Discurso de Jesús Barrientos, presidente del TSJ de Cataluña, al Premio Independencia Judicial 2017 AJFV

Premio a la independencia judicial “Federico Carlos Sáinz de Robles”

Otorgado a las juezas y jueces ejercientes en Cataluña

Alicante, 17 de noviembre de 2017.

Debo confesar que me siento hoy doblemente honrado y orgulloso, primero, porque la propuesta para recoger este premio se me hace como presidente del TSJ de Cataluña y se hace por la asociación a la que pertenezco; pero sobre todo porque me permite exteriorizar el inmenso orgullo que supone representar a las juezas y jueces catalanes, a los 772 jueces y magistrados titulares y 160 jueces sustitutos y magistrados suplentes ejercientes en cada uno de los 35 tribunales de justicia y 578 juzgados diseminados por los 49 partidos judiciales de toda Cataluña.

Ellos son los homenajeados en este acto. Ellos son quienes se han hecho acreedores del reconocimiento y, por qué no decirlo, también de la admiración de compañeros y compañeras ejercientes fuera de Cataluña (basta con aproximarse a los foros judiciales abiertos en la intranet del Consejo), así como de profesionales de los más diversos ámbitos, de una sociedad hipersensibilizada con la situación que hemos vivido, que estamos viviendo, en Cataluña y, por extensión, en España.

En realidad, nada excepcional concurre en los jueces y magistrados que ejercemos en Cataluña. Como integrantes del Poder Judicial español y miembros de un mismo Cuerpo o Carrera única, participamos de idénticas inquietudes, tenemos las mismas necesidades y preocupaciones, compartimos ilusiones y anhelos de mejora estatutaria coincidentes con las de todos los jueces españoles.

Si hoy estamos aquí reconociendo el mérito que concurre en los jueces catalanes no es porque sean distintos a los que resultan reconocibles en la actuación de esos mismos jueces ejercientes en otros territorios del mismo Estado. No. Todos somos jueces comprometidos activamente con la defensa de los valores constitucionales.

Lo que sucede es que en Cataluña esos valores constitucionales se han visto expuestos a unos riesgos extremos, promovidos y alentados precisamente desde las instituciones autonómicas, de las que cabría esperar su patrocinio y defensa activa. Lejos de ello, han desbordado todos los límites constitucionales y estatutarios con una legislación aparente y rompedora, en cuya aplicación han puesto una determinación que no ha reparado ni cedido a las decisiones, suspensivas o anulatorias, del Tribunal Constitucional, ni tampoco a las órdenes explícitas de prohibición emitidas por órganos de la jurisdicción ordinaria.

Y en ese contexto político y social de máxima tensión institucional, las juezas y jueces catalanes, que por momentos fueron percibidos como el único resorte de la legalidad constitucional (antes de llegar a la aplicación del art. 155 de la CE), han demostrado, cada uno desde su puesto y competencia jurisdiccional, que aceptaban ese rol y que en su actuación diaria se mantuvieron siempre a la altura de la grave responsabilidad que la sociedad demandaba de ellos.

La Sala de Gobierno que presido ha sido durante estos meses críticos un magnífico observatorio de verificación del cumplimiento de ese papel de garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos y del único sometimiento de todos, también de las instituciones, a la legalidad constitucional.

En la Sala de Gobierno del Tribunal Superior, desde su reunión plenaria de 15 de septiembre (reactiva a los Plenos del Parlament de Cataluña de 6 y 7 de septiembre, de aprobación de las leyes de ruptura –referéndum y transitoriedad jurídica-), como no podía ser de otra manera, asumimos el compromiso de preservación de la plena independencia de los jueces y tribunales de Cataluña en el ejercicio de su función jurisdiccional, e hicimos pública nuestra disposición a garantizar que todos los jueces y juezas, magistrados y magistradas de Cataluña pudiesen actuar de forma responsable y con sometimiento pleno y exclusivo a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico de su desarrollo.

Con esa finalidad constituimos un grupo de seguimiento que, desde su creación en la semana previa al 1 de octubre, se puso a disposición de los 49 Decanos y jueces de guardia, al tiempo que dispusimos la activación de los juzgados coadyuvantes de la guardia en cada partido judicial, manteniendo ese nivel de exigencia durante dos semanas. Es de justicia reconocer aquí a cada uno de los Decanos, a los distintos jueces, fiscales, letrados de la Administración y funcionarios que desempeñaron el servicio de guardia durante ese período o mantuvieron la disponibilidad de los órganos coadyuvantes, por el compromiso y la generosidad demostrada en sus respectivo puestos. Como servidores públicos dieron mucho más de lo que les era reglamentariamente exigible.

Ha sido voluntad explícita del Jurado hacer extensivo el reconocimiento a todos los jueces y juezas, magistrados y magistradas ejercientes en Cataluña, sin distinción de sede o ciudad de destino, de órgano o jurisdicción. Este amplio alcance del reconocimiento está plena y absolutamente justificado, pues entre los riesgos a los que se expuso a la sociedad catalana se incluía uno que proyectaba efectos sobre todos los jueces, sin distinción de órganos o jurisdicciones. Téngase en cuenta que llegó a articularse normativamente la desaparición del Poder Judicial en Cataluña, para mutar en otro poder judicial de incierta dependencia y configuración.

Por más firmes que resulten las convicciones de cada juez sobre los fundamentos constitucionales de la jurisdicción que ejerce (y los jueces catalanes han demostrado la solidez de esa convicción), en aquel escenario de eventual e incierta sucesión de poderes (cuando resulta que es diseñado por las instituciones del propio Estado, como son el Parlamento y el gobierno autonómico), es humanamente comprensible que suscite una inquietud personal, además de la lógica perturbación profesional, en quienes, mientras reciben tales anuncios, se ven en la tesitura de mantener y desarrollar su agenda ordinaria de actos judiciales sujetos a la única legalidad desde la que se sienten interpelados, la legalidad constitucional.

Se comprenderá fácilmente la dificultad de encontrar, en ese contexto, la concentración, la serenidad, y la disposición de ánimo necesaria para atender los deberes judiciales, para cumplir los compromisos de agenda y dar una respuesta fundada a las demandas de los ciudadanos. Y ese es el gran mérito de los jueces catalanes. Eso es lo verdaderamente meritorio de su labor.

Mantenerse en el desempeño ordinario la función judicial en un contexto de extraordinaria complejidad y exigencia. En las jornadas del 1, 2 y 3 de octubre los jueces se vieron sometidos a situaciones de máxima presión. El domingo día 1 de octubre, en previsión de incidentes (como efectivamente ocurrió),el servicio de guardia se mantuvo en todos los partidos judiciales, salvo alguna excepción, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, a pesar de la oposición del Departament de Justicia y en muchos casos previo apercibimiento de desobediencia a los gerentes territoriales respectivos, que habían denegado la apertura anticipada de los edificios judiciales.

El día 2 de octubre, el Govern de la Generalitat da publicidad a la creación de una Comisión especial (bajo la coordinación del Conseller de Justicia) sobre la violación de los derechos fundamentales con ocasión de la jornada del 1 de octubre, como consecuencia de acciones y omisiones imputables a las instituciones y órganos del Estado, y de forma particular, de la actuaciones del gobierno, de la Fiscalía y del Poder Judicial. Era el mundo al revés, el Gobierno escrutando la labor de los jueces.

El día 3 de octubre, día de huelga general, “vaga de país” como se llamó, numerosos jueces se vieron impedidos de acceder a sus juzgados, incluso estando de guardia. Asumiendo otros compañeros la doble agenda, de la guardia y la propia. En esos días, los jueces necesitaban dar tranquilidad a los ciudadanos pero también recibirla. Muy oportunos y efectivos resultaron los comunicados emitidos por todas las Asociaciones judiciales, de apoyo a la labor de los jueces y en defensa de la legalidad constitucional. En la misma dirección se pronunció siempre el Consejo General del Poder Judicial, con duros pronunciamientos, particularmente para atacar la Comisión creada el día 2 de octubre por el Govern de la Generalitat.

Nuestro agradecimiento por ello. Particularmente al Presidente del CGPJ, por su implicación directa en la preservación de los jueces catalanes. Durante estos dos meses su agenda estuvo siempre a nuestra disposición.

Sin duda la intervención del Estado, en aplicación del art. 155 de la CE y previa aprobación del Senado, nos ha permitido a todos volver a una cierta normalidad en nuestro quehacer diario, más allá de vernos en la tesitura de tener que evaluar daños, en forma de procesos abiertos a raíz de las conductas desplegadas durante este período oscuro que, esperemos que pase pronto a formar parte de nuestra historia como nación. Nos tocará, por tanto, sustanciar estos procesos y dar a los ciudadanos que acuden a nosotros las respuestas que en derecho correspondan. Pero la constatación, una vez más, de que los daños y agravios que la sociedad catalana se ha infringido a ella misma durante esta contienda política, terminarán canalizados y exigidos ante los juzgados y tribunales, nos da pie para reafirmar la confianza que la sociedad siempre ha depositado en sus jueces como garantes del Estado de Derecho. Sin duda, la confianza de la sociedad en los jueces se nutre de su fidelidad al sistema constitucional, como único camino para hacer efectiva la defensa de los valores, de los derechos y de las libertades de todos.

Para finalizar. Por más dura que ha resultado para los jueces la experiencia vivida durante estos meses en Cataluña, quisiera extraer de ella y compartir un mensaje positivo en forma de lo que yo considero (y ésta es una apreciación personal) de reforzamiento del Poder Judicial y del Estado mismo, después de recurrir con visible éxito al campo inexplorado del art. 155 de la CE, esperemos que con un efecto de futuro inoculador frente a intentos unilaterales de ruptura de la convivencia como el vivido en Cataluña.

Y en lo que concierne al rol protagónico jugado por las juezas y jueces ejercientes en Cataluña, es obligado resaltar las fortalezas que todos hemos extraído precisamente del modelo constitucional de Poder Judicial, diseñado por el legislador constituyente como un Poder Judicial único, que por más que contemple a los Tribunales Superiores de Justicia como culminación de la organización judicial en cada una de las Comunidades Autónomas, no solo no emula la descentralización acometida como principio de organización territorial del Estado, sino que la contrapesa, y ante desafíos como el vivido recientemente en Cataluña precisamente este modelo de Poder Judicial único se ha mostrado como un obstáculo infranqueable para su impulsores.

Pues, ninguna legalidad puede ser efectiva sin jueces que la hagan cumplir. Parece evidente que la brecha social hasta aquí abierta en Cataluña, solo podrá encontrar reparación a través de la política.

Entra dentro de lo posible, incluso de lo probable, que ese diálogo o negociación política desemboque en una reforma constitucional, de mayor o menor calado. Algunas propuestas buscarán modificar nuestro modelo orgánico de Poder judicial. Ya se intentó en el pasado. Para esta eventualidad, grábese bien la experiencia vivida y el relevante papel jugado por los jueces catalanes, como integrantes de este modelo de Poder Judicial único.

Hoy se premia a los jueces catalanes. Con ello se reconoce el valor de nuestro modelo constitucional de Poder Judicial. Todas nuestras felicitaciones a los primeros, pero también toda nuestra gratitud al visionario legislador constituyente.

Muchísimas gracias.

Jesús Barrientos, Presidente del TSJ de Cataluña.

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