Asociaciones de jueces y partidos de la oposición se muestran contrarios a endurecer las penas del Código Penal como forma de luchar contra el terrorismo.

Piden centrar los esfuerzos en mejorar la cooperación policial y la prevención del radicalismo

“En España hemos revisado nuestro Código Penal en dos ocasiones para combatir las nuevas formas del terrorismo yihadista y, si es necesario, volveremos a hacerlo en el futuro”. Así se expresaba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasado viernes en una comparecencia en Moncloa tras los atentados de Cataluña y un día antes de la multitudinaria manifestación de Barcelona.

El jefe del Ejecutivo argumentaba que dado que “los terroristas modifican sus comportamientos, nosotros debemos hacer lo propio“. Sin embargo, tanto las asociaciones de jueces -conservadoras y progresistas- como los partidos políticos consultados se muestran contrarios a esta posibilidad. La mayoría considera que la actual redacción del texto es suficientemente dura y subrayan la necesidad de mejorar la coordinación policial para prevenir la radicalización.

Desde el Partido Socialista, firmante del pacto de estado antiyihadista con el PP, descartan la necesidad de dar una nueva vuelta de tuerca al texto. “La última reforma del Código Penal es de 2015 y no deja huecos. Será la práctica de los tribunales la que nos pueda decir algo más. Pero, ahora mismo, tiene elementos suficientes para combatir el yihadismo”, asegura en conversación con Vozpópuli el portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, Juan Carlos Campo.

Este magistrado sevillano, experto en la materia y autor de una monografía sobre la última reforma en el ámbito del terrorismo, recuerda que el actual texto ya contempla “cuestiones como la  captación, la financiación, el adoctrinamiento activo y pasivo, el  enaltecimiento o la utilización de internet”. Además, subraya que “la nueva definición de terrorismo rebaja la necesidad de probar la pertenencia al grupo terrorista”.

Desde Podemos se muestran notablemente molestos con la sugerencia lanzada por el presidente del Gobierno. “Nos parece una irresponsabilidad que tras un atentado como este se haga una rueda de prensa anunciando a la ligera una cuestión sin concretar y sin hablar con ningún partido político”, advierte el diputado por Navarra y portavoz adjunto de la formación morada en la Comisión de Justicia, Eduardo Santos .

“Creemos que es un paso más en el populismo punitivo del Partido Popular, que pretende decirle a la sociedad que frente al miedo, tenemos como solución la reforma del Código Penal. Es una muestra de impotencia y es absolutamente reprochable en términos políticos, éticos y morales”, añade.

Nos parece una irresponsabilidad y un paso más en el populismo punitivo del Partido Popular”

Edu Santos, portavoz de Podemos en la Com. de Justicia

Por su parte, fuentes de Ciudadanos aseguran que la formación naranja “está dispuesta a estudiar medidas siempre dentro del marco del Pacto Antiterrorista“, aunque remarcan que lo “fundamental es la cooperación entre las policías europeas”. Sin embargo, dicen mantenerse “a la espera de que el Gobierno detalle lo que apuntó el Presidente”.

En este sentido, fuentes oficiales de Moncloa consultadas por este periódico han declinado hacer comentarios al respecto. Sin embargo, desde el grupo parlamentario popular en la Cámara Baja matizan que, de momento, no tienen ninguna propuesta concreta para cambiar la redacción del texto. En cualquier caso, dicen, estaría encaminada a incrementar las medidas de disuasión para aquellos que pretendan cometer atentados.

Los jueces, en contra

El portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, cuestiona la utilidad de endurecer aún más las penas. Al yihadista que está dispuesto a quitarse la vida para perpetrar su ataque, “lo último que le importa es el Código Penal español”, asegura. Actualmente, los delitos de terrorismo con resultado más grave están castigados con la pena de prisión permanente revisable. A ella se podrían enfrentar dos de los detenidos por los ataques de Barcelona, según un auto de este mismo viernes dictado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

“Esta figura supone la máxima pena que se puede concebir en nuestro ordenamiento jurídico con la Constitución en la mano”, advierte el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez. Este aspecto generó el rechazo del PSOE y es una de las razones por las que Podemos se niega a firmar el pacto antiyihadista, al igual que los independentistas catalanes del PDCat y ERC.

Por encima de esta pena únicamente estarían la cadena perpetua y la pena de muerte, ambas prohibidas por la Carta Magna. “En España tenemos la legislación antiterrorista más rígida y dura del mundo, tras muchos años sufriendo el azote de la banda terrorista  ETA“, insiste Rodríguez en declaraciones a este diario.

“Luchar contra el terrorismo no sólo supone cambios penales. Es preciso mayor prevención y colaboración policial”

Ignacio González, Jueces Para la Democracia

Lo cierto es que cualquier hipotética modificación de la norma requeriría un amplio consenso político. “No puede llevarse a cabo una reforma del Código Penal con una mayoría frágil, corriendo el riesgo de que otra mayoría eche atrás la reforma y sembrando así una inseguridad jurídica lamentable”, puntualiza el portavoz de la APM.

“La lucha contra el terrorismo no sólo consiste en cambios penales. Es precisa una mayor labor de prevención y más colaboración policial”, remarca por su parte Ignacio González, portavoz de Jueces Para la Democracia. Para ello se hace imprescindible compartir información entre los diferentes estados para la prevención precoz del terrorismo. “Ahí es donde debe radicar ahora mismo el foco de atención”, concluye Rodríguez.

Fuente: vozpopuli.com