Los jueces de Cataluña denuncian la falta de apoyo del Gobierno frente a los ataques de los separatistas

  • Critican que se “pongan en duda” decisiones judiciales y exigen una “defensa férrea” de su labor frente a los ataques de los separatistas
  • Llarena concluye la investigación del 1-O y suspende como diputados a Puigdemont y otros 5 procesados

Los jueces y fiscales destinados en Cataluña se sienten cada vez más solos. La herencia en el plano legal del 1-O son «centenares de causas judiciales repartidas por toda la geografía de Cataluña», según constata el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, en la memoria anual de esta institución. Sin embargo, los reconocimientos y el apoyo político que están teniendo brillan por su ausencia, según explica la mayoría. Al contrario, los jueces en Cataluña denuncian el desamparo que sufren ante los ataques del separatismo y por las altas cargas de trabajo que colapsan algunos juzgados.

Barrientos acudió en noviembre del año pasado a recoger el premio a la independencia judicial Federico Carlos Sáinz de Robles, que otorga bienalmente la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria y que en la edición del año pasado fue para el colectivo de jueces que ejercen en Cataluña, por su papel determinante en la defensa del Estado de derecho y el orden constitucional durante los meses de septiembre y octubre de 2017.

Se trata de uno de los pocos reconocimientos que ha habido a la labor de los jueces ante el procés. La mayoría de miembros de la Judicatura y fiscales destinados en Cataluña confiesan que han pasado un año muy difícil, no sólo por lo vivido con el 1-O, la declaración de independencia y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sino por el ataque a su profesionalidad que han sufrido por parte del independentismo.

El Palacio de Justicia de Barcelona, sede del TSJC, la Fiscalía Superior de Cataluña y otros edificios judiciales han sido escenarios de protestas cada vez que se ha llamado a declarar a algún dirigente del proceso soberanista. De ahí hacia arriba, se han producido roturas de cristales y pintadas amenazantes. También se han colocado lazos o cruces amarillas en las inmediaciones de los juzgados. Y lo más grave de todo: las amenazas directas que han sufrido dos magistrados que llevan causas importantes relacionadas con el 1-O, Pablo Llarena (Tribunal Supremo) y Juan Antonio Ramírez Sunyer (Juzgado 13 de Barcelona).

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Cataluña, Pablo Baró, denuncia que en los últimos meses ha aumentado la presión sobre los jueces por parte de sectores de la sociedad catalana, principalmente cuando han actuado frente a incumplimientos normativos de la Generalitat o el Parlament. Afirma que las pintadas o la ruptura de cristales «no son casos aislados» y señala: «No soy tan ingenuo para creer que no hay conexión entre representantes públicos catalanes y estos hechos». La APM pide al Ministerio de Justicia un complemento de destino «por circunstancias especiales».

Un cementerio de cruces amarillas colocado juzgo a los juzgados de Terrassa (Barcelona).

Presión soberanista

Los jueces y magistrados catalanes se sienten abandonados ante la presión soberanista. «El Estado no puede consentir que el Poder Judicial se debilite en Cataluña», dice Baró, que añade que «es un error sobreexponer a los tribunales ante el desafío secesionista». Del Gobierno, denuncia que «no se puede consentir que no haga una férrea defensa del Poder Judicial» y dice que «en ningún caso debe poner en duda las decisiones judiciales». En este sentido, buena parte de la Judicatura está dolida por los comentarios de varios ministros sobre la futura sentencia contra los procesados por rebelión, sobre la inconveniencia política de la prisión preventiva e incluso sobre un posible indulto tras el juicio si hay condenas.

«El Gobierno no debe meterse en temas jurisdiccionales», indica una fuente judicial que considera que, en la situación actual, con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa y el proceso de deshielo con los nuevos representantes de la Generalitat «parece que molestemos».

La principal preocupación de los jueces es la pérdida de confianza en las instituciones, más cuando se cuestiona su lealtad e imparcialidad desde diversos sectores. «Es una situación incómoda», explica el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria en Cataluña, Jesús Gómez. Gómez reivindica la independencia de los jueces y magistrados en su ejercicio profesional y remarca que las decisiones políticas sobre el procés no influyen en sus decisiones. Sin embargo, considera que el colectivo se ha sentido «atacado como poder del Estado».

La portavoz en Cataluña de Jueces y Juezas para la Democracia, Montserrat Comas, asegura en cambio que no han recibido quejas de compañeros por la situación política en Cataluña más allá de los «lamentables» ataques a sedes judiciales y el «acoso personal» a dos magistrados. Por su parte, Xavier González de Rivera, de la asociación creada hace unos meses Àgora Judicial, defiende que los políticos puedan opinar sobre resoluciones judiciales, ya que de momento se habla de «posibilidades» ante una hipotética sentencia sobre la causa por rebelión. Además, asegura que los jueces hacen su trabajo con independencia pese a que salgan personas a manifestarse a las puertas de los juzgados.

Lo cierto es que en Cataluña siguen faltando jueces. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde mitad de 2016 hasta ahora se han marchado de los partidos judiciales catalanes a otros del resto de España 26 magistrados y han ido ocho. Dieciocho menos.

La APM presentó otras cifras sobre traslados aún más «preocupantes». La entidad indica que desde septiembre del año pasado a junio de este 2018 se han marchado 22 magistrados y han ido cuatro a Cataluña. Àgora Judicial, sin embargo, considera que «no es verdad que en Cataluña se hayan marchado más jueces por el proceso soberanista» y recuerda que la falta de profesionales es «un mal endémico» en la comunidad.

Jueces para la Democracia admite que existe una «preocupación muy alta» por la situación política, pero no cree que existan más peticiones de traslado que años atrás. Desde la Francisco de Vitoria sí se reconoce que hay «un goteo» de traslados, ya que hay jueces o magistrados.

Los fiscales en Cataluña también han vivido con intensidad este año posterior al 1-O. El portavoz de la Asociación de Fiscales en Cataluña, Roberto Valverde, explica que hay compañeros que han pensado en irse pero que no pueden, ya que apenas hay opciones de traslados. «No se crean plazas», asegura Valverde.

Virginia García, de la Unión Progresista de Fiscales, detalla que tras el 1-O «se vivieron momentos de tensión» y «muchos jueces y fiscales se vieron desde luego defraudados en su confianza tras años de importante e intensa colaboración». Sin embargo, remarca que «un año después creemos que lo importante es ir recobrando siempre la normalidad institucional».

Recomponer puentes

Desde el TSJC también se trabaja para recomponer puentes con las administraciones catalanas. En la Memoria de la máxima institución judicial catalana se recuerda que en 2017 no se pudo realizar la comparecencia del presidente Barrientos ante la Comisión de Justicia del Parlament ya que no fue convocado “dados los singulares avatares políticos vividos en sede parlamentaria durante los referidos meses”. Tampoco se hizo, ni el año pasado ni éste, el acto de Apertura del Año Judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña “sin duda el más emblemático de los actos judiciales que se celebran en el Palacio de Justicia” por “la situación política vivida en Cataluña durante los meses de septiembre y octubre de 2017”. Incluso durante las semanas de máxima tensión, el tribunal ordenó que la Policía Nacional custodiase el Palacio de Justicia junto a los Mossos d’Esquadra.

La Memoria detalla que el año pasado, las relaciones del TSJC con el Departamento de Justicia “se mantuvieron fluidas y cordiales, en el marco de la deseada colaboración institucional, durante la primera mitad del año 2017. Lo que no se mantuvo a partir del verano y hasta el cierre del ejercicio”. El presidente del TSJC y la nueva consellera de Justicia, Ester Capella, han iniciado la recuperación de las relaciones institucionales que pasa por la colaboración en materia de recursos humanos y materiales, ya que la Generalitat es competente, así como la convocatoria de la Comisión Mixta entre las dos administraciones para afrontar las necesidades de los partidos judiciales catalanes y los profesionales que trabajan.

Fuente: elmundo.es