Reunión AJFV con el Portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular

El miércoles 21 de marzo, los miembros del Comité Nacional Rosa Mª Freire Pérez, Natalia Velilla Antolín y Antonio Viejo Llorente, acudieron a la reunión convocada por Mª Jesús Moro, portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular. Asistió también Avelino de Barrionuevo, diputado de dicho grupo.

En la reunión, la Sra. Moro explicó a los representantes de nuestra asociación su versión sobre la ruptura de las negociaciones de la Subcomisión de Justicia, que achaca a cuestiones políticas de otros grupos parlamentarios, no a falta de interés por parte del Grupo Parlamentario Popular. Mostró su desazón porque no salieran adelante muchas propuestas ya consensuadas en la referida subcomisión que, si bien no incluyen la elección de los vocales de extracción judicial por los jueces, sí son verdaderas mejoras para la Justicia y la independencia judicial. Asimismo, manifestó que no le había gustado la noticia de la crítica a las cincuenta enmiendas presentadas por su Grupo Parlamentario, si bien las aceptaba. Indicó que quería abrir vías de diálogo con los agentes interesados, como las Asociaciones Judiciales, porque el punto de vista que podían dar a los problemas de la Justicia era altamente cualificado.

Por parte de los representantes de AJFV se puso de manifiesto que el informe emitido por esta asociación en relación con las cincuenta enmiendas, dictaminaba que las enmiendas suponían un ataque a la independencia judicial y un paso más en el desembarco del ejecutivo en los juzgados. Se les explicaron las cuestiones relativas a la documentación procesal, en la que el juez no tenía competencia alguna, dejando en manos de los LAJ, de forma exclusiva y contrariamente a las resoluciones judiciales del Alto Tribunal al respecto, la instrumentación del proceso. Se les expuso que la administración de Justicia debe procurar que todos los medios estén dirigidos a que un juez o tribunal resuelva y, sin embargo, llevamos años asistiendo a reformas legislativas que entorpecen enormemente la labor del juez (ejemplo claro: la digitalización mal planteada), lo cual lleva a considerar que el instrumento (los medios materiales y personales) se están convirtiendo en un fin mismo, olvidando el verdadero fin: la resolución judicial. Se criticó que con la presentación de las enmiendas se estuviera desapoderando cada vez más al CGPJ, sustrayéndole del trámite de informe de leyes que afectan a la Carrera Judicial, así como atribuyendo al Ministerio de Justicia la potestad de determinar el número de jueces que deben servir en los órganos provinciales especiales por razón de la materia (juzgados de cláusulas suelo) así como la decisión sobre la composición y dimensión de la plantilla de todos los juzgados, competencias ambas que corresponden al CGPJ. Por parte de AJFV se puso énfasis en que se estaba vaciando de contenido al CGPJ y se le estaba convirtiendo cada vez más en una Dirección General de Justicia. Se habló de la falta de protección a los jueces ante injerencias externas y se propuso que se siguieran las indicaciones del Consejo de Europa en materia de portavoces judiciales y fortalecimiento de la proyección pública de la Carrera Judicial. Finalmente, por parte de AJFV, se insistió en que la elección de los vocales por los jueces era algo que veníamos defendiendo desde la creación de nuestra Asociación y que era algo prioritario en cuya lucha no podíamos claudicar. No obstante, se puso de manifiesto que no todas las enmiendas eran criticables, puesto que algunas de ellas pretendían dar cumplimiento a alguna de las 11 medidas propuestas por GRECO.

Se coincidió en entender que una Administración de Justicia en la que, en una misma unidad decisoria, conviven tres administraciones distintas (CGPJ, Ministerio de Justicia y CCAA) sin mecanismos para resolver conflictos de competencias entre los operadores dependientes de cada una de ellas, era difícilmente gobernable y dejaba al juez en una situación en la que no podía resolver sus asuntos de manera eficiente. Se propuso por AJFV que se debería contemplar, además, la regulación de mecanismos de control por parte de la Administración del Estado sobre las administraciones que tengan las competencias transferidas, imponiendo mínimos presupuestarios y posterior dación de cuenta, puesto que algunas CCAA, como la de Madrid, no invierten en Justicia.