La resolución dictada por la Sala de lo Contencioso del TSJ de Cataluña no es más que continuación de las decisiones ya adoptadas por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional al resolver sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña y obliga a la Generalitat a adoptar medidas conjuntas y globales para convertir el castellano en lengua vehicular.