Foto: Sebastián Moralo

Sebastián Moralo Gallego (1960). Nacido en Peñalsordo (Badajoz), pequeño pueblo del partido judicial de Castuera, emigró con sus padres y sus cuatro hermanos a la edad de 15 años a Cataluña, a la localidad de Badía del Vallés. En 1982 se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y comenzó a opositar a la Carrera Judicial, aprobando la oposición por turno libre en 1984. Su primer destino fue el Juzgado de Distrito de Rubí. Después pasó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Sabadell, donde permaneció poco tiempo puesto que en 1990 pasó a ocupar la plaza de magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde permaneció más de 25 años, hasta que en enero de 2016 tomó posesión de la plaza de Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Además, ha ejercido diversas responsabilidades en la Escuela Judicial de Barcelona y ha sido miembro de la Sala de Gobierno del TSJ de Cataluña y de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud; puesto que abandonó cuando fue nombrado Magistrado del Tribunal Supremo.

Profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona entre 1990 y 2006, ha sido además ponente y profesor en diferentes cursos y jornadas de formación especializada de la Universidad de Barcelona, la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad Internacional de Barcelona, el Colegio de Abogados de Barcelona y de Sabadell, el Consejo General del Poder Judicial y la Escuela Judicial.

Autor de numerosas publicaciones jurídicas y artículos doctrinales como «El acceso a la carrera judicial mediante oposición libre», «El mobbing o acoso laboral en el trabajo: responsabilidad social», «El ejercicio de la huelga y el impacto de las nuevas tecnologías y la descentralización productiva» y «La competencia jurisdiccional en materia de responsabilidad civil derivada de accidente de trabajo».

Durante la entrevista, nos manifiesta su tristeza por la situación que se está viviendo en una tierra tan querida para él como es Cataluña, que le acogió con los brazos abiertos y le abrió sus puertas de par en par, y donde nacieron su esposa y sus dos hijos. Se confiesa desolado por la actuación de la clase política, que no ha sabido encontrar una solución dialogada con la que dar una respuesta adecuada a los planteamientos de unos y otros, que hubiere evitado llegar a la fractura social que se está produciendo y que, inevitablemente, quedará para siempre, cualquiera que sea la forma en que finalmente se resuelva este gravísimo problema.

Expresamente nos pide que hagamos contar su incondicional y absoluto apoyo a todos los compañeros que prestan servicios en Cataluña y con los que les mantiene un vínculo emocional inquebrantable.

Ingresó en la Asociación Judicial Francisco de Vitoria en  2003 Y formó parte del Comité Nacional entre los años 2007 y 2011, renunciando a ser Portavoz Nacional pese a resultar el más votado en la Asamblea de Cádiz de 2009. Participa activamente de las Asambleas y reuniones de la Sección Territorial de Madrid, aportando siempre su sincero punto de vista. Todos a los que les preguntas por Sebastián Moralo, coinciden en definirle como una “cabeza  privilegiada”, sensato, trabajador, sencillo y campechano. Amante de su profesión, juez vocacional, su condición no le impide ser una persona que sabe disfrutar de su tiempo libre, su Atleti, sus rutas en moto, y de su pueblo natal con sus amigos de toda la vida.

PREGUNTA:   Sebastián, ¿cuándo y por qué te asociaste a la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria?

Me asocié en el año 2003, cuando comprendí que ya tocaba dar el paso desde las quejas en charlas de café a la integración en una asociación judicial, para intentar contribuir desde el asociacionismo a la defensa de nuestros derechos y condiciones de trabajo. La opción de integrarme en AJFV resultó muy fácil a la vista del sesgo tan definido que en aquellos años pesaba sobre las otras asociaciones.

PREGUNTA: ¿Cómo definirías la AJFV?

Como una asociación en la que el postulado de su total y absoluta independencia no es un mero recurso dialectico, sino el principio básico al que nos hemos atenido siempre y en todo momento, sea cual sea el partido gobernante o la distribución de poder en el CGPJ, manteniendo inalterable nuestro discurso, y que se ha mantenido fiel durante toda su historia a los principios que llevaron a su fundación.

Nada mejor para comprobarlo que acudir a la hemeroteca de nuestra revista asociativa y constatar la línea recta que seguimos, gobierne quien gobierne en el Ministerio o el CGPJ,…..si se admite que esa distinción es posible.

PREGUNTA: ¿Crees que existe el “espíritu vitorino”? ¿En qué consiste?

Y tanto. No contemporizar con el poder;  no ponerse de perfil cuando hay que dar la cara; no cambiar nuestra forma de ser porque haya cargos en juego; no intrigar con unos y otros; ser alérgico a hacer pasillos. Estos son los genes que conforman el espíritu vitorino. Y eso existe. Basta con asistir a cualquiera de nuestras asambleas anuales para constatarlo. Es sensacional que ningún vitorino modifique su forma de ser y actuar porque aspire legítimamente a un determinado cargo. Ni andamos intrigando a tal efecto, ni cambiamos nuestro discurso crítico en función de que pueda gustar más o menos a quienes deben decidir los nombramientos.

PREGUNTA: ¿Qué recuerdas de tu etapa en el Comité Nacional?

Fue apasionante y una gratísima experiencia. Se trabaja mucho en el CN, pero las continuas muestras de agradecimiento de los compañeros compensan sobradamente el esfuerzo.  Lo mejor que me ha quedado, sin duda, lo gran amistad que mantengo con todos los que compartimos esas tareas. Con independencia de las lógicas, y saludables, discrepancias que en algún momento mantuvimos, nos sigue uniendo una relación personal entrañable. En el primer mandato de dos años con Juan Pedro Quintana de portavoz, y nada más llegar, redactamos el documento sobre protección social de la carrera judicial  que  supuso un antes y un después en la actuación de todas las asociaciones judiciales. Disponíamos de un estudio que había realizado una vitorina de pro, Lourdes Arastey, y con esa base nos pusimos a trabajar desde el CN para redactar una propuesta completa e íntegra sobre nuestros derechos sociales. Fue la primera vez  que los jueces pusimos sobre la mesa la necesidad de aplicar a los integrantes de la carrera judicial los mismos derechos en esta materia que ya estaban reconocidos para toda la función pública en general y de los que, incompresiblemente estábamos excluidos. Ofrecimos a las demás asociaciones que se sumaran a ese documento y les propusimos la creación de la CIP, la Comisión Interasociativa Permanente, que nace a propuesta de AJFV. Con la base del documento de protección social que elaboramos en el CN, pactamos un documento conjunto todas las asociaciones en el seno de la CIP que presentamos, uno a uno, a todos los grupos parlamentarios del Congreso, que negociamos con el Ministerio y el CGPJ, y del que obtuvimos frutos muy importantes para corregir la injusticia tan evidente que sufríamos en este ámbito. Nos quedó por conseguir la actualización de la Ley de Retribuciones de 2003 que conforme a sus propias previsiones debería de haberse efectuado en 2008, pero sobrevino la crisis económica y…hasta ahora.

El segundo mandato estuvo sin duda marcado por la huelga de 2009. Fue la primera vez en la historia de España que los jueces hicimos una huelga. Fueron unos meses muy duros, de enormes tensiones internas y externas, con una gran presencia en los medios de comunicación, pero muy bonitos de vivir para los que integramos el comité de huelga. El entusiasmo de los compañeros, el apoyo que nos dieron…creo que los que vivimos aquello en primera línea no podremos olvidarlo nunca. Mucho trabajo, decenas de reuniones. El CGPJ, como siempre, se puso de perfil y no solo no mostró el más mínimo apoyo, sino que adoptó un acuerdo en el que no nos reconocía el derecho de huelga, con el argumento de que ¡¡¡no estaba regulado para los jueces!!!!. Suerte que habíamos aprobado la oposición y nos quedó que los derechos fundamentales son de ejercicio directo… Recuerdo la reunión que desde el comité de huelga convocamos en Madrid a la que acudieron muchos compañeros no asociados, e incluso de asociaciones no convocantes de la huelga, en la que nosotros mismos dictamos los servicios mínimos que respetamos escrupulosamente. ¿Y qué contar cuando el Congreso de los Diputados nos convocó después para pedirnos explicaciones de los motivos que nos había llevado a la huelga? Entre todos los del CN preparamos a conciencia la comparecencia. Fui con  Marcelino Sexmero, que era el portavoz. Teníamos claro que de justicia no sabían ellos más que nosotros, aunque la cita era una auténtica encerrona. Pero.. jaja..lo que es la política. Unos días antes de la comparecencia dimite el Ministro Bermejo, que había quedado atrapado entre la huelga y una cacería sin licencia, y nos reciben en el Congreso con todos los honores y con los brazos abiertos. ¡¡¡Hasta nos invitaron a comer con una estupenda paella que compartimos con los diputados en el descanso del “interrogatorio”!!!. Todo fue como la seda y hasta nos prometieron, una vez más, implicarse más a fondo en la resolución de los problemas de la justicia en España…hasta ahora también en esto.

PREGUNTA: ¿Cómo ves el asociacionismo judicial en España?

Yo soy esencialmente optimista y no estoy en absoluto  de acuerdo con los derrotistas que tanto lo critican.

Se ha recuperado la unidad de acción y las dos asociaciones más vinculadas – es innegable-, a los partidos mayoritarios parece que en los últimos tiempos se han despegado de esa servidumbre. Las acciones unitarias que se llevan a cabo para exigir que se regule definitivamente el sistema de carga de trabajo, es el mejor ejemplo de lo que digo.

El nivel de afiliación en la carrera es muy alto, superior al 50% y eso es todo un éxito. No olvidemos cual es la media de afiliación en España a sindicatos y partidos políticos.

El problema es que los compañeros tienen toda la razón cuando reclaman la resolución de los múltiples problemas que nos afectan y cuando protestan porque no se reconocen debidamente nuestros derechos, y esto hace que muchos de ellos sean enormemente críticos con la actuación de las asociaciones judiciales. Pero no se imaginan lo difícil que resulta sacar adelante nuestras reivindicaciones, por justas e incuestionables que resulten. Las dinámicas políticas que juegan en la actuación del CGPJ y de los gobiernos, convierten en una lucha agotadora la actividad asociativa. Siempre he dicho que debería ser obligatorio que todos los miembros de la Carrera Judicial pasen por cualquiera de los órganos asociativos a nivel nacional o autonómico, u órganos de representación judicial, Salas de Gobierno y Decanatos, para vivir en primera persona lo que estoy diciendo. Es innegable que desde las asociaciones –unas más que otras-, se han cometido gravísimos errores en una materia tan delicada como es la de los nombramientos discrecionales, y esto ha generado un justificado recelo frente al  asociacionismo  judicial en general. Aunque honradamente creo que se comete una tremenda injusticia al meternos a todas las asociaciones  en el mismo saco, no podemos negar que esta cuestión es la que más reticencias suscita a los no asociados.

Pese a todo ello, el momento actual es mucho mejor que hace años, y la clave reside en la actuación conjunta que da mucha más fuerza a nuestras legítimas reivindicaciones y que aleja cualquier sospecha de actuación interesada. Y aprovecho para lanzar el mensaje de lo importante y trascendental que resulta afiliarse. Yo que he vivido negociaciones muy duras, sé muy bien lo que significa poner sobre la mesa el número de asociados a los que estamos representando. A aquellos compañeros que son reacios a hacerlo, les pido que se impliquen. Menos quejas de café y más dar la cara con ese paso adelante. Luego que cada uno decida el nivel de implicación dentro de su asociación  en el que se encuentre más cómodo en cada momento, pero  el hecho de contar con el respaldo de un elevado número de asociados es una herramienta de primer orden para la consecución de las legítimas aspiraciones a las que todos aspiramos y sobre las que  en realidad existe una plena unanimidad.

PREGUNTA: ¿Cómo ves AJFV en la actualidad?

Saludable y enérgica como siempre, y no es autocomplacencia. Tenemos la respuesta que han dado los compañeros de Cataluña a la gravísima crisis institucional en la que se han visto implicados. En un contexto de manifiesta hostilidad, se han mostrado admirablemente fuertes y han manifestado públicamente su posicionamiento en defensa de la legalidad y los derechos de la ciudadanía a la que nos debemos.

Y no puede olvidarse que al CN les ha tocado vivir la peor época para luchar por nuestros derechos profesionales y la mejora de la administración de justicia, en plena crisis económica y en el marco de las enormes restricciones presupuestarias que están aplicando el Gobierno central y los autonómicos. A lo que se añade que somos el único servicio público que no da ni quita votos, y por este motivo el hermano pobre de los intereses políticos,….así como la tradicional mala suerte que tenemos en el sorteo de Ministros. Pese a todo ello, han sabido llevar a un momento decisivo la cuestión de la carga de trabajo que arrastramos como una maldición desde hace ya tantos años. No hace mucho que se ha confirmado que las próximas oposiciones serán de 300 plazas, y que recuperaremos los derechos sociales perdidos con la crisis.

Quedan temas esenciales como el gravísimo problema de las sustituciones, la Ley de retribuciones, etc.., pero hay que admitir que en una etapa de crisis les ha sido imposible avanzar en todo lo que afecta tan directamente al aspecto retributivo.

Por lo demás, nuestra revista en papel sigue siendo el mejor ejemplo del espíritu vitorino del que hemos hablado antes,  y la más evidente prueba de la buena salud de la asociación. Sin olvidar la nueva dinámica que se le ha dado a la presencia digital de AJFV, que ha supuesto un impulso añadido en un ámbito en el que hasta ahora habíamos tenido escaso desarrollo. La prueba de todo lo que he dicho, es que ya somos más de 800 asociados y las cifras no dejan de crecer. Yo me siento muy orgulloso de todo esto, y si es autocomplacencia, me declaro entonces culpable.

PREGUNTA: Fuiste uno de los precursores en materia de seguridad e higiene de jueces y magistrados, ¿En casa de herrero, cuchillo de palo?

Nunca mejor dicho. Los jueces garantizamos la efectividad de estos derechos en beneficio de todos los trabajadores e integrantes de la función pública,  y aquí estamos nosotros. Los últimos en llegar y todavía en pañales, con el problema más grave sin resolver. Las cargas de trabajo. Ya he dicho que planteamos por primera vez este tema en nuestro documento de protección social del año 2006. Ha costado una barbaridad que en el CGPJ comprendieran la necesidad de elaborar un plan de riesgos laborales. Y una vez que hasta el propio Consejo identifica la excesiva carga de trabajo como el principal riesgo para la salud laboral de los jueces, seguimos sin una respuesta a este gravísimo problema.

PREGUNTA: ¿Crees que el régimen social de la Carrera Judicial es peor que el de la mayoría de trabajadores?

Hay cuestiones en las que sin duda estamos equiparados, pero hay otras muy importantes en las que claramente sufrimos un manifiesto perjuicio.

En materia de conciliación, el hecho de que no se dé una solución a la excesiva carga de trabajo que soportan la mayoría de los órganos judiciales, y especialmente los unipersonales en los que sirven los compañeros y compañeras más jóvenes, es una losa que debemos remover para conseguir algo tan importante como es que en la práctica puedan disfrutarse esos derechos. Mientras esto no se consiga, es evidente que seguimos perjudicados.

Y qué decir del régimen de jubilación, en el que no solo sufrimos el efecto de estar topados por la pensión máxima, sino también incluso el de tener que soportar un mayor porcentaje en el pago de medicamentos, con lo que esto supone a una edad en la que, por desgracia, todos vamos a necesitar de tratamientos costosos.

La respuesta a la pregunta no puede ser otra que un rotundo sí.

PREGUNTA: ¿Por qué es tan importante la definición de cargas de trabajo para jueces?

¿Para qué no lo es?, diría yo. Para garantizar a salud laboral de los jueces. Para conocer el número de jueces que el país necesita. Para el pleno ejercicio de los derechos de conciliación de los que antes hablamos. Para evitar que puedan activarse procedimientos disciplinarios manifiestamente injustos. Para poder explicar a la sociedad nuestra verdadera situación.

PREGUNTA: Muchos cuestionan el derecho a la huelga de los jueces y magistrados. Tú fuiste uno de los impulsores de aquella huelga de 2009 en la que formaste parte del Comité Nacional que convocó, junto a Foro Judicial Independiente, la primera gran huelga de jueces de la historia de España, ¿afirmas que los jueces tenemos derecho a la huelga? ¿Qué les dirías a quienes dudan de que tengamos derecho a la huelga?

Creo que este debate hace ya mucho tiempo que está sobradamente superado. El glorioso argumento en el que se apoyan los que nos niegan ese derecho, es el de decir que somos un poder del Estado. Sí que lo somos, cuando dictamos nuestras resoluciones. Aquí sí, en el ejercicio de nuestra función constitucional. En todo lo demás: nuestras condiciones de trabajo; retribuciones, y derechos laborales en general, somos integrantes de la función pública en toda su extensión. Los otros poderes del Estado lo son a tiempo completo. Tanto para ejercer sus funciones constitucionales, como para establecer sus propias retribuciones y condiciones de trabajo. Deciden lo que cobran, lo que trabajan, las vacaciones que tienen, los permisos; el importe de sus jubilaciones; etc, etc, etc.. Pregunto: ¿el poder judicial decide algo de eso?. Pues no. Ojalá así fuera. Los otros dos poderes del Estado que sí lo hacen para sus integrantes, lo hacen también para los jueces exactamente igual que para los demás miembros de la función pública.

En los jueces concurre una doble condición. Somos un poder del Estado a la hora de dictar resoluciones. Pero somos empleado públicos en lo que a nuestras condiciones laborales se refiere. La huelga es un derecho laboral –por cierto, fundamental-, y como empleados por cuenta ajena que somos en todo lo referente a nuestras condiciones de trabajo, somos titulares del mismo para reivindicarlas.

PREGUNTA: ¿Crees que la Carrera Judicial sufre vulneraciones de los más elementales derechos sociales: movilidad funcional y territorial, penosidad no remunerada, acoso…etc.?

No tanto como que se vulneren nuestros más elementales derechos sociales, pero si es cierto que hay una serie de cuestiones básicas en las que estamos manifiestamente desprotegidos. El tema de la carga de trabajo, la grave afectación que esto supone para la conciliación de la vida laboral y familiar; la penosidad que comporta, a las que se añaden las carencias  del sistema de sustituciones y la escasa contraprestación que apareja; la deficiente retribución de nuestras funciones, especialmente en los escalones de entrada; la injusta pensión de jubilación que nos queda tras tantos años de dedicación. En todos estos ámbitos no cabe duda que nuestros derechos no están debidamente protegidos.

PREGUNTA: La famosa reforma laboral, ¿ha supuesto, en tu opinión, un recorte de derechos para los trabajadores respecto del régimen anterior? ¿Y respecto de los países de nuestro entorno?

Sin ninguna duda. Solo hay que ver como vienen evolucionando en los últimos años las retribuciones salariales, que ya eran de por sí  muy inferiores a las de los trabajadores de esos otros países.

En la comparativa, valga como triste referencia un aspecto tan sangrante como el de las insoportables cotas de temporalidad que no tiene parangón con ninguno de los países de nuestro entorno, con la vergonzante peculiaridad de que sean las administraciones y organismos públicos los mayores incumplidores de la normativa legal en esta materia. El abuso de la subcontratación. La enorme flexibilidad en la negociación colectiva que tanto perjudica los trabajadores de pequeñas empresas con escasa capacidad real de negociación. Por no citar el déficit de protección a la maternidad y paternidad, y carencia de cualquier política eficaz en promoción de la igualdad de la mujer en el trabajo.

PREGUNTA: ¿Detectas que, efectivamente, hay discriminación laboral de la mujer en la empresa privada? ¿En qué se traduce?

Es incuestionable. Los datos demuestran que las mujeres asumen mayoritariamente los trabajos peor retribuidos, así como la existencia de importantes diferencias salariales en tareas de similar responsabilidad. La deficiente protección de la maternidad y la ausencia de una adecuada cultura empresarial que condiciona la progresión profesional de la mujer.

La pregunta se refiere a las empresas privadas, pero siendo cierto que en la función pública se produce una mayor igualdad en los aspectos retributivos y en el sistema de ingreso a través de la oposición, siguen existiendo graves desigualdades en el acceso a los cargos de designación discrecional. La carrera judicial es un buen ejemplo de ello, ahora que ya no queda la excusa de que son pocas las mujeres con antigüedad suficiente para optar a los puestos más relevantes de libre designación

PREGUNTA: ¿Qué reformas en Justicia es imprescindible acometer para que el servicio prestado a los ciudadanos sea el adecuado en un país como el nuestro?

Me consta que es una cuestión que suscita reticencias entre una parte de los compañeros, pero no me cabe la menor duda que la más importante sería  la creación de los tribunales de instancia. El sistema de juzgados y partidos judiciales es decimonónico y ningún sentido tiene en el momento actual. Así es como funcionamos en los órganos colegiados, con lo que el sistema está perfectamente probado, y me parece indiscutible que mejora en mucho la calidad de vida de los jueces respecto a los órganos unipersonales. La única diferencia es que en los órganos colegiados se deliberan y votan en común todas las resoluciones, en los tribunales de instancia bastaría con llevar al pleno los asuntos idénticos sobre los que hay más litigiosidad. Igual que ahora se hace en las juntas de jueces, pero con carácter jurisdiccional y vinculante. Con cuatro garantías absolutamente innegociables: 1º) La previa determinación de la carga de trabajo; 2º) El presidente del tribunal tiene que ser elegido directamente por los jueces como los actuales decanos; 3º) A ningún juez se le puede imponer la asunción de asuntos de un orden jurisdiccional diferente al que pertenece; 4º) Con un sistema de reparto blindado e inalterable.

El modelo actual de órganos unipersonales es insostenible.

La primera y enorme distorsión que genera es la inseguridad jurídica que produce la disparidad de criterios. La suerte de que al ciudadano le toque su asunto en uno u otro juzgado del mismo partido y salgan con resoluciones distintas sobre una misma cuestión. Que decir cuando ni siquiera cabe recurso. Me parece que esto es una cuestión tan relevante, que por sí sola los justificaría. Y frente a los que creen que los criterios vinculantes que se fijen en el tribunal son como una especie de atentado a la independencia judicial, les aseguro que los miembros de órganos colegiados no nos sentimos menos independientes por ese motivo. Es más, me parece lo más conforme al derecho de igualdad y a la seguridad jurídica. Se delibera con carácter jurisdiccional la cuestión en el tribunal de instancia  en resolución de un asunto en el que se haya planteado, se vota un criterio, el que discrepa puede hacer votos particulares, pero la decisión mayoritaria es vinculante para todos en los asuntos idénticos, sin perjuicio de que pueda motivarse en cada caso concreto las razones para no aplicarla por las justificadas peculiaridades que pudieren concurrir.

Por otra parte, la creación de cada nuevo juzgado comporta unos costes que no tienen sentido y que ninguna administración está dispuesta a seguir asumiendo, cuando lo que realmente hace falta es incrementar el número de jueces, en su caso de fiscales. Sostengo que con el personal funcionario de la administración de justicia del que disponemos en la actualidad podríamos duplicar el número de jueces, que es lo que realmente se necesita y con mayor énfasis demandamos. Porque ya podemos olvidarnos de que el futuro pase por la creación de más órganos unipersonales con el modelo actual: un juez, un letrado, funcionarios, un local específico, etc… Por ello es imprescindible poner en marcha los tribunales de instancia. Una oficina judicial única para todos los jueces del mismo orden jurisdiccional. Se podrían mantener muchos de los actuales edificios y partidos judiciales en la nueva configuración, de forma que en uno pudiere tener su sede el tribunal de instancia civil, en otro el tribunal de instancia de instrucción, en otro el social, etc.., unificando por órdenes jurisdiccionales el ámbito de varios de los actuales partidos. Lo que también permitiría vencer las resistencias de muchos alcaldes y colegios de abogados en cuanto podrían mantenerse gran parte de las sedes judiciales actuales. A lo que se suma un valor añadido. Pensemos un momento cual es la mayor diferencia que hay en la actualidad entre un órgano unipersonal y otro colegiado, exceptuando quizás las salas penales de las audiencias. A mi modo de ver, que en los órganos colegiados el papel espera en las estanterías y cada magistrado resuelve los asuntos que le corresponden en función del número que el propio tribunal ha establecido, en lo que viene a ser la aplicación práctica de un sistema de carga de trabajo. Mientras que en los órganos unipersonales el papel no tiene espera, y pesa en su totalidad en el titular del juzgado que lo asume casi como se tratara de  una cuestión personal. De hecho, no me canso de repetir que en los órganos colegiados ya tenemos implantado un sistema de carga de trabajo.

Con los tribunales de instancia y la delimitación de la carga de trabajo, todos los jueces pasaríamos a trabajar bajo el mismo modelo organizativo. A mi modo de ver, todos son ventajas. Para los ciudadanos por su mayor eficacia, igualdad y seguridad jurídica. Para los jueces, al quedar desvinculados de manera personal cada uno de su juzgado, asumiendo el exceso de responsabilidad que nos autoimponemos para intentar como sea llevarlo al día, a costa de nuestra salud y, lo que es aún peor, de nuestra propia familia. Con las garantías de las que antes hemos hablado, ninguna desventaja veo sobre el modelo actual.

Y aprovechando la ineludible reforma procesal, una simplificación de todos los procedimientos. Limitando los recursos y trámites innecesarios y perniciosos que no cumplen la supuesta función garantista que pudiere justificarlos.

PREGUNTA: ¿Cuál es tu percepción de la situación actual de la Carrera Judicial en España? ¿Percibes un clima de desilusión y crispación?

Es evidente que ese clima existe en los órganos unipersonales debido a la elevada carga de trabajo que soportan,  a las graves distorsiones que están generando las sucesivas ocurrencias del Ministerio, y a la imposibilidad de encontrar un destino adecuado a los nuevos jueces.

Problemas que podrían solventarse con la resolución de las dos grandes cuestiones de las que venimos hablando. La aprobación de la carga de trabajo y la creación de los tribunales de instancia. A mi modo de ver, estos dos retos, junto con la preceptiva revisión de la Ley de Retribuciones, son los  más importantes que debemos afrontar desde el asociacionismo judicial, y seguro que con ello se conseguiría devolver la ilusión a los compañeros que vienen soportando tan lamentables condiciones de trabajo.

PREGUNTA: ¿Qué consideras imprescindible para mejorar la imagen de la independencia judicial en España?

El gran daño a la imagen de la independencia judicial no viene tanto de la actuación jurisdiccional de jueces y magistrados, como de la relevancia pública que adquieren las decisiones y todo lo que afecta al CGPJ, destacadamente, el nombramiento de cargos discrecionales.

Lo primero sería la elección directa por los jueces de los 12 vocales de procedencia judicial. Los partidos políticos deberían comprender que el actual sistema ya ha demostrado reiteradamente su fracaso. El argumento más recurrente para negarse a modificarlo se sustenta en la idea de que el CGPJ se convertiría en un órgano corporativista al servicio exclusivo de los jueces. Nada más lejos de la realidad y hay datos que lo demuestran, porque el sistema de elección directa ya está perfectamente testado. ¿La actuación de los Decanos se guía por el corporativismo o por el afán de mejora y buen funcionamiento del servicio?, ¿Y la de los miembros electos de las Salas de Gobierno? No hay razones para considerar apriorísticamente que los 12 miembros del CGPJ elegido por los jueces vayan a comportarse de manera diferente a como ya lo hacen sus compañeros en esos otros ámbitos. En el peor de los casos, si ese nuevo modelo fracasa, ya podrán imputarnos los políticos toda la responsabilidad a los jueces.

Lo segundo es la redacción de un verdadero y auténtico reglamento para el nombramiento de cargos de libre designación, que es otro de los elementos que más daña la imagen de la independencia judicial. Hay muchos aspectos perfectamente objetivables que permitirán garantizar una mayor objetividad: limitar a dos los mandatos en las presidencias; no permitir que quien ocupa un cargo discrecional pueda presentarse a otro hasta que no pase un cierto tiempo de su cese; no nombrar a vocales cesados del CGPJ hasta que no haya transcurrido un periodo tras el fin del mandato.

Y desde luego, una buena política de imagen pública de la que siempre hemos carecido, que permita explicar a la ciudadanía la verdad de las cosas.