Jueces y fiscales advierten al Gobierno del riesgo de archivo de miles de causas penales

Remiten una carta a Sánchez para que derogue con urgencia la ley de plazos de las investigaciones antes del 6 de diciembre

Las asociaciones de jueces y fiscales han remitido una carta urgente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que derogue, a través de un real decreto, la ley de plazos en la instrucción de las causas penales, ante el riesgo de que el próximo 6 de diciembre haya multitud de casos que tengan que ser archivados.

Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales enviaron la misiva a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, solicitándole que entregase su carta ayer a Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros, aunque el jefe del Ejecutivo se encuentra en Buenos Aires para participar en la reunión del G-20 y no estuvo en el Palacio de la Moncloa.

Las asociaciones recuerdan que el próximo jueves vence el plazo máximo de 36 meses para la instrucción de las causas declaradas complejas, en virtud de la entrada en vigor de la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y subrayan la necesidad de derogar ese artículo «para evitar la impunidad que, sin duda, provocará el archivo de las causas indicadas».

Gran preocupación

Las dos principales asociaciones de fiscales -Asociación de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales- trasladaron ya esta preocupación a los portavoces de Justicia de los distintos grupos parlamentarios, quienes hicieron caso omiso, y piden ahora al Gobierno de Pedro Sánchez que acuerde la derogación inmediata del artículo a través de un real decreto ante «las razones de urgencia».

Las asociaciones de profesionales de la Justicia aprovechan además su carta para reclamar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fije que son los jueces y los magistrados quienes eligen a la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los doce de extracción judicial.

El Partido Popular propuso esta modificación tras romper el acuerdo político alcanzado con el Gobierno socialista para renovar el actual Consejo General del Poder Judicial, pero el Ejecutivo ha defendido el sistema vigente, por el que la mitad de los vocales son elegidos por el Parlamento, representante de la soberanía popular.

Fuente: lavozdegalicia.es

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