederá Dolores Delgado a RNE. Pero la oposición ha anunciado que forzará la comparecencia de la ministra de Justicia en el Congreso para dar explicaciones. Ciudadanos y PP han cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por dejar solo a Llarena. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, anunció que los populares impulsarán acciones de apoyo en la calle y en el Parlamento. Sostuvo que “Pedro Sánchez es el mejor abogado de Puigdemont contra el juez”.

La decisión no solo ha generado malestar en el entorno del magistrado sino que ha sublevado a la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales. Incluso la Unión Progresista de Fiscales, de la que procedía la ministra Dolores Delgado, emitió un comunicado en el que, sin llegar a pedir que el Estado defienda a Llarena, “resulta inasumible, así como improcedente, el intento de enjuiciar, ante órganos jurisdiccionales extranjeros, la actividad jurisdiccional desarrollada por un magistrado español en el pleno ejercicio de sus funciones”. Jueces por la Democracia fue detrás y más tarde y, en un fría nota, se limitó a apuntar este mismo domingo que la postura del Ministerio ha sido “correcta y ajustada a derecho”.

Fuente: elconfidencial.com