Nuevamente una fecha, 6/2/2017, nuevamente un juicio, Sala civil y penal del TSJ de Cataluña y nuevamente o no tan nuevamente un personaje público de indiscutible trayectoria y protagonismo en el tan nombrado y renombrado proceso independentista catalán, Artur Mas. Y con ello parece que se dan los ingredientes necesarios y suficientes para que la labor judicial, la complicada actuación decisoria de Juzgados y Tribunales, conlleve un plus de penosidad, arrastrando el embate de los administrados, de aquellos que guste o no deben ser juzgados, como cualquiera sospechoso de un ilícito penal, pero que se prevalen de su dimensión pública y de su capacidad de convocatoria para, por un lado darse un baño de multitudes que dignifique y rescate su carisma político y, por otro lado, generar un tumulto innecesario, un ruido improcedente, una gloria efímera y estéril pero que causa preocupación y desconcierto en un órgano judicial que no hace sino cumplir con su obligación y con su ejercicio profesional y al que una convocatoria multitudinaria de apoyo, a modo de escrache institucional, no puede mover ni un ápice en lo que es su responsabilidad profesional, deber constitucional y función social.

La historia se repite con cierto ritmo cansino puesto que no aprendemos de los errores y a modo de déjàvu asistiremos probablemente, tal y como ya sucedió el día 13/10/2015, a una profusa difusión en los medios de comunicación de la puesta en escena protagonizada por diversas personalidades del entorno político soberanista catalán y cargos electos acompañando y dando apoyo a quienes deben ser juzgados en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como consecuencia de una querella interpuesta por la Fiscalía y, no se olvide, también por otras Asociaciones y entidades de diversa índole.

En esta turbulenta tesitura necesitamos actuaciones conciliadoras y cohesionadoras, en lugar de actitudes perversas que tienden a quebrar la necesaria confianza de la sociedad en la labor de los Tribunales, en la Justicia como pilar fundamental del Estado Constitucional y a socavar nuestro papel de garantes de un Estado de Derecho basado en normas que por todos, absolutamente por todos, deben ser cumplidas si queremos seguir hablando de eso, de un Estado de Derecho y no de otra cosa cuyo nombre causa repulsa a quien vive y participa de una democracia, aún imperfecta.

No somos los jueces y magistrados brazo ejecutor de venganzas político-partidistas que no nos conciernen ni interesan, ni convertimos en políticos los juicios que afectan a los líderes presentes o pasados de determinadas fuerzas políticas. Esto todavía nos interesa menos. Por ello defendemos como recurso imprescindible, como nuestro bien más preciado para ser lo que somos el de la independencia judicial, entendida en toda la amplitud del término, concebida no como un privilegio profesional sino como garantía de nuestro papel institucional y como la esencia de nuestro sistema político, reprochando la estrategia de aquellos que pretenden promover la desconfianza social e influir en la toma de decisiones de los órganos judiciales.

No cunde el desánimo en los integrantes de esta profesión pero ciertamente resulta desalentador, innecesario y hasta injusto que la labor diaria se vea ensombrecida por movilizaciones fomentadas por quien no se resigna a ser un ciudadano más que, como cualquiera, debe quedar sujeto a la acción legítima y necesaria de los Tribunales e intenta erosionar la confianza ciudadana en la labor discreta y diaria de los Tribunales de Justicia, enturbiando la cordialidad de las relaciones institucionales entre poderes separados e independientes, manifestando su disgusto o disconformidad por cauces inadecuados que se perciben como intromisiones y aún agresiones en el ejercicio profesional de la labor jurisdiccional.

Como ya dijo esta Asociación en su comunicado de 14/10/2015: «Somos conscientes de que existe en Cataluña una enorme sensibilidad social en todo lo que afecta al proceso de independencia gestado también desde la propia Generalitat. Ello no obstante no es aceptable el uso interesado de dicha sensibilidad, canalizando ahora el disgusto de un sector de la sociedad frente a unos Tribunales de Justicia que ejercen su función y llevan a cabo su trabajo prescindiendo de la condición de toda índole de aquellos que deben ser sometidos a la valoración de la legalidad de sus conductas. Cualquier otra realidad determinaría la duda acerca de la pervivencia de nuestro Estado de Derecho, fundamento de la convivencia y del sentir democrático de la sociedad».

Demos a los Jueces y con más razón a los que ejercen en Cataluña, las mejores condiciones para realizar su función con oficio, responsabilidad e independencia y no les sometamos ni a ellos ni a la ciudadanía al insulto vil y cobarde del resentido que maldice con listas de futuros jueces y magistrados exiliados, depurados y acólitos del nuevo Estado catalán pues si algo es irrenunciable en un estado democrático que quiera vanagloriarse de ser tal, es contar con una justicia eficaz, profesional e independiente.

En Madrid a 2 de febrero del 2017.

Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria.
COMITÉ NACIONAL.
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