Proceso viciado de la Justicia y decisiones mal gestionadas

En las últimas semanas, algunas decisiones y manifestaciones han generado polémica en torno a la Administración de Justicia y han decepcionado a un gran sector de la opinión pública. Para una institución en la que confían millones de ciudadanos y empresas para resolver sus conflictos, la pérdida de credibilidad es un golpe fuerte. Un magistrado, abogados, profesoras universitarias o ciudadanos expresan sus críticas ante lo ocurrido con el impuesto de las hipotecas o la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Uno de los pilares de la democracia, la teórica separación de poderes, ha quedado en entredicho para muchos.

La divulgación de una sentencia del Tribunal Supremo que consideraba que son los bancos los que debían pagar el impuesto de las hipotecas (actos jurídicos documentados) generó unas expectativas en la población que, pocas horas después, se diluyeron; y desaparecieron totalmente varios días después, con una resolución que dejaba muy claro que quienes contratan los créditos hipotecarios también deben pagar este impuesto.

Posteriormente, se anunció el nombre del presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo (el canario Manuel Marchena) sin que estuvieran plenamente designados los vocales del órgano de gobierno de los jueces. El senador del PP Ignacio Cosidó divulgó un mensaje de Whatsapp entre sus compañeros de grupo en la Cámara Alta en el que se mostraba orgulloso de controlar “desde atrás” varios órganos del Supremo. Por si cabía alguna duda sobre los procedimientos de elección de vocales en el CGPJ, el texto de Cosidó lo ha dejado mucho más claro.

María José Guerra Palmero, catedrática de Filosofía Moral de la Universidad de La Laguna, manifiesta: “Hoy por hoy, estamos viviendo una crisis de legitimidad de la Justicia”. Explica que “no hay una separación clara entre el poder político, legislativo y judicial”. Comenta que, desde el punto de vista de los derechos de la mujer, muchas sentencias están resultando ofensivas y recuerda que “el aparato de Justicia sigue configurado como un coto patriarcal”.

En la misma línea se expresa Bárbara Rodríguez, profesora de Secundaria jubilada, quien señala que “cada poder tiene que ser independiente”, y sobre todo de la influencia de los operadores económicos. Nicole Gualdón, que se identifica como investigadora social, afirma que “el capitalismo lo corrompe todo, empezando por la raíz de los seres humanos, que debe ser su conjunto de valores y la conciencia”.

Juan Francisco Rodríguez, asistente de una editorial y opositor, considera que los últimos acontecimientos suponen “algo muy negativo”. “Que la Justicia esté supeditada a la dinámica política significa que no hay independencia”, apunta. Incide en que “dicha administración no debería ser manipulada” por la clase política. Por eso, defiende la necesidad de que para elegir a los vocales del CGPJ se tenga en cuenta solo a los jueces.

La psicóloga Inmaculada Jáuregui piensa que “se están deshaciendo las bases democráticas planteadas con la independencia de poderes y la convivencia”. Manifiesta que “la salud de una buena democracia está en la existencia de contrapoderes, y uno de ellos es la independencia de algunos estamentos, como el judicial”.

A juicio de Esther Torrado, profesora de Sociología en la Universidad de La Laguna, “la Justicia tiene que estar para ayudar a los desfavorecidos, debe ser ecuánime”.

El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Niederleytner, expone que “los cambios de criterio del Tribunal Supremo son de una gravedad importante, por lo que supone de daño a la credibilidad de la Justicia, como ponen de relieve los votos particulares de la sentencia del Pleno de la Sala 3ª del Tribunal Supremo (TS) en el asunto de los impuestos que gravan las hipotecas”. Insiste en “la gravedad que supone que el TS se desdiga por una falta de coordinación entre sus salas, con gran afectación del principio de seguridad jurídica”.

En relación con el nombramiento de vocales del CGPJ, apunta que “tiene mucha importancia y refleja una politización del órgano de gobierno de los jueces, que pretende ser controlado por los partidos políticos, lo que tiene una grave incidencia en el principio de separación de poderes”.

Sobre Manuel Marchena, propuesto para presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo, pero que renunció tras divulgarse el escándalo protagonizado por Cosidó, José Manuel Niederleytner lo define como “un magnífico magistrado, de una gran independencia”. Indica que “he tenido la oportunidad de oírle y tiene un gran nivel jurídico”. Respecto a su renuncia, Niederleytner comenta que “le honra el gesto, no se ha prestado al mercadeo“.

El magistrado Juan Carlos González Ramos es portavoz territorial de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y lamenta “la imagen que se está transmitiendo de la Justicia en general, por un asunto concreto mal gestionado por quien debía haber actuado de forma más adecuada”. Se refiere al asunto del impuesto de las hipotecas. “Entendemos que hay que insistir en que los presidentes de las salas del Tribunal Supremo tienen la facultad de avocar el conocimiento de un asunto al Pleno y es algo que sucede dentro de lo que es el funcionamiento normal del TS”, señala. Para González Ramos, “ocurre que la avocación de los recursos en esta materia (impuesto de actos jurídicos documentados) se efectuó de forma “tardía y peculiar, mediante una nota de prensa, provocando un lógico desconcierto, tanto en la ciudadanía como en los operadores jurídicos”. Y la asociación Francisco de Vitoria pone el acento en “la pésima gestión del asunto” por parte del presidente de la Sala 3ª del Supremo.

González Ramos dice que, en todo caso, la decisión sobre quién debía abonar el impuesto de las hipotecas se adoptó “por un escaso margen, de 15 votos a 13, lo que da idea de la dificultad de la materia, sobre todo por la pésima redacción del artículo de la Ley de Actos Jurídicos Documentados que era objeto de interpretación”. Opina que, “por eso, se trata de una cuestión que debió ser resuelta por el legislador en su momento y que solo ahora, tras la polémica, se ha producido la modificación”.

En cuanto a la elección de vocales del CGPJ, el magistrado afirma que “los recientes acontecimientos han puesto en evidencia lo que, desde hace muchos años, se viene denunciando por parte de la carrera judicial, en general, y por la Asociación Francisco de Vitoria, en particular”. Considera que “esto es la politización sin paliativos en la designación de los integrantes del Consejo y el incumplimiento sistemático de lo dispuesto al respecto, tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Poder Judicial”. González Ramos resalta que, “sencillamente, se ha perdido el pudor y la designación de los integrantes de un órgano tan importante como el CGPJ no se efectúa por el Parlamento, como se pretende hacer ver, sino que los representantes de los ahora dos partidos mayoritarios, se reúnen a espaldas de la citada institución y deciden quién conformará el Consejo y a quién tienen que elegir esas personas como presidente del mismo y del Supremo”. El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria recuerda el informe que cada año emite el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa (del que forma parte España), donde “sistemáticamente se recomienda a nuestro país que modifique el sistema de elección de los miembros del CGPJ para que, al menos, más de la mitad sean elegidos por los jueces”. El magistrado tinerfeño señala que “no se trata por ello de una reivindicación corporativista, como de forma falaz se argumenta por la mayoría de la clase política, sino de una medida absolutamente necesaria para lograr la despolitización del órgano de gobierno de los jueces para evitar corruptelas”. Matiza que “nuestra reivindicación es poder elegir a los 12 vocales de origen judicial” y que los otros ocho sean seleccionados por el Parlamento. Añade que, “a nuestro modo de ver, el actual sistema ha demostrado estar viciado y absolutamente agotado”.

El letrado Víctor Medina Fernández Aceytuno estima que la decisión de asignar a los bancos el pago del impuesto de las hipotecas fue una “interpretación revolucionaria” y muy beneficiosa para la ciudadanía. “Pero después se gestionó de una forma lamentable”, aclara. Para Medina, “si este debate ha ocurrido es por que el Supremo tuvo la valentía de dejar sin efecto una disposición legal”.

Sobre la elección de los vocales del CGPJ, recuerda que en la Constitución se estableció que los poderes dimanan de la ciudadanía y el órgano representante de esta es el Parlamento, “lo que ocurre es que los partidos han pervertido el sistema”.

Además, dice que “el problema está en la mediocre gestión de los políticos”.

El abogado Sergio García de la Cruz no cree que la imagen “de una Justicia injusta sea nueva; lo que sí es nuevo es la cantidad de información que recibimos desde todos los frentes”.

García de la Cruz manifiesta que, en el caso del impuesto de las hipotecas, “lo que ha ocurrido es un giro inusual y la última decisión, tomada por el Pleno de la Sala Tercera del Supremo tras dos días de deliberaciones, fue muy ajustada, 15 votos contra 13, lo demás lo hicieron los medios de comunicación”.

Este letrado dice que, “sinceramente, a mí me preocupa mucho más la aplicación de la Justicia en el día a día al ciudadano; la saturación que sufre; la imposibilidad de resolver tantas cuestiones en tiempo y, muchas veces en forma; lo complicado y erróneo que puede ser resolver cuestiones con premura y sin meditar las decisiones, o la limitación que se está produciendo en los recursos”. Como ejemplo, señala que “ahora mismo estaba repasando una sentencia sobre una negligencia médica en la que se ve implicado un hospital de Tenerife y, por desgracia, en primera instancia ha sido desestimada” la queja de la víctima. En esta resolución, según De la Cruz, se da por buena una prestación hospitalaria de Urgencias de un solo minuto de duración, donde ni siquiera se toma la tensión arterial, el pulso o la temperatura al paciente. Explica que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial son la misma persona y a ciertos políticos los juzga el Tribunal Supremo si se ven implicados en un asunto ilegal. Asegura que “lo primero que debemos cambiar es eso, que ambos cargos no recaigan en la misma persona”.

Sobre las posibles vías para elegir a dichos responsables, Sergio García de la Cruz se decanta por una elección hecha por el pueblo, tanto para el Tribunal Supremo como para el Tribunal Constitucional y para el Consejo General del Poder Judicial. Respecto al órgano de gobierno de los jueces, plantea que dos de sus miembros procedan del senado, otros tantos del congreso, un par designados por los jueces en activo y que el resto puedan ser elegidos por los ciudadanos, procurando que cada comunidad autónoma tuviera un representante.

Dice que hoy en día este tipo de campaña sería factible gracias a las nuevas tecnologías.

En cualquier caso, García de la Cruz plantea que “no podemos seguir dando esta imagen a los países de la Unión Europea ni al resto del mundo, ni al Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco)”.

Para el referido abogado, “no es nuevo que los políticos hagan de la Justicia algo suyo, lo que es nuevo es que ya todo, tarde o temprano, sale a la luz”.

María José Guerra Palmero, Catedrática de filosofía moral de la ULL.

Juan Francisco Rodríguez, Asistente de una editorial y opositor.

Inmaculada Jáuregui, Psicóloga.

Fuente: eldia.es