¿Quién es el culpable?, por Raimundo Prado

Los jueces estamos agotados y no sólo por el trabajo, el estrés emocional y otras circunstancias que rodean nuestra función. La responsabilidad que conlleva el cargo determina, en cualquier país respetuoso con una verdadera separación de poderes, que los jueces no sólo seamos independientes, sino que también debemos parecerlo y estar protegidos frente a intentos externos de presión. Decía que estamos cansados de que nuestra petición de independencia se pierda en el espacio de determinados pasillos con una fuerza centrípeta desconocida que hace desaparecer lo que, desde la judicatura, es ya un clamor.

Lo sucedido esta semana en la Sala Tercera del Tribunal Supremo en relación con el asunto popularmente conocido como «impuesto de las hipotecas» supone un descrédito irreparable para la Justicia española. Llamativa y paradójicamente, este descrédito no es achacable a la Carrera Judicial. La desconfianza causada, el sorpresivo modo de actuar por parte del presidente de la Sala Tercera y las dudas surgidas en los ciudadanos no son, en realidad, achacables a los magistrados del Supremo ni, por supuesto, a los miles de jueces y magistrados, mujeres y hombres, que componen esta digna y complicada profesión. La oscuridad, la ciénaga, la duda provienen del origen: los propios partidos políticos que ahora se manifiestan en contra de lo sucedido y esgrimen quejas son quienes nombran en su entramado a aquellos cargos que, a su vez, designarán magistrados en altas instancias como el Supremo, y ello pese a que no sólo los jueces españoles nos oponemos, sino también pese a lo aconsejado por instituciones europeas en las que España participa y a las que contribuye.

La inseguridad de lo acaecido nos mancha al resto de jueces y magistrados que nada tenemos que ver en este asunto. Si los jueces eligiésemos a nuestros representantes, en lugar de hacerlo los poderes fácticos y políticos, nada de esto se palparía o, al menos, no podrían dirigirse sombras de duda contra nadie. La sociedad tiene mucho que decir. Es a ella a quien compete obligar a los partidos a los que vota y presionar a sus representantes para que España sea un Estado moderno con apariencia y realidad de órganos judiciales y gubernativos independientes. Que cuando se nombra a un magistrado del Tribunal Supremo o presidente de un Tribunal Superior de Justicia o de una Audiencia Provincial no sean quienes lo hacen personas ajenas y desconocidas a los jueces, personas que arrastren rémoras de designación política injustas e infundadas en algún supuesto. Es todo más simple. Pero nadie nos hace caso y así nos va. Que nadie eche la culpa de lo sucedido el pasado día 6 sólo a los jueces. No nos engañemos, la culpa la tenemos todos. Incluida la propia sociedad.

Fuente: La Razón