Una concentración para la mejora de la Justicia, por Antonio Viejo

En 2017 las asociaciones de jueces consensuaron unas propuestas básicas para mejorar la Justicia. Pedían planes realistas de inversión para una Justicia de calidad y eficiente, adecuadamente organizada, dotada de los medios precisos para dar una respuesta tempestiva y con las debidas garantías a cuantos instaran la tutela de sus derechos e intereses legítimos en cualquier territorio de España y permitiera incrementar, progresiva pero sostenidamente, el número de jueces hasta acercarlos a la media europea; modernizar los edificios judiciales para hacer efectivos los derechos de las víctimas y una implantación de las nuevas tecnologías confiable, contrastada y útil.

Solicitaban la superación del actual sistema, a todas luces fracasado, de elección parlamentaria de vocales del CGPJ diseñado en 1985, permitiendo que los de obligada procedencia judicial fueran elegidos mediante sufragio directo por sus pares, al así exigirlo sucesivos informes del Consejo de Europa como garantía efectiva de independencia judicial, devolviendo a todos los integrantes la plena dedicación sustraída en 2013, así como el establecimiento de criterios objetivos para el nombramiento de altos cargos, en los que primaran los principios de mérito y capacidad sin descuidar la igualdad de género.

Pusieron especial énfasis en la necesidad de crear nuevos órganos judiciales y en evitar la precarización judicial y la sobrecarga de trabajo; en la revisión del diseño de la oficina judicial convirtiéndola en un auténtico instrumento de apoyo real y efectivo.

Reclamaron el establecimiento de unas cargas de trabajo y dedicación racionales, con fijación de máximos por razones de salud laboral; mejoras salariales con convocatoria de los mecanismos legales para su revisión; la recuperación de permisos y licencias suprimidos por la crisis y el reconocimiento de otros de nuevo cuño -paternidad- ya previstos para otras administraciones.

Tras recibir un apoyo de la mayoría de los integrantes de la carrera judicial se iniciaron en otoño contactos de las asociaciones de jueces y fiscales con el Ministerio de Justicia sin que se haya obtenido, al día de hoy, un compromiso firme de apoyo a las mismas. El 4 de mayo de 2018 más de 400 mujeres y hombres provenientes de todas las regiones de España, pertenecientes a las carreras judicial y fiscal, hemos manifestado a las puertas del Ministerio nuestro descontento. Situación a la que, lamentablemente, contribuye el difícilmente comprensible embate a uno de los pilares esenciales de la convivencia democrática y del Estado de Derecho, independencia judicial y separación de poderes, realizado por el titular del Departamento en los días inmediatamente precedentes.

Antonio Viejo es juez decano de Madrid.

Fuente: elmundo.es

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