La libertad de expresión en internet está en peligro no sólo porque nos amenace constantemente la censura administrativa, sino porque la sociedad parece haber dado ese poder a las plataformas y redes sociales. Incluso nosotros mismos nos autocensuramos por temor al ciberacoso. Por tanto, es más importante que nunca reivindicar la libertad de expresión.

¿Recuerdan el caso de los tuits de Cassandra, procesada por delito de odio y más tarde absuelta? ¿O de los tuiteros que se rieron de un pequeño enfermo de cáncer  que quería ser torero? También fueron procesados y más tarde absueltos. La «judicialización de la vida pública» preocupa a la magistrada Natalia Velilla, una de las ponentes en una mesa redonda sobre la tutela de la libertad de expresión en internet organizada por el Foro de Gobernanza de Internet en España (IGF Spain).

Velilla alertó sobre el problema que supone ponerse a legislar sin hacerlo de forma mesurada: «Se ha difuminado lo que se entiende vulneración de la libertad de expresión, especialmente en lo que se refiere a los delitos de odio, cuando en muchos casos se trata de contenido simplemente inmoral o de mal gusto«. «Vamos, que puedes decir en internet que eres machista y hasta presumir de ello, es de mal gusto pero no delito».

En la misma mesa, el abogado y profesor Borja Adsuara confesó que a él lo que más le preocupa es la censura de «lo políticamente correcto», la censura moral («¿por qué no podemos ver pezones femeninos y sí masculinos?», se preguntó), o la de los anunciantes que no quieren pagar anuncios en vídeos de gente grosera».

Aunque para él, la peor de todas es la autocensura por temor a los trolls y las masas anónimas ‘enfurecidas’ que pueblan las redes. «Parece que están ganando lo que quieren tapar bocas, y parece que cada vez están más organizados», razonó.

«¿Cuándo hemos aceptado que nos bloqueen contenidos? ¿Cuándo hemos renunciado a la libertad de expresión?»

Ambos expertos afirmaron, además, que parece que hemos ‘delegado’ como sociedad en las plataformas de internet la capacidad de decidir qué es publicable y qué censurable. «Tenemos derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, pero son las empresas de internet las que se ven obligadas a ser policía y juez: a la primera te bloquean, dependiendo de la red social», recuerda Adsuara, que apunta que «es preocupante que en la UE se esté pidiendo que la eliminación de contenidos inadecuados se realice más y más rápido».

A todo esto, ¿qué es un contenido ‘inadecuado’? «Entramos en el terreno de lo moral, no de lo legal», apunta este abogado, que se pregunta: «¿Cuándo hemos aceptado que nos bloqueen contenidos? ¿Cuándo hemos renunciado a la libertad de expresión?»

Velilla también considera que el derecho a la libertad de expresión está ‘sustraído’ en las redes sociales, en la mayoría de los casos: «Se cercena constantemente sin la intervención de un juez». Con un dato que agrava aún más la situación: «No es delito cercenar la libertad de expresión», recuerda esa magistrada, «por lo que cuando te ‘denuncian’ masivamente una cuenta ésta puede ser bloqueada y es algo que nada tiene que ver con el derecho fundamental».

«Para entendernos», acota la juez, «las redes sociales son como discotecas con derecho de admisión, solo que en éstas últimas ese derecho tiene límites y en las redes sociales, no». Porque al final cuando abrimos una cuenta en una red social firmamos un contrato de adhesión en el que adeptamos todos sus términos y condiciones —que nadie lee— en bloque: son lentejas, o las tomas o las dejas. Y eso da un enorme poder a las plataformas.

El abogado Santiago Menéndez-Abascal Cabiedes, asesor legal de Google, defendió la importancia de que exista un equilibrio entre la moderación de contenidos y libertad de información. Y recordó que el gigante de internet tiene como principal misión «ordenar a información del mundo y hacer que sea universalmente accesible y útil».

Consciente de la responsabiidad de Google, este abogado consejero recordó que existen muchas herramientas reactivas —restricciones granulares, señalamiento de bulos, evitar su eco a un sector de la población, etc. — y proactivas que realiza la compañía.

«Hay ya tecnología muy sutil para la detección de contenidos no apropiados, pero también hay 10.000 especialistas para una revisión humana», afirmó, para recordar que la definición de qué es o no censurable es una tarea de todos, «una responsabilidad compartida con autoridades, legisladores, académicos, ONG…».

Internet fragmentada

Otra mesa redonda que tuvo lugar en la jornada del del IX Foro de la Gobernanza de Internet en España giró en torno al riesgo de que la situación de inestabiidad internacional sea la excusa perfecta para aumentar el control y regulación de la red por parte de los Gobiernos, algo que ya sabemos que es una mala idea para la libertad de expresión.

Para Christoph Steck, director de Public Policy & Internet de Telefónica, existe una capa social en la que los Gobiernos se ven frustrados porque «la globalidad de internet no encaja para nada con el sistema político, que es muy tremendamente territorial». Pero además existe una capa técnica que para él es «más peligrosa»: la tensión entre el modelo EEUU-Occidental y el Chino-oriental «conduce a dos mundos tecnológicos». Eso sin contar con la desconexión Rusa.

La solución que propone Rafael Pérez Galindo, subdirector general de Servicios de la Sociedad de la Información, pasa por preguntarse si la ICANN (que nació en 1998) puede evolucionar para afrontar nuevos retos. «Hay que evolucionar, debatir y ampliar el alcance de la soberanía digital o de la fragmentación de internet: ya no es una lucha por recursos escasos, sino una lucha de valores«.

«Ya no es una lucha por recursos escasos, sino por unos valores»

El aporte más realista y concreto fue el de la abogada Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas, una entidad que en sus 21 años de vida ha tenido que bregar con varios gobiernos de diferente color. «La mejor forma de no tener crisis es evitarlas», aseveró, y añadió: «La legislación tiene que ir por detrás de la realidad y de la tecnología, y es que tiene que ser así; estamos viendo que hay legislaciones demasiado estrictas, rápidas, fruto de una obsesión por el control de todo esto«.

Mientras, Felix Arteaga, investigador principal en el Real Instituto Elcano, considera que «se ha perdido algo la inocencia» y «hay información que no viaja tan libre». Centrado en lo qué circula por internet, Arteaga afirmó que «la riqueza son los datos, que son fuente de influencia, de control y de poder en última instancia».

Este experto observa que los Estados han entrado en esta forma de instrumentalización, de modo que los datos se han convertido en «armas». «La información no se va a librar de esto, ya se usa información para analizarla y usarla frente a terceros».

De esta forma, existe una nueva centralización de servicios, no encontramos lo que queremos en los buscadores sino lo que otros quieren que encontremos, se fragmenta la información, surgen burbujas, tenemos controladores nuevos (como los influencers).

«Parece que se está digitalizando el conflicto social, y es preocupante porque ya sabemos que es posible influir en sociedades para perturbar el orden«, comentó.

Así las cosas, no es de extrañar que exista una lucha permanente sobre el control de la única infraestructura realmente mundial que ha generado el ser humano.

Fuente: publico.es