Los jueces y fiscales piden la “inmediata dimisión” de Rafael Catalá

Muchas han sido las reacciones que se están produciendo a las palabras de Catalá con que critica al juez del caso de La Manada que quiso absolverlos

En pocas ocasiones las siete asociaciones de jueces y fiscales han alcanzado un consenso tan unánime e inmediato. Las declaraciones este lunes del ministro de Justicia han provocado una contundente petición de dimisión de Rafael Catalá después de que este asegurara que el juez que emitió un controvertido voto particular en la sentencia del caso La Manada tiene “un problema singular” que no ha desvelado y que, según sus afirmaciones, “todos conocían”. El titular de Justicia remató la jugada —que ha levantado una indignación general— considerando que el Consejo General del Poder Judicial(CGPJ) debió actuar “preventivamente” contra el magistrado.

La reacción por parte de los representantes de los miembros de la judicatura y la carrera fiscal, de todos los colores, conservadores, de centro o progresistas, no se ha hecho esperar. A última hora de la mañana de este lunes, solo unas horas después de las palabras del ministro, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, la Asociación de Jueces y Juezas por la Democracia (JJPD), la Asociación de Jueces ‘Foro Judicial Independiente’, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales reclaman a una que se aparte de sus responsabilidades.

“El ministro de Justicia, en unas nuevas declaraciones con motivo de la denominada sentencia de La Manada, insinuó públicamente que debería haberse actuado preventivamente contra el magistrado que dictó el voto particular, verbalizando que el magistrado ‘tiene un problema’ y que ‘todos los saben’, sembrando públicamente dudas sobre la capacidad y condición de dicho magistrado. La intromisión del Ejecutivo en las labores que le corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial (tales como la tutela o el impulso de la labor disciplinaria) y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia”, comienza la nota oficial.

El comunicado considera intolerable la injerencia de Catalá desde el Ejecutivo al judicial. “Hoy es por el juicio de La Manada pero mañana puede serlo por cualquier actuación que no sea del agrado del ministro o de su Gobierno. Este es el verdadero peligro: la utilización de la resoluciones judiciales por el Ejecutivo y la confusión intencionada de intereses electorales con lo que debería ser su labor como miembro de un poder del Estado, esto es,respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones. Por eso, exigimos una vez más la dimisión del ministro de Justicia, cuya reprobación ya fue demandada por otro de los poderes del Estado, como es el legislativo”, finaliza, con la firma de las principales asociaciones de jueces y fiscales de España.

Representantes de las dos asociaciones mayoritarias han ahondado en los detalles de su crítica más allá del comunicado. El presidente de la APM, Manuel Almenar, ha asegurado en declaraciones a El Confidencial que la Justicia en España funciona, gracias al esfuerzo de todos, “comenzando por jueces y fiscales, que desarrollan su labor de forma independiente y sujetos exclusivamente a la ley”. “Quizás eso no sea del agrado de algunos responsables políticos o ‘consejiles’, o no se adecue al sentir social en un momento dado, pero es lo que nos garantiza la democracia y la convivencia pacífica“, dice.

Añade que ceder a criterios de oportunidad política o al populismo social supone estar condenados “a revivir el pasado”. “La discrepancia con las resoluciones judiciales se vertebra a través de los recursos legalmente establecidos. Nuestros jueces, que han sido nombrados por sus méritos y no por designio, favores o amistad de nadie, trabajan cada día por una Justicia mejor. Confiemos en ellos”, añade.

Por su parte, el portavoz de JJPD, Ignacio González, ha reprochado al ministro que parezca desconocer “la separación de poderes” y que haga demagogia en sus valoraciones sobre la sentencia sin el debido rigor. Desde la asociación Francisco de Vitoria, en la misma línea, aseguran que el ataque de Rafael Catalá “está contextualizado en lo que ha sido su trayectoria hasta la fecha como ministro de Justicia”. “En sus casi dos años de mandato, ha demostrado que no entiende al poder judicial ni sabe qué es la separación de poderes“, dicen. “Sería de esperar, de un ministro de Justicia, que sepa abstraerse de lo que le puede convenir políticamente de ejercer la función que le corresponde: la defensa de la separación de poderes y el equilibrio de poderes”, agregan.

La reacción de las asociaciones nacionales no ha venido sola. También los jueces de Navarra han emitido su propio comunicado. En la misma línea, han reclamado la “inmediata dimisión” del ministro. En esta segunda nota, los jueces y magistrados señalan que “especialmente escandalosa resulta la actitud del ministro de Justicia, señor Catalá, único ministro reprobado en nuestra democracia, quien sabiendo que el Consejo General del Poder Judicial no puede actuar en el ejercicio de la función jurisdiccional, con una clara intención de confundir a la ciudadanía y movido por intereses exclusivamente políticos, ha solicitado que se exijan responsabilidades disciplinarias e incluso ha insinuado abiertamente que el magistrado firmante del voto particular ‘tiene algún problema singular que todo el mundo conoce”.

Ambos comunicados se refieren a lo sucedido en mayo de 2017. Hace ahora un año, todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, votaron a favor de su reprobación junto a las del fiscal general del Estado en ese momento, el fallecido José Manuel Maza, y el fiscal jefe Anticorrupción de la etapa, Manuel Moix, que después se vio forzado a dimitir por el escándalo de su sociedad en Panamá. Una mayoría de 207 diputados avaló la moción liderada por el PSOE, en la que se le acusaba de tomar decisiones para “obstaculizar la acción de la Justicia en las causas judiciales por delitos relacionados con la corrupción”.Fue la primera vez en la historia que el pleno del Congreso de los Diputados reprobaba a un ministro.

Los vocales del CGPJ defienden al juez

Por su parte, el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Juan Manuel Fernández aseguró este lunes que “no había ningún motivo” para actuar contra el juez que emitió el voto particular en el caso de La Manada, Ricardo González, antes de su participación en este polémico fallo. En declaraciones a La Sexta, Fernández se refería a lo insinuado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien señaló que en Navarra “todos saben” que este magistrado “tiene algún problema singular” y el CGPJ podía haber actuado “preventivamente”.

“El Consejo no ha actuado porque no ha habido ninguna actuación disciplinaria contra el magistrado González“, sentenció el vocal, quien aseguró que “no había ningún motivo” para tomar medidas sobre ese magistrado antes de su intervención en el juicio. Fernández, quien declinó hacer más consideraciones sobre el tema para “no alimentar la confrontación por las declaraciones del ministro Catalá“, recordó, no obstante, que “la posibilidad de abrir un expediente” a un juez por un pronunciamiento “se ha dado en ocasiones”. No entra a valorar si este podría ser el caso.

Otro de los vocales del CGPJ, José María Macías, contradijo al ministro Catalá y aseguró que “el Consejo no conoce ningún expediente abierto del magistrado González“, asegurando que la clave de la sentencia a La Manada es “cuando explica cuándo hay prevalimiento y cuándo intimidación”. Macías defendió a González y asegura que los castigos conocidos que se le imputan solo tienen que ver con acumulación de papeleo: “Sí que he oído que le expedientaron por retrasos, pero suele pasar, por circunstancias profesionales o incluso personales, puedes tener una época donde vas más retrasado”.

Por su parte, muy contundente se mostró el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, con el ministro Catalá que, a su juicio, “hace un flaco favor a la separación de poderes“. El número dos de Albert Riveracompareció este lunes en la sede del partido y cargó contra el titular de Justicia al entender que “se pueden modificar las leyes” pero “no señalando y atacando a jueces, ni tampoco interfiriendo en la independencia del CGPJ”. Villegas insistió en que el ministro no es quién para decirle al órgano de gobierno de los jueces lo que tiene o no tiene que hacer, y recordó que Catalá “es un ministro reprobado” que con estas declaraciones “nos da la razón a los que le reprobamos”. El secretario general naranja insistió en que es necesario“diferenciar” las opiniones de los ciudadanos sobre un fallo judicial, “que es normal criticar una resolución”, y las de los dirigentes políticos.

Críticas por parte de los fiscales

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, criticó por “improcedentes” las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en las que manifestó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debería haber actuado contra el juez discrepante de la sentencia de La Manada. Poco después, en una entrevista con COPE, Dexeus señaló que “no le parecen procedentes” las declaraciones de Catalá en las que, según ella, “dejó caer al CGPJ que sancione al magistrado que emitió un voto particular”.

Asimismo, resaltó que los fiscales se sienten “incomprendidos” por la reacción de la sociedad tras la sentencia de La Manada e indicó que tienen “el deber de ser didácticos y explicar a la ciudadanía” que se celebró “un juicio justo, con magistrados independientes“. En relación a la reforma del Código Penal, Dexeus señaló que no es partidaria de hacerlo “en caliente”, sino desde “el sosiego y la reflexión“. Con todo, recordó que el texto actual recoge un abanico de posibilidades muy diversas y que “la línea entre intimidación y violación es muy delicada, hay muchos matices” y “el Código Penal no recoge casos concretos”.

Además, las cuatro asociaciones judiciales tildaron de “irresponsables” e “intolerables” las declaraciones de Catalá. Desde Jueces y Juezas para la Democracia (JJPD), su presidente, Ignacio González, explicó que no se puede generar sombra de duda en los jueces que ejercen su función y que si supiera de la existencia real de este problema lo que tendría que haber hecho es ponerlo en conocimiento del órgano de gobierno de jueces. “Las resoluciones judiciales se combaten con los recursos. No se puede hacer esta declaración ruin en la cual se pone en duda su eficacia”, precisó González en referencia a las manifestaciones hechas por el titular de Justicia.

Debería ser más prudente a la hora de lanzar este tipo de juicios de valor subliminales, entre otras cosas, porque no es responsabilidad suya.

En la misma línea se pronunció el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez, que le reprochó que atribuya pasividad al CGPJ en el control de los jueces. “Debería ser más prudente a la hora de lanzar este tipo de juicios de valor subliminales porque, entre otras cosas, no es competencia del Ministerio de Justicia”, apuntó. La presidenta de Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, aseveró que la conducta de Catalá es “absolutamente reprochable” y le acusó de no haber respetado la separación de poderes.

“Es incendiario e irresponsable, y si hubiera algún tipo de cuestión corresponde al CGPJ tratarlo; se trata de una violación de la independencia judicial”, apostilló. A juicio de Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), el ministro sembró la duda con afirmaciones “muy graves” que, de ser verdad, tendría que haber puesto en conocimiento del CGPJ antes de que se produjera la sentencia. En la misma, el juez emitió un voto particular a favor de la absolución de los acusados al entender que no quedaba probado el abuso sexual continuado por el que les ha condenado el tribunal.

Fuente: elconfidencial.com