Foro Judicial Independiente y Francisco de Vitoria critican la actuación del Supremo y la APM, la injerencia de los políticos

  • Aseguran que la sentencia arroja “dudas razonables” sobre la independencia del Alto Tribunal
  • Se quejan de la politización en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial

Las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han reprochado tanto al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes como a los magistrados de la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo la forma de gestionar la resolución de los recursos por los que se fijó ayer a quien corresponde el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados – que grava las hipotecas- dado que ha permitido arrojar “dudas razonables” sobre la independencia del Alto Tribunal.

Critican asimismo el sistema de elección de magistrados de este órgano y el modo en el que son designados los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sobre la decisión de la Sala de atribuir al prestatario el pago del tributo, que se adoptó por 15 votos frente a 15, las asociaciones llaman la atención sobre la “alarma social provocada”, primero, por la avocación a pleno del presidente de la Sala tercera, y después, “por el insólito desenvolvimiento del Pleno de la Sala el 6 de noviembre y posterior fallo, es una alarma compartida y entendida por la mayoría de los miembros de la Carrera Judicial”.

Para estas asociaciones, el Pleno debió avocarse desde el inicio, “no una vez resuelta la cuestión, al no ser del agrado de su presidente, para tratar de enmendar una decisión jurisdiccional firme”, según han señalado este miércoles en un comunicado.

Necesidad de reformas

Por otro lado, estas dos asociaciones, que ya anunciaron en su momento que no tenían intención de acudir a la reunión que se celebra este miércoles en el Ministerio de Justicia después de que los colectivos de jueces y fiscales anunciaran una huelga para el próximo día 19, inciden en que la elección por el CGPJ de de los presidentes de las Salas del Tribunal Supremo y demás órganos colegiados, “está viciada de base”. El Consejo General del Poder Judicial está compuesto por veinte vocales, de los cuales, doce de ellos, según establece la Constitución en su artículo 122.3, son de extracción judicial. Según estas organizaciones “el poder constituyente quiso que estos doce vocales fueran elegidos por los jueces y magistrados pero los sucesivos poderes legislativos, desde que en 1985 se promulgara la actual Ley Orgánica del Poder Judicial, han eludido el mandato constitucional y han entregado a las Cortes Generales la decisión de elegir a los veinte vocales”.

“Dicho juego político ha ido degenerando a lo largo de décadas hasta convertirse, en la actualidad, en un Consejo elegido de forma nada transparente. Los vocales del CGPJ, en la actualidad, son elegidos con criterios de afinidad ideológica o afinidad personal”, subrayan, para incidir en que los miembros del Consejo así designados son quienes eligen a los presidentes. Por ello les llama la atención que en la cuestión de elección de vocales del CGPJ “los principales partidos políticos del gobierno y la oposición alcancen acuerdos rápidos y consensuados“. Advierten que el Partido Popular, el Partido Socialista y, en esta última legislatura, Podemos, entran sin pudor en el juego de reparto de cargos, y tanto es así que en las noticias suele avanzarse el nombre de la persona que será elegida para integrar el CGPJ o para presidir una Sala.

La APM critica la injerencia de los políticos

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha rechazado que los responsables políticos critiquen la reciente decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de que son los clientes los que deben pagar el impuesto de las hipotecas y ha pedido que no “responsabilice” al Poder Judicial de los problemas que pueden ser resueltos desde el Poder Legislativo.

Así lo ha dicho en un comunicado en el que reconoce la “lamentable gestión” de este asunto, después de que el Pleno estudiase tres recursos sobre el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD), tras conocer el cambio de jurisprudencia hace tres semanas por una Sección de esta Sala. “Es comprensible que haya causado desconcierto en la opinión pública y un profundo malestar por parte de quienes se ven afectados por su contenido”, destaca la asociación y reconocen que “lo fácil” es “sumarse a quienes promueven el desprestigio de la Justicia española”.

Sin embargo, los jueces de esta asociación no comparten “algunas de las críticas vertidas, especialmente por algunos responsables políticos, no solo hacia el Tribunal Supremo sino hacia el sistema judicial en su conjunto”.

Niegan que las decisiones judiciales como ésta obedezcan a “presiones o injerencias espurias, a la más remota suerte de servilismo hacia grupos económicos o de otra índole, o a posiciones personales ajenas a la aplicación de la ley”.

En este sentido, pide al Poder Legislativo que “no pase su responsabilidad al Poder Judicial”, porque para aplicar la ley, atendiendo al principio de seguridad jurídica, antes debe existir un marco legislativo que evite en los “amplios márgenes a la interpretación”. “Los Jueces no pueden ni deben convertirse en legisladores, ni son responsables de la pasividad o de la imposibilidad de las fuerzas políticas de buscar acuerdos”, dice el comunicado.

Fuente: infolibre.es

Descargar (pdf) Dictamen sobre audiencia a Letrados