Jueces y fiscales amenazan a Montoro con una demanda de conflicto colectivo

Las 4 asociaciones de jueces y las 3 de fiscales han enviado una carta al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y al de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro -a este de un modo especial porque es el que tiene la llave de la caja de los dineros del Estado y la decisión final- en la cual les conminan a convocar, en un plazo de 20 días, la llamada mesa de retribuciones, prevista en la Ley 15/2003, la cual sólo se ha convocado una vez en 15 años.

Si Montoro respondiera con el silencio, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI), por parte de los jueces, y de la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), por parte de los fiscales, amenazan con presentar un conflicto colectivo ante los tribunales, en defensa de sus reivindicaciones.

De acuerdo con fuentes de Confilegal, el ministro Catalá está en la línea de las 7 asociaciones pero Montoro tiene la última palabra.

“Expirado el plazo antedicho sin la correspondiente convocatoria, quedará constatado, ante las Asociaciones firmantes y ante la sociedad española el incumplimiento de la Ley por parte de esos Ministerios, destinatarios del presente requerimiento en particular, y del Gobierno de España, y permitirá a las Asociaciones firmantes, la reserva en y desde ese momento, de su derecho, llegado ese indeseable supuesto de incumplimiento legal, de proseguir por la senda de la exigencia al Gobierno de España del debido cumplimiento de la Ley”, dicen con toda claridad en su misiva.

Centenares de demandas ante los tribunales

En estos momentos centenares de jueces han presentado reclamaciones previas administrativas, reservas contenciosas, así como demandas por reclamaciones de guardias, días de descanso, de productividad por interinidad, de complementos de los JATS en órganos colegiados, todo contra Hacienda, que están obteniendo sentencias favorables en los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.

“El Tribunal Supremo confirmó en sentencia el derecho de los jueces a ser retribuidos por los días de descanso no disfrutados tras las guardias. No se pagan hasta que el compañero o compañera no interponen y ganan el consiguiente recurso. Te obligan a ir a los tribunales sí o sí para hacer cumplir ese derecho”, explican fuentes de las asociaciones.

“Tampoco se está pagando la disponibilidad de aquellos compañeros de partidos judiciales en los que tienen que hacer guardia de 7 días, mañana y tarde,  hasta el sábado y el domingo. A partir de las 8 se van a su casa, pero quedan en disponibilidad. Eso también se ha ganado y no se está pagando”, añaden. “Y lo mismo sucede con la productividad de las mujeres embarazadas. Esto no puede continuar así. Estamos muy cansados”.

En el documento las 7 asociaciones constatan que la estructura retributiva de ambas carreras responden a los fines de la citada ley/2003.

“No se ofrece un servicio público de calidad ni homologable al resto de la Unión Europea, pese al esfuerzo, sobradamente acreditado, de quienes desempeñan las funciones que ambas carreras tienen encomendadas”, afirman.

Por otra parte, el modelo retributivo “no fomenta el esfuerzo, ni la dedicación, ni es correspondiente a la alta función que nuestra Constitución encomienda a Jueces y Fiscales”.

Balance desalentador y decepcionante

En consecuencia, consideran que es necesario que desaparezcan “de facto de las categorías, los planes de reorganización de la Planta, el modelo de carrera que, a base de soluciones parciales y en ausencia de una concreta política de Estado propiamente dicha en materia de Justicia, va paulatinamente perfilándose, la inadecuación de los grupos de población, como referente fundamental en la determinación de las cuantías retributivas, que no han sufrido variación en quince años”.

Las 7 asociaciones recuerdan el balance “desalentador y decepcionante” de las reuniones mantenidas en el Ministerio de Justicia el 12 de diciembre y el 16 de enero pasado. Un Ministerio atado de manos por el de Hacienda, Cristóbal Montoro.

De ahí que ahora, llegado a este punto, que exijan la convocatoria de la mesa de retribuciones, como manda la ley. Y si no, los tribunales, primero. Sin descartar, de acuerdo con los acontecimientos, las movilizaciones o lo que es siempre el recurso final, la huelga.

Fuente: Confilegal.com

Descargar (pdf) Requerimiento Ministerio Hacienda y Justicia (AAJJ y fiscales)

Para la AJFV: Los jueces y magistrados de España llevamos décadas sufriendo el abandono de los otros poderes del Estado, los únicos que tienen potestad de dotarnos de medios materiales y personales y de velar por la independencia del Poder Judicial que, también, tal y como recuerda el Consejo de Europa, pasa por retribuir de manera digna a quienes imparten justicia. En los últimos años, el abandono ha estado acompañado de medidas legislativas y reglamentarias que únicamente han contribuido a hacer de este trabajo, tan vocacional y magnífico, una Carrera de obstáculos: adscripciones forzosas; congelación en los ascensos; falta de creación de nuevas plazas judiciales; precariedad laboral; inspecciones con sospechosas «instrucciones»; interpretación restrictiva de los derechos laborales de los jueces… Podríamos escribir líneas y líneas de agravios, tanto del Ministerio de Justicia como del Consejo General del Poder Judicial. No obstante, entre los múltiples desprecios y abandonos, la forma en la que se nos ha tratado frente a una exigencia legal como es la convocatoria de la Mesa de retribuciones de la Ley de 2003, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Se trata del desdén conjunto, infligido por Justicia y Hacienda. Nuestras reclamaciones son razonables, coherentes en atención a nuestra función, a la pérdida adquisitiva padecida. Nos han mareado con reuniones que se sabían estériles y nos han ofrecido «migajas». Y, en el colmo del desprecio, se niegan a reunirse y  a cumplir la Ley. El Poder Ejecutivo confunde educación y lealtad institucional con deber de sumisión. Esta iniciativa de las siete asociaciones de jueces y fiscales es el comienzo de una serie de acciones que impulsaremos. Es legítimo. Es justo.