El “problema singular” de Catalá con los jueces

EL PAÍS reúne a representantes de las cuatro asociaciones judiciales para debatir sobre su choque con el ministro por el caso La Manada.

Ignacio González Vega, de JJPD; Natalia Velilla, de AJFV; Celso Rodríguez Padrón, de AMP, y Concepción Rodríguez, de FJI. ULY MARTIN

La sentencia que condena por abuso sexual, pero no por agresión, a los cinco acusados de violar en grupo a una joven durante los Sanfermines de 2016 ha generado una reacción social y política sin precedentes contra los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra que juzgaron el caso y han dictado la sentencia. Las asociaciones profesionales de jueces han salido en defensa de sus compañeros y se han unido para pedir la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por insinuar que uno de los magistrados, que pidió la absolución de La Manada, no estaba capacitado para participar en el juicio porque tenía “un problema singular”. EL PAÍS ha reunido a representantes de las cuatro asociaciones (Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente (FJI) para hablar sobre la repercusión de este caso.

1- El ministro “irresponsable”.

Las asociaciones de jueces han calificado de “temeraria” la actitud del ministro por cuestionar de oídas al magistrado Ricardo González, autor del voto particular de la sentencia de La Manada. “Sus manifestaciones superan cualquier actitud que se pueda considerar razonable para un ministro. Arrojó dudas, murmullos, rumores sobre la cualificación de un magistrado”, afirma Natalia Velilla, de la Asociación Francisco de Vitoria. “Es inaceptable”.

Las asociaciones coinciden en que las críticas de los ciudadanos a las sentencias son positivas, pero no por parte de los responsables políticos, porque pueden poner en duda la separación de poderes.

Concepción Rodríguez (FJI): “Los políticos, sobre todo los que tienen una responsabilidad institucional, deben evitar abstenerse de cualquier comentario que pueda quebrantar la confianza de los ciudadanos en la justicia. Por eso las manifestaciones del ministro son irresponsables y creemos que debe dimitir”.

Ignacio González Vega (JJPD): “El ministro sí tiene limitada la libertad de expresión a criticar las resoluciones judiciales. No es como cualquier otro ciudadano, sino que es titular de uno de los poderes del Estado, forma parte del poder Ejecutivo, y criticar una resolución es desconocer el principio de separación de poderes”.

Las palabras del ministro superan cualquier actitud razonable. NATALIA VELILLA

Las asociaciones judiciales aseguran no tener claro a qué obedecieron esas afirmaciones de Catalá aunque el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia sospecha de “fines electorales”. “La sociedad española está muy concienciada de los temas de género. El 8-M el Gobierno estuvo dubitativo y ahora el ministro trata de situarse con esa parte importante de la sociedad, lo cual nos deja a nosotros en un papel difícil”, afirma González Vega.

Para el portavoz de la APM, Celso Rodríguez Padrón, “no existe causa que justifique una imputación velada” como la que hizo Catalá contra el juez del voto particular. Rodríguez Padrón recuerda las palabras del ministro: “Todos saben que este juez tiene un problema singular”. Y apostilla: “Pues yo no sabía nada, muchos compañeros me consta que tampoco y hemos indagado y resulta que nadie sabe nada de lo que se supone que todos sabíamos”.

En este juicio no se ha producido el quebranto de ninguna garantía. CELSO RODRÍGUEZ PADRÓN

2- “Desamparados” por el Poder Judicial

Las asociaciones critican la tibieza del comunicado de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras el ataque del ministro Catalá al magistrado discrepante. “Me pareció que las palabras del ministro merecían un mayor reproche. E incluso una comparecencia del presidente del CGPJ ante la prensa reprochando esas palabras y amparando la labor de los jueces”, señala Natalia Velilla, de la Francisco de Vitoria.

Según los portavoces, en los últimos tiempos las asociaciones se han visto obligados a ejercer la función de protección de los jueces que corresponde al CGPJ. “Nos hemos visto muy desamparados por el órgano de gobienro de los jueces, que es nuestro representante institucional. Pero está desaparecido, no solo en este caso. Y esto es una sensación que tenemos los jueces en general, no las asociaciones”, asegura Velilla.

Los cinco acusaddos ya estaban condenados por el veredicto popular. IGNACIO GONZÁLEZ VEGA

Y añade el progresista González Vega: “El primer comunicado lo emitió el presidente del CGPJ [Carlos Lesmes], cosa que no entiendo tampoco. La función primigenia del CGPJ es defender a los jueces en la independencia de su función jurisdiccional. Ha habido casos claros de un juez atacado con un cargo político y que el CGPJ no ha salido a defenderle. En este caso, el comunicado del presidente va a la zaga del nuestro, cuando el Consejo debería ser el primero en salir a defender. Y no entendemos tampoco que salga Lesmes solo, es una prueba de que este es un consejo presidencialista”.

Por una sola sentencia no debe reformarse el Código Penal. CELSO RODRÍGUEZ PADRÓN

Según los representantes de las asociaciones, este “desamparo institucional” les ha llevado a emitir comunicados sobre los ataques a jueces que, admiten, pueden generar una imagen de corporativismo “Se nos ha achacado a los jueces estar encerrados en la torre de marfil, cuando sin duda alguna en todos los colectivos públicos los jueces somos los que más expedientes disciplinarios soportamos con diferencia. La actividad inspectora sobre los jueces y el ejercicio de la potestad disciplinaria en esta carrera es indiscutiblemente el más alto de la función pública en España. Esa imputación de corporativismo está también infundada”, se defiende Rodríguez Padrón. “Cuando un juez comete un delito, como puede ser la prevaricación, los jueces somos contundentes”, añade Velilla.

Quizá yo hubiera visto agresión sexual, pero el abuso no es descabellado. IGNACIO GONZÁLEZ VEGA

3- La sentencia y el voto particular.

A las asociaciones les preocupa la reacción inmediata y generalizada que ha desatado esta resolución judicial.

Celso Rodríguez Padrón (APM): “Hay que lanzar un mensaje a la sociedad. En este juicio no se ha producido ningún quebranto de ninguna garantía ni en cuanto a la composición de la sala ni al pleno ejercicio de las facultades jurisdiccionales de cada uno de sus miembros. Sé que esto es muy difícil de entender ahora a la luz de las críticas, pero que nadie dude de las garantías que se han seguido en este proceso, cuyo pronunciamiento, además, no es firme, está aún pendiente de dos recursos si las partes así lo deciden”.

Endurecer las penas no reduce los delitos, sino que los aumenta. CONCHA RODRÍGUEZ DEL REAL

Los representantes de las asociaciones coinciden en que el tribunal que juzgó la supuesta violación grupal de los Sanfermines tenía ante sí un caso complejo. “Probablemente yo, visto ese relato de hechos probados, hubiera condenado por agresión al apreciar que hubo intimidación, pero no me parece descabellado el prevalimiento, está fundamentado en sentencias del Supremo”, señala Ignacio González, el portavoz de JJPD.

Concepción Rodríguez: “Al ponente de la sentencia lo conozco y es una persona con una formación profunda en derecho penal y con conocimientos del derecho comunitario, una persona que estoy convencida de que ha estudiado muchísimo esa resolución. ¿Que puede ser revocada?, pues sí, para eso están los recursos”.

Hay que explicar al ciudadano las resoluciones judiciales. NATALIA VELILLA

Ignacio González cree que en este caso ha podido faltar “pedagogía”. “Se echa en falta que desde los órganos oficiales hubiera una explicación de la sentencia, de las diferencias entre una cosa y otra”, afirma. “Cualquiera era consciente de que una sentencia absolutoria o un voto particular pidiendo la absolución era algo que no era del sentir mayoritario de la población. Pero los jueces son profesionales y tratan de abstraerse de esa presión mediática”, añade el portavoz de JJPD.

Debemos ser muy escrupulosos con la presunción de inocencia. CONCHA RODRÍGUEZ DEL REAL

Natalia Velilla (Francisco de Vitoria): “El día que deje de haber votos particulares así, nos tendremos que preocupar como sociedad. Cuando tuve noticia de la sentencia, lo primero que me vino a la cabeza fue ‘qué valor, qué valor tiene‘, porque sabiendo la que se le iba a venir encima ha sido capaz de hacer este voto particular”.

Ignacio González: “La forma en que se ha llevado el tema de La Manada estaba siendo muy respetuosa con los derechos fundamentales. Se ha preservado la intimidad de la víctima y se ha intentado preservar la de los acusados. Pero el papel de los medios de comunicación ha sido importante a la hora de establecer un juicio paralelo. De tal manera que sí que es verdad que estos cinco ya estaban condenados por el veredicto popular antes de que se leyera la sentencia”.

La fuerte presión social y mediática sobre este caso se reavivará seguro cuando, primero el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, y luego el Supremo, revisen los recursos de las partes contra la condena. A los representantes de las asociaciones les preocupa esta presión, pero están seguros de que no influirá en el resultado. “Que no tenga nadie la menor duda, tengo la absoluta confianza de que las dos sedes que quedan por conocer de los recursos tomaran la decisión que tengan que tomar por mucho que les cueste”, afirma el portavoz la APM. Mientras ese momento llega, Concepción Rodríguez, la presidenta del FJI pide que se respete la protección de la presunción de inocencia de los condenados. “Tenemos que ser especialmente escrupulosos con ello”, afirma.

La reacción que ha generado el caso de La Manada ha llamado incluso la atención fuera de España, donde muchos medios se han hecho eco de las concentraciones y protestas en la calle. Pero no es la primera vez en los últimos meses que una decisión relacionada con la justicia saca a la calle a miles de personas. Ha ocurrido con las causas abiertas contra los líderes independentistas catalanes o en el caso de Gabriel, el niño de Almería asesinado, presuntamente, por la novia de su padre. La representante de la Asociación Francisco de Vitoria considera que la popularización de las redes sociales y la rapidez con la que la información circula por Internet suponen “un reto” al que el poder judicial debe dar respuesta. “Quien primero da la noticia es quien la siembra, luego ya es difícil construir otra cosa. Hay que explicar a la ciudadanía las resoluciones judiciales. Porque al ciudadano no se le puede exigir que debata las sentencias desde un punto de vista jurídico, las debate desde lo que siente. Contra eso no se puede luchar”.

4- Populismo punitivo

La reacción social a la sentencia de La Manada llevó al Gobierno a anunciar al día siguiente una reforma del capítulo sobre delitos contra la libertad sexual del Código Penal. Los portavoces discrepan sobre la conveniencia de esta reforma en caliente. Concepción Rodríguez, de FJI, reconoce que la actual redacción crea “problemas de interpretación” a los jueces: “Muchos de nosotros hemos tenido problemas a la hora de aplicarlos” y su “complejidad” hace “muy costoso y difícil poder argumentar una condena”.

Enfrente Celso Rodríguez Padrón, de la APM, pide “exquisita prudencia” a la hora de plantear una reforma por un caso polémico cuando las Audiencias Provinciales dictan cada año “cientos de sentencias” que no generan controversia. “No creo que sea el momento ahora mismo, por una sola sentencia, de plantearse inmediatamente una reforma del Código Penal. Habrá que aguardar a los recursos que quedan”, opina el portavoz de la asociación mayoritaria.

Enseguida surge el debate del “populismo punitivo”. “Todo se resuelve con una vuelta de tuerca más al Código Penal, que es uno de los más duros del mundo”, afirma Rodríguez Padrón. “No hay una manifestación a favor de la derogación de la prisión permanente revisable, sino que todas son a favor de su incremento en condiciones y duración; siempre nos manifestamos pidiendo una justicia más dura olvidándonos de otros principios del Estado de derecho”, insiste el portavoz de la APM.

“Nos estamos olvidando de que el derecho penal es la ultima ratio; cuando actúa el derecho penal es porque ya se ha producido el hecho. Es muchísimo más fácil hacer una reforma legislativa que incidir en las causas por las que se producen los delitos. Esto lo único que demuestra es una gran debilidad del Estado”, incide Natalia Velilla, de la Francisco de Vitoria.

El endurecimiento de penas sin límite llega a ser contraproducente: “Desde punto de vista criminal, no hace que desaparezcan los delitos sino que hace que aumenten”, señala Concepción Rodríguez. Esta magistrada, especialista en la jurisdicción de menores, habla de una iniciativa de reforma de la Ley Orgánica de la responsabilidad penal de los menores que plantea reducir a los 12 años el límite de la minoría penal. “Es una absoluta temeridad”, denuncia.

“EL MINISTRO PRETENDE DIRIGIR LA JUSTICIA COMO UNA EMPRESA”

Los ataques del ministro Catalá al magistrado que firmó el voto particular que pedía absolver a La Manada coinciden con las movilizaciones de jueces y fiscales para reforzar su independencia, modernizar los juzgados y mejorar sus condiciones laborales.

“Catalá desconoce profundamente cómo funcionan los juzgados; él es técnico de la Administración Civil, un gestor, y ha pretendido dirigir la justicia como si fuese una empresa, creyendo que con la modernización digital se iba a arreglar todo”, denuncia Natalia Velilla, de la asociación Francisco de Vitoria. “Se está pretendiendo controlar la función jurisdiccional hasta límites insospechables (…) al final el juez queda al socaire de los números que imponga el Ministerio. Catalá está intentando que los jueces acabemos dependiendo de manera fáctica del Gobierno y se acaba produciendo una ministerialización de la Justicia”, añade.

“Necesitamos una reforma en profundidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que los 12 vocales sean elegidos por jueces y magistrados, y dejar sin efecto la reforma de Ruiz-Gallardón [de 2013], que da un protagonismo absoluto al presidente del Consejo General del Poder Judicial”, reclama Concepción Rodríguez, de FJI.

Ignacio González Vega, de JJPD, hace hincapié en las cargas de trabajo y en conseguir una reposición de jueces jubilados que al menos no haga disminuir la tasa actual de 11 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a la media europea de 21. “La justicia, como la educación o la sanidad, debe quedar al margen de los vaivenes políticos”, afirma.

Celso Rodríguez Padrón, de la APM, habla de “replantearse ciertas cosas en la transferencia autonómica” de las competencias en Justicia. Siendo el Poder Judicial único para toda España “no puede ser que distintas comunidades funcionen con sistemas procesales incompatibles”. “Somos incapaces en 2018 de comunicarnos con un correo electrónico oficial seguro entre un juzgado de una comunidad y otro de otra distinta”, describe.

Fuente: elpais.com