“Justicia con la justicia”, artículo de Susana Gisbert, fiscal de la sección de Violencia Sobre la Mujer de la Fiscalía de Valencia

Imagino que solo con leer el título sabrán de lo que hablo. O eso espero, vaya, que entre juego de reinas, másteres desmasterizados y chilenas que no son de Chile ya no sé muy bien en qué nos fijamos.

Como decía, espero que se enteraran que el pasado jueves fiscales y jueces de toda España salimos a la puerta de nuestras respectivas sedes para leer un manifiesto pidiendo justicia para la Justicia. Así como suena.

Y ojo, que no éramos ni uno ni dos, sino un setenta por ciento, nada menos. Y, además, haciendo gala de un ejercicio insólito en nuestro país: ponernos de acuerdo. Las cuatro asociaciones judiciales, las tres de fiscales, y la gente no asociada.

Pero es que hay cosas que claman al cielo, y ésta, sin duda, es una de las que claman a gritos, porque con buenas palabras no hemos logrado nada.

El manifiesto leído simultáneamente en toda España tiene catorce puntos, pero solo haré un resumen. Reivindicamos medios materiales y personales, sistemas informáticos que sirvan para algo más que para agotar nuestra paciencia, dotación de plazas y de juzgados que acaben con el colapso, y garantías de independencia que dejen de arrojar sombras y de poner obstáculos a nuestra labor. Cosas que da vergüenza siquiera tener que reclamar.

Y sí, también reclamamos nuestros derechos laborales. Derecho a trabajar en condiciones de seguridad física y psíquica adecuadas, de tener permisos y derecho a conciliación como todo el mundo y de recibir un sueldo acorde con nuestra función y nuestro siglo, que ya ni recordamos cuando empezamos a perder poder adquisitivo. Porque sin unas condiciones dignas para administrar Justicia, poco justa acabará siendo ésta. Y no podemos seguir en silencio, conformándonos con eso de que «en casa del herrero, cuchara de palo».

Por si alguien tiene dudas, ilustraré con algunos ejemplos. No tenemos reconocido el permiso de paternidad como todas las personas, porque no cambiaron nuestra ley. Quienes ingresan en la carrera no tienen plaza fija hasta muchos años después, y andan de Herodes a Pilatos, cubriendo parches aquí y allá con lo que supone para cualquier proyecto de vida. Y, pese a que juran en arameo que van a crear más plazas, las convocatorias no alcanzan ni para cubrir jubilaciones, y hay escasas posibilidades de sustituciones en bajas. Por no hablar de que hay quien cobra por hora de guardia cantidades ridículas.

Si no es para levantarse toga en alto, que venga Dios y lo vea. Y de paso, que nos eche una manita, que se nos amontonan los expedientes.

Susana Gisbert es fiscal de la sección de Violencia Sobre la Mujer de la Fiscalía de Valencia.

Fuente: elmundo.es