El pasado día 18 de septiembre de 2020, se celebró, telemáticamente, la reunión de Portavoces Territoriales de la Asociación Francisco de Vitoria, a la que asistieron, por parte del Comité Nacional, el Portavoz Nacional, Jorge Fernández Vaquero, y los vocales Javier Albar, Eva Atarés, Rafael Martín, Carlos Viader, Natalia Velilla y José Juan Moreno; y, por parte de las territoriales, Carmen Martín (Murcia), Julio Wood (Las Palmas de G.C.), Elena Cabero (País Vasco), Juan Carlos González (S.C. de Tenerife), Rafael León (Andalucía, Ceuta y Melilla), Luis Pastor (Aragón), Luis Ortiz (Asturias), Jaime Tártalo (Baleares), Jaime Anta (Cantabria) Jesús Gómez (Cataluña), Miguel Ángel Casañ (Comunidad Valenciana), José Ramón Sánchez (Galicia), Florencio Rodríguez (Castilla La Mancha), Luis Gabriel Martínez (Navarra), Óscar Rojas (Castilla León), Ara Sánchez (Extremadura) ,y Roberto Fernández (Madrid).

En primer lugar, tomó la palabra el Portavoz, quien dio cuenta de lo operado desde la última reunión de portavoces, que tuvo lugar el pasado 8 de mayo. Expuso que las actuaciones del Comité Nacional se habían desarrollado siguiendo dos líneas:

1. Reuniones con el Ministerio de Justicia y el CGPJ enfocadas a las medidas a adoptar ante la reanudación de los plazos y las actividades judiciales tras el confinamiento impuesto por la pandemia.

Nuestra postura ha sido que el Plan de Choque planteado no era el adecuado dadas las circunstancias creadas por el COVID, habiendo nosotros presentado otro Plan de Choque alternativo, que se concibe desde las necesidades acuciantes y reales de la Justicia originadas por el COVID, incidiendo en la importancia de los refuerzos.

Siguió informando el Portavoz de que se va a crear un grupo de trabajo con participación de todas las AAJJ para hacer aportaciones para un anteproyecto legislativo de agilización de la justicia, destinado a superar los inconvenientes del COVID. Las reuniones futuras para el anteproyecto van a ser mensuales.

2. Riesgos laborales. El Comité Nacional ha mantenido la postura de exigir al CGPJ que desempeñe de forma efectiva su función de prevención de riesgos laborales, un órgano que no tiene capacidad de atender su obligación de dotación de medios. Lo único que puede hacer el CGPJ es exhortar a las CCAA para que proporcione esos medios materiales. Nuestra postura es que el CGPJ asuma, de modo integral, la responsabilidad en dotación de medios para hacer efectiva la prevención de riesgos laborales. El CGPJ debería tener, él mismo, como objetivo, asumir esas competencias, para hacer una fuerza conjunta frente al Ministerio y las CCAA. Para ello, hemos pedido en numerosas ocasiones al CGPJ que nos proporcione el número de jueces diagnosticados de COVID, habiéndonos respondido, finalmente, que no tienen esos datos, porque además no son competentes para tenerlos. Nuestra última actuación ha sido presentar un escrito pidiendo que se haga un grupo de trabajo con las AAJJ para que se hagan aportaciones a propósito de los mecanismos de ejecutividad con los que cuenta el CGPJ para hacer efectivas materialmente sus competencias en prevención de riesgos laborales, y que no dependa de las CCAA la dotación de medios. Estas actuaciones las estamos acometiendo junto con FJI.

A continuación, se trató el tema de la Asamblea 2020, que será necesariamente atípica por las circunstancias impuestas por el COVID. La posibilidad de celebrarla presencial ha sido descartada por las circunstancias actuales. El Comité, con el respaldo de todos los portavoces territoriales, decide que la Asamblea se constituiría en Madrid, donde se reuniría el Comité junto con la sección de Madrid.

Se localizaría una subsede en cada una de las secciones territoriales, que estarían interconectadas para que se pueda interactuar en tiempo real, siendo las sesiones retransmitidas para que pueda verlo quien quiera. El voto sólo sería ejercitable por quien acuda a la subsede correspondiente de forma presencial, si bien, por supuesto, se mantiene la posibilidad del voto delegado.

Las fechas serán del jueves 19 al viernes 20 de noviembre, si bien, ante nuevas restricciones, no se descarta la posibilidad de hacer modificaciones futuras en la organización.

A continuación, se pasó al análisis de las cuestiones planteadas por cada sección territorial.

En relación con el teletrabajo, cuestión especialmente importante si se da un nuevo cierre de los colegios, nuestra CODA está trabajando sobre la materia, ya que la reforma del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se aplicará a la función pública.

Se cuestionó qué hay de cierto en la posible supresión de la MUGEJU. El Portavoz expuso que solo hay rumores, basados en un informe de un comité de expertos del Ministerio de Sanidad, que resaltaba que debería estudiarse la financiación de las mutualidades; pero no hay nada oficial que indique que es una iniciativa del Gobierno la eliminación de la MUGEJU. De todos modos, ante la natural preocupación de la Carrera Judicial sobre la situación de las prestaciones de clases pasivas y el rumor de supresión del mutualismo de función pública, al igual que ocurre con los funcionarios públicos, se comunicó que el Comité Nacional, en su reunión del 17 de septiembre, había decidido que se publicase un documento aclaratorio sobre la materia.

Se preguntó por la postura del Comité Nacional en lo relativo al Plan de Refuerzo en la Jurisdicción Social del Ministerio de Justicia. El Portavoz explicó que el plan de auto refuerzo no lo apoyamos, y así se ha comunicado tanto al CGPJ, como al Ministerio de Justicia, ya que la carga de trabajo con la que ya cuentan es excesiva. Es un incremento sobre una base ya saturada.

Por último, se preguntó por las posibles medidas a adoptar ante el hecho de que muchos asociados están teniendo que pagar de su bolsillo las pruebas diagnósticas del COVID, ya que sus compañías sanitarias privadas no están corriendo con el gasto. El Comité aprobó en la reunión de 17 de septiembre la presentación de un escrito con la finalidad de que los costes de esas pruebas sean asumidos, o bien por la compañía sanitaria, o bien por MUGEJU, pero en ningún caso por el asociado. Dicha reclamación ha sido enviada el día 21 de septiembre a todos los asociados.