LA AJ FRANCISCO DE VITORIA CONDENA EL INTENTO DEL CONSEJERO DE JUSTICIA DE CANARIAS SR. BARRAGÁN DE ACALLAR LA VOZ DE LOS JUECES DE TENERIFE.

Conocido que el Gobierno de Canarias proyecta trasladar las sedes judiciales de Santa Cruz de Tenerife a más de 11 km de donde se ubica el actual Palacio de Justicia, lejos del centro administrativo de la ciudad, en un lugar que presenta graves problemas de comunicación, todo ello con claro perjuicio para los ciudadanos, que precisan de una Justicia próxima y accesible, por tratarse de administración presencial, es comprensible que se haya generado una fuerte corriente de opinión adversa entre todos los afectados: funcionarios, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados, procuradores… Y, como entre los profesionales a quien afectaría el traslado, qué duda cabe, se encuentran los jueces y magistrados allí destinados, es bien lógico que, en su nombre, el decano y el presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, siguiendo el mandato de sus respectivas juntas, hayan encarado el problema exponiendo en público los muchos y serios reparos que suscita la iniciativa, siempre dentro del marco de la lealtad institucional, a diferencia del Sr. consejero que llegó a publicitar su decisión sin convocar previamente la Comisión Mixta, trámite preceptivo que había sido solicitado formalmente por esta Asociación.

Por todas estas razones sorprende que la reacción del Sr. Barragán, consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, sea presentar una queja ante el Promotor de la Acción Disciplinaria contra el decano y el presidente de la Audiencia, acusándoles de cometer una infracción disciplinaria al criticar su plan.

Es reprobable que la queja manipule los hechos y notable muestra de ignorancia que el quejoso califique la crítica de sus administrados como presión inaceptable pero es, sobre todo, preocupante que un consejero de Justicia quiera cercenar un ejercicio de libertad de expresión tan lógico de quienes tan solo le han confrontado razones que le corresponde escuchar, como, de igual modo, tendrá que soportar que se revise si sus decisiones se ajustan a derecho, lo que mal puede interpretarse como amenaza o presión, vivimos por fortuna en un Estado de Derecho.

Este Comité Nacional quiere recordar que la crítica a las decisiones de los poderes públicos que afectan a la recta administración de justicia es para los jueces un derecho y un deber fruto del compromiso activo para mejorar la Justicia que integra nuestra responsabilidad y que no pueden ni deben penalizarse de ningún modo.

En Madrid, a 22 de mayo de 2017.

EL COMITÉ DE COORDINACIÓN NACIONAL

Descargar(PDF)Comunicado Canarias