En la Justicia, a favor de quitar aforamientos, pero con matices

Jueces, fiscales y abogados recuerdan que ser aforado no significa tener impunidad, aunque casi todos los consultados consideran que la cifra de “privilegiados” es muy elevada.

La posibilidad de que muchos cargos públicos dejen de estar aforados acorta distancias entre los políticos y los ciudadanos, al menos un poco y en teoría. Ser aforado no significa tener impunidad, sino que a “la autoridad” la investigan y juzgan órganos judiciales distintos a los que lo hacen al resto de la población. La reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias contempla ya esa posibilidad y es un referente a nivel nacional. Ahora se estudia su aplicación en todo el país.

El exdecano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife Víctor Medina opina que lo ideal es que “dejaran de ser aforados para todo tipo de procedimientos, pero limitar la eliminación a aquellos hechos que no tengan relación con la actividad política me parece una reforma escasa, de pequeño calado”. Apunta que el cambio “no incluiría inicialmente los casos de corrupción”, por lo que cree que, “si van a reformar la Constitución”, es una buena oportunidad “para quitar los aforamientos”. Estima que los únicos que deben tener ese tratamiento son la Familia Real, el presidente del Gobierno estatal y los autonómicos, ministros, así como los presidentes del Tribunal Supremo y del Constitucional. El exdecano del colegio tinerfeño advierte de que “los aforamientos no significan impunidad, sino que cambian las reglas de distribución de los asuntos; es decir, quién investiga y quién juzga, pero” los acogidos a esa figura “no son impunes, como se tiende a pensar por una parte de la opinión pública”.

El presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Joaquín Astor Landete, afirma que “soy partidario de estudiarlo seriamente y a fondo”. Considera que la medida supondría igualar el sistema español al existente en la mayoría de la Unión Europea, “donde apenas existe aforamiento”. Para Astor Landete, en España el modelo “está totalmente desorbitado”, ya que puede haber unos 250.000 aforados, de los que 230.000 pertenecen a los cuerpos de seguridad, y unos 17.600 son políticos. Señala que los jueces y fiscales suponen un porcentaje muy pequeño. Aclara que el cambio se debe afrontar igual que se unifica la legislación en otras materias. Pero realiza un matiz sobre los jueces o magistrados, “donde concurren circunstancias especiales, pues protege un derecho constitucional, como es la figura del juez natural, que viene predeterminada por la Ley”. Pone el ejemplo de que, si se eliminara esa protección, un ciudadano podría presentar una denuncia contra un juez o un magistrado que no le interesa por cualquier motivo e, inmediatamente, la autoridad judicial debe ser apartada de ese proceso. Y eso independientemente de que la denuncia esté fundamentada o tenga carácter torticero, apunta. A juicio de Astor Landete, si se elimina el aforamiento para jueces y magistrados, se debe exigir al denunciante que interponga una querella criminal y con afianzamiento. Dice que, de esa manera, al menos, se dificultaría la eliminación del juez de un determinado caso. Aboga por reforzar los mecanismos de control previos de tales querellas, con un análisis de pruebas para que se pueda determinar, al menos indiciariamente, si la citada denuncia vulnera el derecho constitucional o, por el contrario, es seria y razonable.

La fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Almendral, recuerda que ser aforado no significa tener impunidad. Señala que no está totalmente a favor de que se elimine dicha figura, que consiste en que determinados cargos públicos deben ser juzgados por una instancia superior. Dice que, con el actual sistema, ha habido cargos públicos condenados.

Juan Carlos González Ramos es portavoz en Tenerife de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria. Afirma que, tradicionalmente, “se ha defendido el sistema de aforamientos como un mecanismo más de garantía de la independencia de determinados cargos, para evitar posibles acusaciones instrumentales”. Comenta que, en los últimos años, esta figura se ha usado como un elemento para entorpecer investigaciones relacionadas, muchas veces, con la corrupción, en los que personas aforadas se entremezclaban con otras que no lo eran. Advierte de que, por ese motivo, se dificultaba en gran medida el panorama procesal y dilataba la tramitación de las causas, “lo que ha determinado el descrédito del aforamiento en general, sobre todo cuando el número de aforados en España es excesivamente elevado con relación a otros países” de Europa. González Ramos piensa que dicha figura ha terminado “siendo percibida en la opinión pública como un auténtico privilegio, perdiendo toda razón de ser y justificación en una democracia madura como la española”.

La Asociación Francisco de Vitoria “valora positivamente toda iniciativa tendente a la supresión o, cuando menos, a la drástica reducción del número de aforados”, siempre y cuando su ámbito de aplicación no se extienda a delitos que no guarden relación con la actividad pública que pudiera justificar el aforamiento”.

Alejandro Nieto, enfermero jefe.

“Estoy a favor de la postura del PP”

Alejandro Nieto afirma que está en contra de quitar los aforamientos y se muestra partidario de la postura que adopta el PP. Considera que el actual Gobierno del PSOE debería afrontar otros proyectos de futuro de carácter urgente en lugar de esa propuesta.

Santiago López, autónomo.

“A favor de que se quiten los privilegios”

Santiago López se posiciona a favor de que se retiren los privilegios, ya que “me parece muy mal que políticos y otros cargos públicos puedan ser investigados por unos tribunales diferentes a los del resto de ciudadanos; el proceso debe ser el mismo para todos”.

Candelaria González, esteticién.

“No debería haber ni para la Familia Real”

Candelaria González de Mesa está a favor de que se quiten los aforamientos, “porque todos somos iguales ante la Ley”. Indica que “me parece bien que no haya privilegios, ni tan siquiera para los miembros de la Familia Real española”.

Fuente: eldia.es