El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendría que haber sido renovado el pasado mes de diciembre pero ha entrado en una prórroga de la que sólo puede salir con un acuerdo en las Cortes

Por mucha separación de poderes que haya, la incertidumbre en los poderes Legislativo y Ejecutivo tiene consecuencias en el Judicial. En este momento, la principal de ellas es la interinidad. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, tendría que haber sido renovado el pasado mes de diciembre. El plazo venció y entró en una prórroga de la que sólo puede salir con un acuerdo en las Cortes del que no hay rastro.

La ruptura traumática del pacto entre PP y PSOE dejó las cosas más difíciles que antes. La difusión de un mensaje interno del PP que dejaba en evidencia su deseo de tutelar el Consejo -“controlando desde detrás”, se leía- llevó al líder del PP a plantarse. Pablo Casado renunció al acuerdo y lanzó un órdago: pactarían cuando las cosas volvieran al sistema de décadas atrás, en el que los jueces sí elegían a sus representantes.

Con las negociaciones PP-PSOE-Podemos rotas -Cs no participaba en el reparto del Consejo-, Pedro Sánchez convocó unas elecciones que aún no han dado fruto. Las cosas, por tanto, siguen como a principio de año: el Consejo presidido por Carlos Lesmes renueva las plazas de altos cargos cuando vencen los mandatos y las asociaciones judiciales protestan por ello.

En enero, ante la interinidad que se preveía, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) -de carácter moderado y segunda en representatividad- consideró que el actual Consejo había perdido “la legitimidad deseable en un Estado democrático para realizar actos discrecionales”. Por tanto, pedía que se limitara a despachar asuntos 2de puro trámite”. Por su parte, la progresista y tercera en representación, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), pidió a los vocales del Consejo que renunciasen a su cargo para “de ese modo facilitar la renovación de la institución”.

Frente a ello, la mayoría de los vocales estiman que pueden actuar “con plenas facultades” y que sería una irresponsabilidad negarse a renovar las plazas. “Protestan porque estamos en prórroga y nos piden que prorroguemos otros cargos. Es absurdo”, dice un vocal.

“No estamos en funciones”

A diferencia de lo que se establece para las Cortes y el Gobierno, la ley no pone limitaciones a un Consejo prorrogado. En realidad, una: los vocales no pueden nombrar a un nuevo presidente. A contrario sensu, lo demás sigue como antes. “No estamos en funciones”, afirma otro vocal.

Fuentes del Consejo consideran que en el especial empeño por la renovación por parte de ambas asociaciones está la esperanza que albergan de tener más poder en el nuevo CGPJ.

A las críticas por mantener el ritmo de actividad se suma la presentación continua de recursos por el sistema empleado para la elección de los candidatos. Las dos mismas asociaciones, junto a Foro Judicial Independiente, consideran que tras una apariencia de objetividad el Consejo se ha guardado un excesivo margen de discrecionalidad. Y que con ello se incumple la reforma legal que se aprobó coincidiendo con el fin del mandato del Consejo, que imponía un gran detalle y objetivación de los méritos para la elección de los cargos.

“Los recursos se basan en el hecho de que, en las bases, se frustra la finalidad de la reforma, al establecer méritos objetivos que pueden ser obviados por la entrevista personal y proyecto, que se valora de forma subjetiva”, explican las asociaciones, que han recurrido todas las convocatorias que han salido y seguirán haciéndolo.

La respuesta del Consejo es que la ley también establece que son nombramientos discrecionales, por lo que el Consejo debe disponer de ese margen para detectar y escoger al mejor candidato.

En los próximos cinco años, por ejemplo, toca sustituir a la mitad de los magistrados del Supremo. Pero en el Consejo no esperan llegar tan lejos. Los hay optimistas que confían en una renovación en torno a noviembre. Los hay pesimistas que no ven al PP bajándose del órdago y permitiendo a Cs abanderar el mensaje de que sólo ellos se niegan a la politización. Sea antes o después, todo indica que los negociadores no serán los mismos.

El ex ministro popular Rafael Catalá ha empezado a apartarse de la política. Y es probable que Dolores Delgado no repita en Justicia. A eso se añade que, según fuentes del Consejo, el último fiasco ha convencido a los partidos de que en el próximo intento tendrán que ser dirigentes de la máxima categoría los que lleven la negociación. Hasta entonces, seguirán acumulándose nombramientos, protestas y recursos.

Fuente: elmundo.es