Los jueces, entre la espada de la sociedad y la pared de Catalá: “No tenemos voz”

Lamentan que el Gobierno no les dote de las herramientas necesarias para mejorar mientras la sociedad se muestra especialmente crítica con sus decisiones.

A España le gustan las crisis. Solo así se explica que, una vez superada la fosa económica, y sin resolver aún la cuestión identitaria, la sociedad haya decidido abrir el melón de la Justicia, uno de los pocos estamentos, junto a la monarquía, que se había mantenido incólume desde la Transición. En semana hemos vivido dos protestas históricas. La primera, el 26 de abril, congregó a una multitud de ciudadanos ante el ministerio de Justicia en protesta por la sentencia de La Manada. La segunda, ayer, estuvo protagonizada por jueces y fiscales, hartos del ninguneo al que les han sometido los distintos gobiernos.

El paradigma de la judicatura ha cambiado en diez días. Sus sentencias, antaño sagradas, han comenzado a criticarse en las redes sociales, desatando una ola de indignación que llevó a algunos a pegar la cara de Ricardo Gonzálezel magistrado disidente en el caso de La Manada, en las paredes del ministerio. Ahora se debaten en la calle los matices jurídicos entre agresión y abuso sexual. Incluso la ONU y el parlamento europeo quieren opinar. Para colmo, el lunes el ministro Catalá se alineó con las protestas señalando a González como “una persona con un problema singular“.

Los jueces trinan. Sus asociaciones aúnan la voz para gritarle al Ejecutivo. Se sienten manoseados e injustamente juzgados por parte de la sociedad.

Los jueces están que trinan. Sus asociaciones han aunado la voz para gritarle al Ejecutivo. Se sienten manoseados por los políticos e injustamente juzgados por parte de la sociedad: “Los jueces no nos quejamos de que nuestras sentencias sean leídas y criticadas, es incluso saludable para la democracia”, dice Celso Rodríguez Padrón, magistrado en la Audiencia Provincial de Madrid, “pero sí reclamamos que se respeten ciertos límites. El lunes, cuando se publicó la sentencia, contemplé con enorme desazón la ola de críticas que se desató a los pocos minutos, sin siquiera haber leído el texto. Se acusó a los magistrados de no dar credibilidad al relato de la víctima, incluso en pancartas durante las movilizaciones, cuando hay treinta páginas de la sentencia argumentando por qué se le da la máxima credibilidad. A los que entonan ese ‘hermana, yo sí te creo’, habría que decirles ‘y los jueces de Navarra también'”.

El magistrado Celso Rodríguez Padrón.  (Carmen Castellón)
El magistrado Celso Rodríguez Padrón. (Carmen Castellón)

“La sociedad es libre de criticar lo que quiera, a mí me preocupa más el papel de nuestros representantes, que a los que puedo exigir responsabilidad”, dice Natalia Velilla, magistrada en Madrid. “La semana pasada Pablo Iglesias, un representante público, tuiteó contra la sentencia de La Manada 32 minutos después que se conociese el fallo. Son casi 400 folios, o tiene una capacidad lectora sobrehumana o es que está hablando sin saber”, continúa. “Y después viene el ministro de Justicia a insinuar, repito, a insinuar, que un juez tiene un problema que todos conocemos. El ministro tiene vías para actuar contra ese presunto problema, pero prefiere insinuar en la radio, algo que es absolutamente impropio de su cargo. Catalá es un ministro ineficiente e ineficaz que ni siquiera sabe medir sus palabras ante los micrófonos”, dice la jueza.

“Estamos completamente desprotegidos y no tenemos voz. Las asociaciones judiciales estamos tomando el papel del CGPJ, desaparecido ante la mayor crisis mediática en la historia del poder judicial, respondiendo al ministro y dando la cara ante la sociedad”, dice Velilla. “No vivimos de espaldas a la sociedad. Los jueces entendemos que la sensibilidad está cambiando y que ahora tenemos que explicar nuestras sentencias, cada día se nos pide más que acudamos a los medios para hablar de ellas. Pero no tenemos ninguna estructura para comunicarnos con la sociedad, no existen los portavoces judiciales. Lo estamos articulando a través de las asociaciones de jueces, aunque ese no es su papel”.

Respeto y lentitud

Ignacio González Vega, magistrado en el Juzgado de lo Penal, cree que no ha sido una circunstancia, sino un cúmulo de ellas, las que han hecho saltar la chispa: “La sociedad española vive muy tensionada en estos momentos y un caso tan visceral como el de La Manada puede desatar reacciones como la que hemos vivido. Además, se ha entendido la sentencia como un golpe al movimiento feminista que se reivindicó el 8 de marzo, lo que ha podido agravar la situación”.

España tiene uno de los códigos penales más duros del mundo.

Cuando se apela a la víscera, como ha sucedido en Pamplona, una parte de la sociedad, independientemente del proceso judicial, siempre va a considerar la pena insuficiente. Y, cuando las calles arden, los políticos se ponen de lado. ¿Es este un juego al que no pueden ganar los jueces? “Es que los jueces no tenemos que ganar ni contentar a nadie. Nosotros tenemos que resolver un conflicto, lo que implica que siempre va a haber una parte descontenta. Esto nunca ha sido un problema porque vivimos en un país con separación de poderes y las sentencias judiciales se respetan. El problema viene cuando los representantes de las instituciones hablan en público como si no entendiesen cómo funciona nuestro sistema de separación de poderes”, dice González Vega.

¿Son capaces los magistrados de abstenerse el ruido mediático a la hora de juzgar? “Somos conscientes de lo que se dice, pero estamos entrenados para que eso no influya en nuestras sentencias”, dice Rodríguez Padrón, que es optimista con el estado de la judicatura: “La sociedad debe saber que la Justicia española no está politizada. Que es independiente. Que no hay una Justicia para ricos y otra para pobres. Pero también que tiene uno de los Códigos Penales más duros del mundo y que no podemos volver a caer en otra catarata de modificaciones para endurecen las penas por una sentencia que, para colmo, ni siquiera es firme”.

El magistrado de la Audiencia Provincial prefiere pensar más allá de estos episodios y hacer hincapié en mejorar las reformas de la judicatura: “¿Sabes qué es esto?”, dice mostrando unas tarjetas rosas, “son las notificaciones de los acuses de recibo de las cartas certificadas que se envían a los citados al juzgado. A veces el cartero tiene que ir tres o cuatro veces a entregarla”, lamenta. “¿Ves esto?”, dice levantando una gruesa carpeta de folios, “es parte de un sumario que tiene 17.000 folios. Cuando me lo llevo a casa tengo que transportarlo en un carrito, del coche al escritorio, porque aquí no usamos ‘pen drives’“.

La magistrada Natalia Velilla. (Carmen Castellón)
La magistrada Natalia Velilla. (Carmen Castellón)

“Y, si tengo que comunicarme con otro juzgado de España, no puedo hacerlo por correo electrónico ni por las distintas plataformas informáticas, porque muchas no son compatibles”, explica Rodríguez Padrón. “Con esto quiero decir que, aunque ahora hablemos de La Manada, la principal crítica de los españoles a la Justicia es su lentitud, la que se mantiene año tras año en el CIS. Y tienen razón, porque estamos descoordinados y manejándonos con papeles y formas de comunicarnos de hace décadas”.

“Necesitamos más fiscales. Necesitamos más jueces. La litigiosidad se disparó durante la crisis y no se amplió nuestra plantilla, pero ahora es necesario no solo para mejorar nuestra eficacia y tardar menos, sino para realizar una labor que la sociedad nos está demandando, más didáctica y orientada a explicar nuestros razonamientos y sentencias. Ahora mismo, tal y como está la situación, un juez es una persona que no hace nada más en la vida que escribir sentencias y estar con su familia, no tiene tiempo para nada más. Sufrimos el mayor recorte retributivo y no hemos recuperado nada. ¡Si somos los únicos profesionales de España que tenemos quince días por paternidad!”, zanja Velilla. Si nada cambia, jueces y fiscales irán a la huelga el próximo 22 de mayo.

Fuente: elconfidencial.com