Lo bueno del Sistema Judicial es que está mejor que el año que viene

Tres jueces de tres de las cuatro asociaciones que existen en España analizan un sistema al que le faltan jueces, le sobran abogados y sufre injerencias.

26/02/2018

  • Los políticos no influyen en todos los jueces, pero sí en los suficientes
  • Decir cuántos políticos condenados por corrupción han sido indultados sería bochornoso
  • Sobran abogados y pleitos y es necesario cambiar los partidos judiciales

La justicia que no entiende el pueblo no es buena justicia. Es una versión de la frase que dijo alguien y que viene como anillo al dedo en estos días. No se entiende que quien se apropia de nueve millones de euros, seis de ellos del erario público no vaya a la cárcel y quien se apropia de 300 euros sí lo haga. Eso tiene un sentido jurídico –o al menos se espera que lo tenga por el bien de la Justicia y de la democracia- pero el pueblo no puede percibirlo como justo. Y eso es malo. Muy malo. Como una bomba de relojería.

El problema es que no se trata sólo de casos y cosas que se pueden comentar en el quinto poder en que se han convertido las redes sociales y por ende, convertirse en sentencias paralelas que más pronto que tarde terminarán provocando la explosión social.

El problema es que existe un problema de fondo, estructural, que son las diversas partes de esa bomba de relojería cuyo reloj avanza inexorablemente para atrás. O sea, que los efectos tienen sus causas, esas causas están perfectamente localizadas y no sólo no se desactivan sino que se avanza parcheando sobre un chasis desvencijado a punto de romperse.

¿Cuál? Un Derecho que se basa en gran parte en la legislación decimonónica retocada mil veces, pero con los vicios arrastrando durante decenios. Si la Justicia es la percepción de cada sociedad de lo que debe ser el bien común, el pecado está en que la sociedad se asienta sobre pilares nuevos cada vez y la Justicia se mantiene en los pilares viejos.

No es una opinión. Son conclusiones a las que llegan –esas y muchas más- tres jueces representantes de sendas asociaciones de jueces de España que han dejado manifiestamente claro –y unánimemente, salvo algún que otro matiz que no cambia el fondo- que España tiene un sistema judicial manifiestamente mejorable, que no es tan malo como se piensa ni tan bueno como debiera ser, pero que padecer graves patologías que, para más inri, no se tratan adecuadamente. Algunas no se tratan. Ni mal, ni bien.

Manuel Jesús Madroñal Navarro, juez perteneciente a la Asociación Profesional de la Magistratura; Francisco Pleite Guadamillas, de la Asociación Jueces Francisco de Vitoria y Conrado Gallardo Correa, del Foro Judicial Independiente  (faltó por enfermedad el representante de Jueces y Juezas por la Democracia, fueron moderados por el abogado valenciano Francisco de Asís García González en un acto más organizado por la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de San Fernando.

Fue este último quien introdujo el debate poniendo ya el punto en uno de los momentos clave que han llevado a una de las situaciones actuales que más daño están haciendo a la percepción de la Justicia por parte de la ciudadanía –y de los propios jurídicos- y de la que vienen muchos lodos.

La razón de ser el Consejo General del Poder Judicial, que era la de garantizar la independencia de uno de los pilares del Estado y que estaba perfectamente formulada en 1980, sufrió un duro cinco años más tardes con una reforma que llevó a la interpretación de que si la justicia emana del pueblo y el pueblo es representado por el Parlamento, la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial se podía hacer desde el Parlamento. Y así se abrió la caja de Pandora de muchos de los males.

Hoy en día el Poder Judicial, venían a decir, no cumple su cometido, está fuertemente politizado y para ponerlo un poco peor, la aprobación parlamentaria de que los jueces pudieran entrar en política y reingresar en la carrera judicial una vez terminada esa etapa –aprobación con un voto en contra en todo el arco parlamentario- ha complicado las cosas sobremanera, no por el número de afectados, sino por los cargos que asumen luego en la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

¿Cuál es la importancia de esa Sala Tercera del Tribunal Supremo, cementerio de elefantes y carta de pago de favores pasados, presentes y futuros? Pues que esa Sala Tercera del Tribunal Supremo es la que se encarga de los asuntos que afectan al Gobierno. La virtud se les supone, pero la alargada sombra de la mujer del César les resta transparencia.

Los políticos tienen muchos mecanismos para influir en la Justicia, decía Conrado Gallardo, a la sazón el más contundente de los tres magistrados –por no decir radical en el exacto sentido de la palabra- a la hora de denunciar las situaciones.

El CGPJ vigila a los políticos para que no influyan en los jueces, que es su cometido, pero no puede garantizar esa independencia. Es verdad que los políticos no influyen en todos los jueces e incluso que el número de influenciados es mínimo en comparación con los que mantienen su independencia. El problema es que influyen en “los suficientes” y además, por su calidad, en los que necesitan en momentos determinados.

Eficacia

Pero eso es en lo que afecta a los grandes casos de trascendencia general por tratarse de asuntos públicos y de interés general, que hasta donde llega la prensa. Y a otros que no se conocen pero que están ahí. ¿Pero y la Justicia del pueblo, la que llega al ciudadano y la que el ciudadano sufre?

Las cifras pueden dar una idea del problema sin entrar en muchos pormenores –los jueces procuraron y lo consiguieron, hablar al ciudadano de a pie- de lo que hay y de lo que se puede esperar.  El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha calificado el sistema judicial actual como “insostenible” y “poco operativo”. Las ratios hablan por sí solas.

En España existe un 12,6 jueces por cada cien mil habitantes, cuando en los países europeos la media es del 21,6. España ocupa el sexto lugar por la cola en número de jueces entre la Europa de los Veintisiete. Es necesario doblar el número de magistrados y lo que es peor, no existe ninguna iniciativa sobre la mesa en estos momentos, lo que indica que no se va a solucionar en un decenio salvo que a alguien le dé “por hacer juez a todo el que pasa por la calle”.

¿Cómo funciona la Justicia española con este número de jueces? Pues independientemente de que todavía trabajan con los expedientes “en el carrito del Mercadona” porque lo de la justicia digital no pasa de los escaneados de documentos “con el índice escrito con bolígrafos”, la única solución es trabajar más, dictar más sentencias y hacerlo bajo la presión del tiempo, que es lo que los políticos miden, su obsesión.

Andalucía, además, es una de las comunidades autónomas con más litigiosidad y tiene 942 jueces y magistrados (5.600 en España), un 12,2 por cada cien mil habitantes. Las ofertas que pone sobre la mesa el Gobierno no dan ni para cubrir las bajas por jubilación y a ello se une otro de los grandes problemas de la Justicia en España. Se transfirieron las competencias en Justicia a las CCAA, pero se transfirieron a la mitad, de forma que el Gobierno central nombra a los jueces y las CCAA pagan las instalaciones.

¿Y qué ocurre, o está ocurriendo, en determinados casos? Que las CCAA se niegan a gastar más dinero en instalaciones judiciales, por lo que al no haber juzgados nuevos no son necesarios titulares para esos juzgados. Y no hay oferta pública. Y no aumenta el número de jueces.

Las cosas se solucionan con parches, una de las conclusiones más escuchadas en la mesa redonda. Si ahora hay un problema con las cláusulas suelo, se crean juzgados específicos para tratar las cláusulas suelo, pero la dotación del juzgado se hace con un juez en práctica que cobra mil euros, un letrado de la Administración de Justicia y cinco funcionarios.

Ojo al dato. En Cádiz ese juez en prácticas se encontró sobre la mesa con 2.541 casos que resolver. Si además a los políticos lo que les interesa es el tiempo, pobre del ciudadano al que le toque un juez inexperto o con un volumen de trabajo imposible de manejar.

¿Cuál es la solución a muchos de los problemas de la Justicia, o al menos una de las soluciones? Los tribunales a distancia contando con los medios de comunicación y transferencia de documentos actuales (hay que dejar atrás el carrito del Mercadona?

Pero a esa solución le vuelve a salir un problema.  Los alcaldes, los políticos, son reacios –por decirlo de una forma suave- a una redefinición de los partidos judiciales porque nadie quiere que le quiten el juzgado de su pueblo e incluso piden más juzgados. Entre otras cosas porque el sistema judicial sigue estando anclado, en lo físico y en lo legal, en el siglo XIX.

“¿Cómo se puede hacer la declaración de la Renta con el móvil y la Administración de Justicia esté en una situación tan penosa”. También daban la respuesta. La Justicia es algo que afecta directamente a pocos ciudadanos y obviamente, no une voluntades suficientes para presionar. La Sanidad afecta a casi todos y la Sanidad ha mejorado cien veces más que la Justicia.

Los tres jueces presentes en el auditorio no sólo expusieron los problemas de la Justicia, sino soluciones a cada uno de esos problemas. Y conste que sólo hablaros de una docena de problemas de los cientos que tiene la Justicia.

Y una de las conclusiones unánimes es que faltan jueces preparados y sobre todo, menos litigios. Y ahí entra el tema tabú que “algunos abogados serios están tratando” pero del que poco se habla. Por no decir nada.

En un sistema en el que cada una de las resoluciones puede ser recurrida sin que el procedimiento avance, los recursos a las decisiones judiciales forman una de las principales fuentes de alimentación de la ingente cantidad de abogados que existen en España, 145.000 aproximadamente y esperando que todos los licenciados en Derecho que no ejercen –suelen estar en la política- no pidan convertirse en abogados. O sea, no decidan ejercer.

La subsistencia de los abogados está en la existencia de pleitos y aprovechan todos los resquicios para prolongar los procesos, tanto los penales como los civiles. “Es un problema social grave y complejo” porque se basa en demasiados criterios arbitrarios para su funcionamiento. Por eso, la propuesta de poner un numerus  clausus en la profesión levanta ampollas. Pero el problema está ahí.

Más males. La formación de los funcionarios no es la adecuada. El jurado popular queda muy bien en un país sin tradición de jurado popular que además cuesta 6.000 euros y encarece aún más la Justicia cuando al final es el juez el que tiene que acotar la decisión del jurado popular. Y cada Comunidad Autónoma tiene diferentes sistemas y medios y cualquier solución que se quiera dar pasa por poner de acuerdo a un ministro, doce consejeros y el doble de cargos inferiores alrededor de una mesa. Que además no llegan a un acuerdo.

Sí hubo discrepancias en uno de los temas de los que hacen daño al sistema democrático y al propio sistema judicial. Mientras el representante del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, consideraba que era una prerrogativa del pasado y que sólo se debería usar en muy contadas ocasiones, con lo que estaba de acuerdo Francisco Pleite, el representante de la Asociación Profesional de la Magistratura, Juan José Parra, lo consideraba un “contrapoder” al Poder Judicial, que podía equivocarse también. Pero igualmente mantenía su uso con cautela y en caso muy personalizados.

Claro que el problema social del indulto no su procedencia y su uso, sino los números. El moderador, el abogado Francisco de Asís García, dijo que si se pusieran sobre la mesa la cantidad de políticos condenados por corrupción que han sido indultados, se podría originar un problema social y político (político menos porque son todos tiene por lo que callar) de mucha envergadura.

Y ahí es donde se vuelve –para cerrar este apretado resumen sobre dos horas largas de debate- al golpe de timón de los partidos políticos en 1985. Ese concepto adulterado de que si la soberanía emana del pueblo y del pueblo emana el Parlamento, el Parlamento, que es el poder Legislativo, puede elegir a los miembros del Poder Judicial. Al menos a los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Conclusión de los jueces: “No estamos tan mal, pero lo mejor es que estamos mejor de lo que estaremos el año que viene”.

Conclusión de los ciudadanos. Hay que confiar en las personas que administran justicia. Al fin y al cabo son una exigua minoría los que pueden ser manipulados y el general de la ciudadanía no suele verse las caras con ellos. Lo que es bueno… o malo.

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Fuente: andaluciainformacion.es