España, tercer país de la UE donde los ciudadanos confían menos en la independencia judicial

Atribuyen la falta de independencia a las presiones del Gobierno y los políticos y a la interferencia de los poderes económicos.

El sistema judicial español suspende en el ranking que ha publicado este lunes la Comisión Europea, sobre todo por su percibida falta de independencia entre ciudadanos y empresas. El 58% de los españoles tachan de mala o muy mala la independencia de tribunales y jueces (un empeoramiento de dos puntos respecto a 2016), mientras que sólo el 32% creen que esta independencia existe en la práctica, según los datos de una encuesta del Eurobarómetro.

barómetro Justicia

Barómetro Justicia

Estas cifras sitúan a España como el tercer país de la Unión Europea donde es más baja la percepción de la independencia judicial. Sólo Eslovaquia y Bulgaria registran resultados peores. El sistema judicial español está peor valorado entre sus ciudadanos que los de Hungría o Polonia, dos países a los que la Comisión ha expedientado por poner en riesgo el Estado de derecho. La clasificación la encabezan Dinamarca, Finlandia, Austria y Alemania.

La principal razón que citan los españoles para explicar la parcialidad de jueces y tribunales es la presión del Gobierno y los políticos (49%), seguida de la interferencia de los intereses económicos (45%). Para un 34% de los encuestados, es el estatus y la posición de los jueces la que no garantiza suficientemente su independencia.

También las empresas valoran negativamente a la justicia española. El 59% de las compañías encuestadas creen que le falta independencia y sólo el 30% consideran que los tribunales son imparciales. En este indicador, España ocupa el cuarto lugar por la cola. Por detrás sólo están Croacia, Bulgaria, Eslovenia y Eslovaquia.

La Comisión no sabe qué factores están detrás de esta extendida percepción de falta de independencia judicial en España, ya que formal y estructuralmente el sistema judicial cumple todos los requisitos exigibles en un Estado de derecho. Pero este suspenso debería animar al Gobierno a hacer examen de conciencia sobre el por qué de los malos resultados, según ha explicado un alto funcionario preguntado por EL ESPAÑOL.

PROCESOS MÁS LARGOS

España se encuentra también entre los Estados miembros donde más tiempo se tarda en resolver procesos civiles y mercantiles. En 2015, la duración media se situó en 325 días en primera instancia. Finlandia, Francia, Grecia, Croacia, Eslovaquia, Malta, Italia y Chipre registran resultados peores que los españoles. Pero lo más preocupante es que en la mayoría de estos países los plazos se han acortado en los últimos cinco años, mientras que en España siguen aumentando (de 314 días en 2010 a 325 ahora).

El estudio de Bruselas presta especial atención a la puesta en práctica del derecho de la UE en materia de protección de los consumidores. Y tampoco aquí España sale bien parada: es el cuarto país donde más tardan las decisiones administrativas en este campo (una media de 260 días).

El gasto de España en justicia se sitúa alrededor de la media de la UE, pero durante la crisis ha ido bajando desde 90 euros por habitante en 2010 a 80 en 2014. Nuestro país está a la cola de la UE en número de jueces (12 por cada 100.000 habitantes), pero se sitúa entre los primeros de la clasificación en número de abogados (323 por cada 100.000 habitantes). Sólo el 14% de los jueces de los Tribunales Superiores son mujeres, el tercer porcentaje más bajo de los 28.

Sin embargo, sí hay un capítulo en el que España obtiene un sobresaliente: el acceso a la justicia para los más vulnerables. Hasta el punto de que la comisaria de Justicia, la checa Vera Jourová, ha puesto al sistema español como ejemplo. “En algunos Estados miembros, por ejemplo España, el acceso a la justicia es fácil porque nadie tiene que pagar tasas judiciales y los ciudadanos con ingresos por debajo del umbral de la pobreza pueden obtener asistencia jurídica”, ha subrayado Jourová.

Fuente: Elespanol.com

Para la AJFV: “Es muy injusto que la opinión de los ciudadanos sobre la independencia de la Justicia sea tan negativa porque cada uno de los jueces y tribunales españoles trabajan con total independencia de los poderes públicos y de los poderes económicos y muy al contrario, pese a todos los problemas, actúan como el último recurso del ciudadano. Si su independencia está tan garantizada como en los países más avanzados el problema debe ser que hay un mensaje muy negativo que provoca esa percepción. El problema radica en el diseño del gobierno del poder judicial, del CGPJ, que manda un mensaje de politización que envenena la percepción ciudadana”.