Los jueces admiten la pérdida de apoyo social: “Nos quieren cortar el cuello a todos”

«El Poder Judicial está sufriendo una crisis que está demostrando la fragilidad del sistema». Claro, conciso y directo. He aquí las palabras de Raimundo Prado Bernabéu, magistrado y portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda más numerosa entre las cuatro asociaciones que existen en el colectivo jurisdiccional, con 865 afiliados.

En pleno debate sobre quiénes serán los 12 magistrados y ocho juristas que se sienten en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante los próximos cinco años, y quién será el presidente de este órgano de los jueces, los profesionales de la Justicia española manifiestan su preocupación por el «descrédito» que «la torpeza» del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, cometió con la reciente sentencia relativa a los impuestos de las hipotecas.

«Me entristece que la sociedad nos quiera cortar el cuello a todos porque la Sala Tercera del Supremo haya montado este circo. Es injusto». Celso Rodríguez Padrón, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -la más numerosa, con más de 1.300 afiliados-, no se muerde la lengua al asegurar que los jueces españoles se sienten «injustamente considerados por la sociedad».

«No puede extrapolarse el resultado de un asunto concreto a la credibilidad que merece la carrera judicial en su conjunto», prosigue, sin pasar por alto que los tribunales españoles resolvieron más de seis millones de casos en 2017. «No se puede caer en una descalificación global de la Justicia», advierte este magistrado, que es de los que defiende que «no hay ninguna injerencia espúrea» en el Poder Judicial y que «en España, la Justicia no tiene ningún problema de independencia». «Es una realidad y pongo la mano en el fuego», sentencia, pese a que reconoce, no obstante, que existe «desconfianza por parte de la sociedad por el menoscabo que causa la independencia judicial» debido a la manera en que se designa a los vocales del CGPJ y al presidente.

Para el portavoz de la asociación mayoritaria de jueces y magistrados, «la credibilidad del sistema judicial se resiente», pero no por casos como la sentencia de las hipotecas o la independencia, sino por «la lentitud de la respuesta al ciudadano». «La Justicia española es tardía» y «hay descontento por parte de la sociedad hacia nosotros».

Sin embargo, hay magistrados que sí consideran que «existe un descaro político» en la elección de los vocales del órgano de los jueces y que éstos no acceden por pertener a una asociación, sino por amistad. «Ahí entra el que es amigo del político. Y eso es vergonzoso», reconoce Raimundo Prado, a menos de un día de que concluya el plazo para presentar a los candidatos.

Este magistrado, que desempeña su trabajo en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, tiene claro que en España hay dos grupos de jueces. «Los que cumplimos con nuestro trabajo, tenemos nuestra vida, somos gente normal en todos los sentidos, pero nos dedicamos a un trabajo difícil» y «un sector que está compuesto por muy pocos jueces y que la gente confunde con lo que es la Justicia». Es este grupo el que «hace que la sociedad crea que somos de un partido o de otro», señala el portavoz de la AJFV.

En esta misma línea se pronuncia Ignacio González, magistrado del Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid y portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la tercera asociación más numerosa, con entorno a 500 afiliados. «Hay una Justicia para ricos y otra para el resto de los ciudadanos», manifiesta con rotundidad.

Este magistrado también es de los que piensa que la Justicia está desacreditada, pero por casos como el ocurrido en el Alto Tribunal con la sentencia de las hipotecas. «La mala gestión que se ha hecho sobre este asunto hace que planee en la sociedad la sospecha de que los poderes económicos influyen en las decisiones del Supremo y por tanto en la Justicia». Para González, la desconfianza de los ciudadanos hacia el Poder Judicial crece «a pasos agigantados» y «el sistema de elección de los vocales del CGPJ no es la panacea a los problemas que presenta la Justicia».

«Hay jueces, con cargos importantes y de diferentes asociaciones y tendencias ideológicas, que opinan lo mismo que yo. Estamos preocupados», reconoce el portavoz de JJpD, que no pasa por alto que los profesionales judiciales se enfrentan a un escenario en el que «junto al descrédito de la clase política está el de los jueces». «Tenemos la función de controlar los abusos del poder y garantizar los derechos de los ciudadanos», defiende.

“Hay interés oculto para desprestigiar el sistema”, advierte un catedrático

«Llevo 31 años de carrera y he venido notando un maltrato institucional continuo». He aquí la opinión de Concepción Rodríguez González del Real, juez de menores de Madrid y presidenta del Foro Judicial Independiente (FJI), la asociación más joven, con 16 años de vida. «En España ya no hay separación de poderes», advierte con resignación, pero reivindicando con urgencia deslindar el Poder Judicial del Ejecutivo y el Legislativo.

«El órgano de gobierno de los jueces es elegido por el Poder Legislativo. Siempre ha sido así, pero no se da una respuesta adecuada porque todas las respuestas son una vuelta de tuerca a la independencia judicial», reprocha esta magistrada, que es consciente de que «hay un reparto entre los dos grandes partidos y ninguno lo quiere soltar». «Esto es un asalto al Poder Judicial, a controlarlo. Y todo porque en España no hay una mentalidad democrática en la que los mecanismos de control deben funcionar y ser independientes», defiende.

La presidenta y portavoz del FJI califica de «anómala» la gestión que el Supremo hizo del caso de las hipotecas y es contundente al reconocer que le parece «absolutamente vergonzoso lo que ha pasado en el Tribunal Supremo». «Esto te demuestra que el sistema no funciona y hay que modificarlo». Sin embargo, es consciente de que cuando el PP o el PSOE «se ven en el poder y ven que pueden controlar el Poder Judicial, no quieren modificar la ley porque les da mucho poder».

«Cuanto peor esté el Poder Judicial, mejor para ellos; cuanto más intervenido esté, mejor para ellos», denuncia la magistrada Rodríguez, alertando de que el sistema tiene «un problema estructural» y «el PP y el PSOE están atrincherados en que no quieren modificar el sistema de elección» de los vocales del CGPJ

«Se han dado una serie de factores que están demostrando que el sistema judicial no funciona. Tiene unos fallos internos que se han querido ocultar», en palabras del portavoz de la AJFV.

Dicho esto, los catedráticos universitarios también coinciden con los profesionales judiciales. Es el caso de Julio Banacloche, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Complutense de Madrid. «Tendemos a magnificar las cosas», advierte en relación a las consecuencias negativas que ha supuesto la sentencia de las hipotecas para el Poder Judicial. «La Justicia es mucho más que un problema concreto», precisa, dejando claro que «a quien hay que pedir responsabilidad no es a los jueces, sino al legislador», ya que «los tribunales se limitan a resolver un conflicto interpretando la norma». «Hay intereses ocultos para desprestigiar al Poder Judicial y, en particular, al Supremo», concluye este profesor.

La guinda la pone Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal en la Complutense. «No se puede cuestionar la credibilidad del Poder Judicial por una falta de habilidad por parte del presidente de la Sala Tercera. El Poder Judicial son millones de sentencias todos los años, bien hechas y bien motivadas». «El nivel de la magistratura española es muy bueno», reivindica, para aplaudir que «son muchos jueces y muy competentes».

Fuente: elmundo.es