AULA “FRANCISCO DE VITORIA”

Jornada sobre “Salud Mental y su tratamiento en el Derecho penal español” (Madrid, 23 de Noviembre de 2017)

José Manuel Maza estuvo presente de principio a fin en la actividad de la sección penal del “Aula Francisco de Vitoria”, que tuvo lugar el 23 de los corrientes en el Salón de Actos de Plaza de Castilla. Tenía que haber inaugurado la sesión y haber intervenido él, un maestro y un referente en la materia a tratar. Si no estuvo físicamente, lo estuvo a través del recuerdo de todos y cada uno de los ponentes y asistentes al acto, que se convirtió en un tan sincero como sentido y justo homenaje a un servidor público de su altura y a un hombre de bien.

En esa atmósfera tristemente elegíaca, arrancó y se desarrolló la jornada jurídica. Transitamos desde el gran misterio del ser humano a otro interrogante que no le deja ni le puede dejar  indiferente. “Alienare” es palabra latina que significa etimológicamente “sacar fuera”; hace referencia a la pérdida de la personalidad propia, a la enfermedad mental en suma. El tratamiento penal de los enfermos mentales fue el tema. Un tema muy vitorino, si se me permite decirlo. Y no por lo que nuestros adversarios, rivales o enemigos, puedan pensar de nosotros. En la sensibilidad vitorina está y debe estar, por nuestra forma de entender la vida y la profesión, la preocupación por los más necesitados de la atención y el cuidado del Derecho.

Comencemos diciendo que la convocatoria fue ampliamente respondida. Medio centenar de asistentes no es una cifra desdeñable. Los actores tenían muy variada formación y procedencia y fue éste un primer acierto. Mérito en el haber de Patricia Santamaría, la seleccionadora de este equipo (curiosamente por el tema, “allienatora” sería el término italiano). Oímos aportaciones de muy distintas sensibilidades. Una, la universitaria del catedrático y magistrado Carlos Pérez del Valle, decano de la facultad de Derecho del CEU, interrogándose por la función orientadora de conductas del Derecho y por la del juez penal en concreto, en relación con la ubicación de la imputabilidad en la Teoría del Delito; y poniendo el foco en las consecuencias y en las medidas de seguridad a adoptar, más que en el análisis de sus causas. En terrenos bien distintos, complementarios todos, Carolina García Durrif, directora de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos, explicó de manera comprometida y cercana la función de este organismo, sus limitaciones y sus problemas con los enfermos implicados en causas penales. La fiscal Mónica González Sanz repasó, con entusiasmo que le honra, los problemas de su día a día con los estados agudos de los enfermos mentales, en la vía civil y en la vía penal, a la luz de la doctrina constitucional sobre los internamientos; y polemizó con nuestro querido Antonio Viejo sobre esta última cuestión, cosa más que fácil porque Antonio, quintaesencia del encaste vitorino, entra a todas las muletas. José María López, de la Fundación “Manantial” llevó a la mesa el perfil más humano de la cuestión y nos interpeló a todos (a nuestras conciencias) presentando, de rojo carne, la realidad de la criminalización y la estigmatización de la enfermedad mental. Gracia Rupérez, magistrada en vigilancia penitenciaria, aportó el enfoque de la ejecución de las penas en relación con la salud mental de los penados, deteniéndose en la problemática de las penas de trabajos en servicios a la comunidad. Luis Seguí es abogado, psicoanalista y argentino, lo que muchos pensarán ser una triple redundancia. Esta trinitaria intervención aportó matices freudianos al aroma del acto y dejó una celebrada alusión al enfrentamiento entre “batas blancas y togas negras” en el tratamiento del enfermo mental que delinque. Escuchó a Seguí y, lógicamente, le siguió la destacadísima y pasional intervención de la brillante forense Raquel Barrero, quien le dio réplica, y no precisamente psicoanalítica, reivindicando la figura del médico forense psiquiatra en el proceso penal y el valor probatorio de sus dictámenes, frente a los emitidos por otros profesionales que carecen de la formación específica, a la vez médica y legal, de los galenos forenses. Entre uno y otra había intervenido nuestro querido también Ángel Luis Ortiz, compañero de asociación y actualmente al frente de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid. Nos traspasó parte de su notable experiencia como juez de vigilancia penitenciaria y antes en el Defensor del Pueblo, proponiendo diversas reformas legislativas llenas de buen sentido.

Lugar aparte merecen los tres organizadores del acto. Comenzaré diciendo que odio a Javier Pérez por razones más que justificadas. Fuimos compañeros de facultad, de fútbol, de oposición y de Escuela Judicial. Era más listo, sacaba mejores notas y quedó en mejor puesto en el escalafón. Si algún día intenta consolarme diciendo que yo jugaba mejor (cosa cierta) creo que le asesinaré y alegaré un comprensible estado de enajenación. Pues bien, sobre este tipo de estados mentales versó su intervención. Javier criticó con rigor que las leyes procesales españolas continúen, a estas alturas, ajenas a una regulación específica de las medidas necesarias para el enfermo mental que llega en estado agudo al juzgado de guardia y que necesita de asistencia médica.  Con toda razón abominó de que la prisión preventiva sea la única medida posible, clamó por la regulación legal del internamiento cautelar psiquiátrico como medida cautelar propia de estos casos y por dejar en manos de la administración sanitaria el tratamiento de estos enfermos en fase de instrucción, del mismo modo que queda en manos de la administración penitenciaria en fase de ejecución de la pena.

Patricia Santamaría insistió en la tesis de Javier, desmenuzando la situación jurídica de la privación de libertad de los enfermos-investigados durante la fase de instrucción y la de los reos, luego de la sentencia condenatoria, hasta que la misma gana firmeza, a la luz de la doctrina constitucional. No pasó desapercibida la flor que el representante de la Asociación “Manantial” echó a las sentencias de Patricia, por su sensibilidad en la individualización de las medidas impuestas a los enfermos mentales y toxicómanos que son objeto de condena.

Manuel Jaen nos demostró una vez más que es un pozo de ciencia penal. Cuando habla de Welzel parece que viene de tomarse un café con él. Su intervención introductoria del problema, en términos de dogmática penal, fue antológica. Y su recuerdo para José Manuel Maza fue el más sentido y emotivo de la tarde.

Resumiendo. Que la sección penal del Aula FV es la que lleva la delantera. Actividad de altísimo nivel y un envite de fuste: enviar las conclusiones de la jornada al Defensor del Pueblo, para ver si se “reactiva” una añeja petición de la propia institución, nada menos que de 1991, de regular legalmente las medidas cautelares penales respecto de los enfermos mentales. Con toda seguridad, José Manuel Maza habría alentado esta iniciativa y se habría sentido muy satisfecho del resultado de la actividad. Sirva esta certeza de último y repetido homenaje a su recuerdo.

José Manuel Ruiz Fernández

Magistrado, Vocal del Comité Territorial de Madrid de la AJFV

Descargar (pdf) CONCLUSIONES AULA FRANCISCO DE VITORIA- TRATAMIENTO DE LA SALUD MENTAL EN EL PROCESO PENAL

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