Discurso del periodista José María Brunet, Premio a la Independencia Judicial “Federico Carlos Sáiz de Robles” concedido por AJFV en la XXXIII Asamblea General de Sevilla, 14-16 de noviembre de 2018.

Confieso que cuando el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, don Raimundo Prado, me llamó para anunciarme que me había sido concedido el premio a la Independencia Judicial que otorga esta corporación y que lleva el nombre de Federico Carlos Sainz de Robles, me asaltó, junto al natural sentimiento de contento, una cierta inquietud. Me preocupaba encontrar las palabras justas para corresponder a la recepción de un premio que considero muy importante. Por eso empiezo por expresar mi mayor gratitud a la Asociación, al tiempo que también se lo ofrezco, si me permiten, a mi mujer, Belén, que hoy nos acompaña, por su permanente apoyo y paciencia.

La inquietud, como digo, procedía de la pregunta ¿cómo puedo agradecer la generosidad de la Asociación Francisco de Vitoria? Y pensé que lo mejor sería hacerlo con palabras sencillas y espontáneas que debería preparar cuidadosamente. Recordé, a este respecto, una intervención de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón en el Congreso de los Diputados, que empezó diciendo: “En este discurso improvisado que llevo semanas preparando…”. Yo no he tenido tanto tiempo para improvisar, pero espero parecerles muy sincero si les digo que este premio tiene para mí una significación muy especial desde su mismo título, porque se refiere a la independencia judicial –un requisito y un valor fundamental del sistema democrático- y porque lleva el nombre de Federico Carlos Sainz de Robles, a quien tuve el privilegio de conocer y tratar.

Conocí a Federico Carlos Sainz de Robles en 1985. Le entrevisté ese año en su condición de primer presidente del Consejo General del Poder Judicial en la que fue a su vez la primera sede de esta institución, en el paseo de La Habana. O tempora, o mores. Luego le seguí en su aventura política como candidato del Partido Reformista, al año siguiente, junto a Florentino Pérez. Fue una apuesta que confirmó la predilección de Sainz de Robles por las leyes y la de Florentino Pérez por la construcción y el deporte, no sabría decir en qué orden de prioridades, la verdad. Luego a Sainz de Robles le visité periódicamente en su despacho de la calle Antonio Acuña, para charlas de café que siempre le agradecí profundamente, porque salía de allí con un mayor bagaje de conocimientos y claves interpretativas. Por todos estos buenos recuerdos, en efecto, me causa especial satisfacción recibir hoy un premio que lleva su nombre.

Les diré en este orden de cosas que toda mi vida periodística ha estado muy unida al seguimiento de la labor de los profesionales que sirven a las instituciones de la justicia. Y por aquí prosigue mi expresión de agradecimientos. Seguir la tarea de aplicar el derecho supone una constante invitación a la reflexión y un permanente estímulo para quien tenga afán de conocimiento. Alguien dijo que el derecho es el sentido común codificado. Aunque cabría decir que cada vez menos codificado. En todo caso, entender lo que los juristas hacen y tratar de trasladarlo a un público no especializado es una tarea siempre gratificante, con independencia de las reacciones que ello suscite en los receptores de la información. Explicar una actuación o una sentencia polémicas también es una labor sumamente interesante, y más ahora, cuando ustedes, probablemente, ya se han acostumbrado a la crítica.

Sobre esto querría detenerme un momento, porque comprendo que algunos de ustedes, si no todos, pueden experimentar con cierta frecuencia sentimientos de injusticia siguiendo los medios de comunicación. Al fin y al cabo, ustedes no tienen en este aspecto las ventajas de otros colectivos, aunque tienen otras, a las que luego me referiré. Su relación con los periodistas sufre de evidentes limitaciones. Pero yo querría aprovechar esta oportunidad para alentarles a que no desfallezcan en el intento.

La imagen de la justicia no depende esencialmente, se lo aseguro, de la supuesta buena o mala fe de la prensa. Depende fundamentalmente de la eficacia y la habilidad con que su labor y en general la de los operadores jurídicos, se realice y se exponga. Y al propio tiempo querría en este punto expresarles mi más profundo agradecimiento por las razones que expuso el jurado para concederme este premio. Subrayó en su exposición de motivos “el conocimiento y la información veraz”, y la presencia de “una mirada propia ajena a cualquier posición radical tan habitual en la época que vivimos que contrasta con la mesura y rigor del premiado”.

Son frases muy elogiosas. No sé si las merezco. Pero tampoco quisiera extenderme en esto porque ¿quién soy yo para corregir las opiniones del jurado? Si les agradezco el reconocimiento que me hacen en estos términos es precisamente porque me alegra comprobar hasta qué punto en una sociedad a menudo tan polarizada como la nuestra existe, en cambio, un espacio tan amplio para el debate y el encuentro, para la mediación y la crítica, para la libre expresión desde el mutuo respeto. Para mí, es una pauta de comportamiento. Y la hago extensible a la generalidad del colectivo, cada vez más nutrido, de excelentes profesionales de la información dedicados al ámbito de la justicia.

Si les reitero mi petición de que perseveren en los esfuerzos puestos desde todos los foros judiciales en los últimos años para ensanchar los espacios de colaboración es precisamente por mi convicción de que ello redundará en un mejor conocimiento y valoración de la sociedad respecto de la actividad de los órganos jurisdiccionales. Un político me dijo en cierta ocasión: “Tú eres un periodista muy peligroso”. ¿Por qué?, le pregunté. “Porque inspiras confianza”, me respondió. Me alegró aquella confesión, porque confianza es la palabra clave, y un concepto que nada tiene que ver con ingenuidad.

Trabajen ustedes por la confianza, por la fiducia, traten de inspirarla, reconocerla, fomentarla y mantenerla. Con los medios como canal de comunicación con la sociedad. La mejor justicia, estoy convencido, es la que mejor sabe explicarse. Yo he dedicado buena parte de mi labor profesional periodística a tratar de conseguirlo, y recibo este premio con tanto agrado como compromiso, el de aplicarme mis propias exhortaciones, y al tiempo de expresar mi mayor respeto y consideración hacia su labor, reiterarles mi voluntad de seguir colaborando con ustedes, jueces, fiscales y operadores jurídicos, para  que su tarea sea conocida y reconocida por la sociedad, todo ello sin merma del derecho de crítica, claro está, cuando razonablemente proceda.

Dicho y sentado todo lo anterior querría referirme brevemente a otro asunto, que sé que les interesa y les preocupa, como a toda la sociedad española. Me refiero, lo habrán intuido, a la justicia y su posible papel en relación con el conflicto que vivimos desde hace ya unos años entre las instituciones del Estado, y las de Catalunya y sus partidos independentistas. Sé que el año pasado dieron ustedes el premio que hoy recibo a los jueces que ejercen en Catalunya. Y tengo que decir que me parece que fue una buena iniciativa. He podido leer estos días el discurso que entonces pronunció el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús Barrientos, y puedo entender la dificultad y la prudencia con la que tuvo que moverse en aquellas fechas, en una situación sumamente tensa y en muchos aspectos confusa.

Un año después existe una mayor estabilidad en todos los sentidos, aunque hechos recientes, como el lanzamiento de pintura amarilla en el portal del edificio en el que reside en Sant Cugat del Vallés la familia del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del caso 1-O, ha vuelto a generar preocupación. Y ha motivado como respuesta un rotundo comunicado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) exigiendo al Ministerio del Interior, a la Generalitat y a la Fiscalía que actúen en garantía de la seguridad de dicho magistrado y sus familiares. Hay que confiar en que se tomarán medidas eficaces para que episodios de este tipo –que ayer condenó el propio president de la Generalitat, Quim Torra- no se repitan, porque no puede haber tolerancia ante actos de acoso e intimidación.

Considero, por otra parte, muy lógico y plausible que la Asociación Francisco de Vitoria muestre la mayor sensibilidad hacia la labor del poder judicial en un contexto de conflicto. Esta situación potencia la polémica en torno a cualquier decisión que se adopte, ya sea ésta la de sancionar a un juez por dedicarse a redactar una Constitución para una hipotética futura república catalana, o la de investigar a policías por supuestos excesos represivos en su actuación del 1 de octubre del año pasado para impedir las votaciones del referéndum declarado anticonstitucional y prohibido por el Tribunal Constitucional.

En la actual situación, el debate social en su conjunto, y no sólo el que concierne a la esfera judicial, es muchas veces tenso, incluso crispado. Pero si me permiten expresarlo así, ustedes tienen una valiosa y legítima ventaja, a la que antes dije que me referiría. Se trata de la ventaja de sus obligaciones, la que les aporta la existencia de la ley y el deber de aplicarla. Ésa es, por tanto, su fortaleza, la misión que la Constitución y las leyes les asignan. En el bien entendido de que, como señalaba la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarna Roca, al recoger el premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio, las Declaraciones universales de Derechos humanos, a partir de la aprobada por la ONU en 1948, han producido en el ámbito del derecho codificado de la persona diversas consecuencias, “la primera, el desplazamiento de la protección, que ya no se centra exclusivamente en los tribunales nacionales, sino que se extiende más allá, hasta llegar a aquellos tribunales especialmente encargados de velar por la efectividad de las concretas declaraciones” y dos “las declaraciones que contienen resoluciones vinculantes para los Estados signatarios” –y cita varios ejemplos- para añadir que “a partir de la ratificación, forman parte del derecho interno y obligan a su aplicación”.

En este orden de cosas, hay ejemplos recientes, que ustedes conocen perfectamente, de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que no han avalado o que han corregido decisiones de los tribunales españoles, siendo cierto al mismo tiempo que la justicia de otros países ha sufrido este tipo de resoluciones adversas en muchas más ocasiones. En todo caso, y en relación con lo ocurrido en septiembre y octubre de 2017 en Catalunya, también conocen que ha habido pronunciamientos de la justicia belga y alemana, por ejemplo, denegando la entrega a España de personas reclamadas por aquellos hechos, cuestionando las acusaciones formuladas o no hallando correspondencia con sus respectivas legislaciones.

Por otra parte, entre autoridades del propio ámbito judicial y académico español está muy extendida la convicción de que para la resolución de esta etapa de conflictos no bastará con la aplicación de los códigos, y menos con el recurso exclusivo al Código Penal.  El propio presidente del TSJ de Catalunya, Jesús Barrientos, ya citado, afirmaba en el discurso pronunciado el año pasado en el congreso de la Asociación que “parece evidente que la brecha social hasta aquí abierta en Catalunya sólo podrá encontrar reparación a través de a política”. El Tribunal Constitucional, a su vez, ya contempló la vía del diálogo para encauzar el problema desde sus primeras resoluciones sobre la materia, sin que por ello dejara de anular las declaraciones o actuaciones de las autoridades catalanas que consideró inconstitucionales. En cualquier caso, tras todos estos episodios hará falta mucha voluntad de recomponer puentes y, por tanto, de buscar soluciones políticas. Les he hablado antes de compromisos personales, y en esta cuestión también he asumido uno, como profesional de la información y como ciudadano, en el sentido de no contribuir a fomentar los desencuentros.

Querría citar en este punto a una persona por la que siento especial aprecio, uno de los padres de la Constitución, Miquel Roca Junyent, que ejerce la abogacía desde hace años, como les constará aunque sólo sea por algún caso conocido. Decía Miquel Roca en una entrevista periodística que en la ponencia constitucional se trabajó con la conciencia de que se estaba “constituyendo un nuevo escenario de democracia tras una larga historia de intolerancia, autoritarismo, guerra, represión… Tenía que haber una apuesta por la convivencia, por respetar la diferencia. Por eso la Constitución habla del pluralismo como valor. Ese fue el éxito”.

Mi convicción es que no podemos renunciar a aquel éxito. Y si bien es cierto que resultaría muy difícil abordar ahora una posible reforma de la Constitución con el mismo grado de consenso que el que permitió pactar la del 78, de la que este año se conmemora el 40 aniversario, no nos tenemos que cerrar a eventuales adaptaciones. Y aquí me apoyo en otra cita, debida ésta a otra persona a la que tengo en alta consideración por su destacada labor como jurista.

Se trata en este caso de Cándido Conde-Pumpido, exfiscal general del Estado y hoy magistrado del Tribunal Constitucional, quien en una reciente conferencia pronunciada en Ávila decía que “donde es necesaria una renovación del pacto constituyente, con todos los ingredientes de reflexión, inclusión y cesión que ello implica, reside en la articulación de la asimetría y las posibilidades de diferenciación o, si se prefiere un lenguaje sociopolítico, en el reconocimiento de las identidades colectivas muy intensas que existen en algunos territorios del Estado”.

La asimetría y la diferenciación –añado de mi cuenta- no tienen por qué implicar ruptura alguna del principio de solidaridad. Los conceptos fundamentales de la cita de Conde-Pumpido son, a mi juicio, los de cesión –de y entre las partes concernidas, se entiende-, e inclusión, para que la gran operación integradora de la Constitución del 78 pueda revitalizarse. Ése es hoy mi augurio personal aquí en Sevilla, al recoger este prestigioso premio, la apuesta de un periodista siempre apegado a la trinchera informativa, nacido en Barcelona, con muchos años de vida en Madrid, y muy identificado con la cultura española en sentido amplio, es decir, la que incluye y potencia entre otras la de expresión catalana y sus instituciones históricas, como parte de un todo de realidades y valores que nos pertenece y que debemos preservar.

Muchas gracias.

***José María Brunet, periodista y redactor jefe del diario La Vanguardia.

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