Una enfermera de urgencias tiene derecho a la prestación por riesgo durante la lactancia natural

Así lo reconoce el Tribunal Supremo

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una enfermera de urgencias a cobrar la prestación por riesgo durante la lactancia natural al considerar que su puesto de trabajo, sobre el que no se hizo un examen “específico”, tiene riesgos que pueden perjudicar las tomas alimenticias del menor.

La enfermera de la Unidad de Asistencia Domiciliaria Rural de urgencias médicas en Castilla-La Mancha solicitó a la Seguridad Social, tras finalizar su baja por maternidad en 2012, la prestación de riesgo por lactancia natural, ya que tuvo que alimentar a su hijo exclusivamente de este modo por razones médicas.

En su sentencia, el tribunal señala que el informe de evaluación de riesgos de su puesto de trabajo que se realizó entonces sólo aludía a riesgos “genéricos” por el manejo de productos químicos (alcohol, lejía), los cortes y pinchazos con material utilizado en limpieza y desinfección, la exposición a agentes químicos y biológicos (vómitos, sangre, fluidos corporales) y la carga mental por trabajo nocturno y a turnos.

Solo con el listado de riesgos comunes de dicha actividad, los magistrados lo consideran suficiente para sostener que “no cabe duda del efecto que algunos de ellos tiene sobre la lactancia materna”.

No hubo evaluación de riesgos “específicos”

Aunque consta que la empresa no ofreció ni modificación de condiciones, ni recolocación, por lo que hubiera tenido que suspender el contrato mientras el menor no alcanzara nueve meses, el Supremo indica que el hecho de que la enfermera hubiera disfrutado de varios permisos tras la baja por parto y de una excedencia para cuidar a su hijo, evidencia que no se hizo una evaluación de riesgos “específicos”.

Tampoco “hace particular mención ni precisión sobre la afectación de las condiciones del puesto sobre la eventual situación de lactancia de la trabajadora”.

Para llegar a esta conclusión, la Sala ha revisado su doctrina y recurre a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 19 de octubre de 2017, en la que impone a un empresario el deber de determinar directamente o por medio de los servicios de prevención, la evaluación del riesgo de las trabajadoras en periodo de lactancia. Es decir, se requiere un examen específico que tenga en cuenta su situación individual para determinar si su salud o la de su hijo están expuestas a un riesgo.

Imposibilidad real de atender las tomas

Asimismo, la Sala destaca que el mero desempeño de la actividad laboral dificulta la lactancia natural. En este sentido, el tribunal dice que para reconocer este derecho no basta con que exista un peligro de transmisión de enfermedades de la madre al hijo, sino también con la “imposibilidad real” de que el menor realice las “imprescindibles tomas alimentarias”.

“No cabe, pues, limitar la perspectiva de la presencia de riesgos a la exposición a contaminantes transmisibles por vía de la leche materna, porque con ello se estaría pervirtiendo el objetivo de la norma que pretende salvaguardar el mantenimiento de la lactancia natural en aquellos casos en que la madre haya optado por esa vía de alimentación del hijo”, subraya el tribunal.

Fuente: confilegal.com

PARA AJFV: Es noticia estos días una sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el riesgo durante la lactancia a una enfermera destinada a los servicios de urgencias y emergencias (SUMMA 112). El interés despertado en los medios de comunicación por las resoluciones judiciales no está casi nunca directamente vinculado a la relevancia jurídica del caso, y, sí, mucho más, al posible impacto que el enfoque periodístico le quiera dar a la noticia. No obstante, en los últimos tiempos los jueces de lo social empiezan protagonizar la información sobre decisiones que inciden en aspectos tan fundamentales para la evolución de una sociedad más igualitaria, como los que se suscitaban en ese caso.

Y es que quizás estemos consiguiendo que los ciudadanos sean conscientes de que los derechos, que legalmente tienen reconocidos, necesitan de una defensa y garantía que se va construyendo por la interpretación favorable a su mantenimiento que los jueces sociales vienen haciendo de modo constante.

La igualdad entre mujeres y hombres sólo es cierta si tiene una constatación fáctica, en el día a día y en la vida de las personas. Así lo lleva poniendo en práctica la Sala de lo Social Supremo cuando, como en esta ocasión, sale al paso de situaciones en que las trabajadoras no pueden hacer efectivo el derecho a la suspensión del contrato con protección de la Seguridad Social porque se elude que la evaluación de los riesgos que un puesto de trabajo pueda entrañar al no detenerse en la eventualidad de que quien ocupe ese puesto sea una mujer y pueda estar embarazada o en periodo de lactancia natural. La falta de lo que se ha dado en llamar “perspectiva de género” del servicio de prevención, provoca una situación de indefensión para las trabajadoras que no pueden acreditar que los riesgos del puesto incidan particularmente en su condición de mujer gestante o en periodo de lactancia.

Por eso el Tribunal recuerda que la ley ha de aplicarse usando el prisma que permita ver qué diferencias provoca su aplicación si sustituimos el género del afectado.

Las enfermeras y médicas de servicios de emergencia y unidades medicalizadas, sometidas, además, a turnos y nocturnidad,vienen a sumarse a la protección que ya dispensó el Tribunal a las tripulantes de cabina, a las que no se les ofrecía la posibilidad de llevar a cabo la extracción y conservación de la leche materna; y a las médicas residentes (MIR), para las que las guardias resultan obligatorias, por lo que la imposibilidad de llevarlas a cabo por constituir un riesgo sobre el embarazo y la lactancia natural, no puede suponer un perjuicio para los derechos retributivos de la médica residente.

Son los jueces de lo social quienes llevan a cabo la tarea de constatación de las discriminaciones que asolan el mercado de trabajo y su firmeza en el respecto al principio de efectiva igualdad, superando la mera igualdad formal, está perfilando unas relaciones más igualitarias en salvaguarda del sexo socialmente menos favorecido.