La invisibilidad de la discapacidad sensorial de las personas sordas o con dificultades auditivas expone al colectivo a una marea de dificultades, discriminación y vejaciones en su vida cotidiana que afectan a su independencia, su acceso al empleo y, en definitiva, a su dignidad.
Los desprecios y desatenciones son continuos, también por parte de quienes conocen su discapacidad, pues a menudo descuidamos aspectos básicos -como hablar despacio, alto y claro- para hacer viable la comunicación oral con el que no oye bien, o facilitarle la lectura de labios, e incluso terminamos perdiendo la paciencia y a un “no te entiendo”, respondemos con un lacerante “ya te lo he dicho cien veces”, como si la dificultad de audición implicara una menor capacidad intelectual y existiera una superioridad de los que oímos.
Son evidentes las dificultades de las personas sordas en la calle, en la compra, en el transporte o en el sistema sanitario, y ya es un clásico el caso del paciente que estuvo siete horas en el servicio de urgencias sin ser atendido porque le llamaron por megafonía.
En España, según el INE existen más de un millón de personas sordas o con discapacidad auditiva. En este colectivo el paro alcanza unas cifras alarmantes. El Informe del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España en 2016 refleja que las personas con discapacidad auditiva presentan una tasa de desempleo del 55,4%. Los prejuicios colocan a las personas con sordera en una situación difícil en el ámbito laboral, pese a que la contratación de personas con discapacidad puede conllevar ventajas fiscales para el empresario. Las personas con problemas de audición dudan siempre en si deben reflejar esta discapacidad sensorial en su curriculum; la entrevista de trabajo supone una dificultad añadida, más si es telefónica. En el caso de las mujeres sordas, la situación de desventaja e invisibilidad se ve multiplicada exponencialmente en el acceso a un empleo, al añadirse a la discriminación y a los prejuicios derivados de la discapacidad, los derivados del género.
Las dificultades de comunicación, de mayor calado en personas con sordera o deficiencia auditiva adquirida que en quienes la padecen de forma congénita, conducen al aislamiento, a la soledad y a la depresión.
En España, más del 95% de personas sordas o con dificultad auditiva utilizan la lengua oral para comunicarse, pues el porcentaje de conocimiento y uso de la lengua de signos es todavía bajo.
La Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (RDLeg 1/2013, de 29 de noviembre) proclama los principios que la inspiran, entre ellos, el respeto a la dignidad inherente, la autonomía, la igualdad de oportunidades o la accesibilidad universal. Sin embargo, transcurridos más de doce años de la aprobación de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, todavía no existe desarrollo reglamentario ni tampoco la dotación económica necesaria. El proyecto de Real Decreto figura desde el 26 de febrero de 2018 en fase de audiencia pública y nada se ha avanzado por los subsiguientes responsables políticos.
Quiero, no obstante, destacar algunos logros relevantes de carácter normativo y social acaecidos en este pasado año. Así, la aprobación por el Parlamento catalán de la Ley 6/2019, de 23 de octubre, de modificación del libro cuarto del Código civil de Cataluña, relativo a las sucesiones, para garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación de las personas con discapacidad sensorial, dirigida a eliminar las restricciones que dicho código les establecía para situarlas en plano de igualdad con quienes no tienen esta discapacidad cuando ordenan sus últimas voluntades, o cuando intervienen como testigos en un testamento ajeno. Antes, una persona sorda no podía acudir sola al notario y debía valerse de testigos para hacer testamento en Cataluña.
En territorio de derecho común, la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria reformó el artículo 681 CC sobre la idoneidad de los testigos en los testamentos, que impedía serlo a los ciegos y los totalmente sordos o mudos, eliminando la discriminación por razón de discapacidad, para adaptar nuestro derecho interno a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Nueva York, 2006). Subsiste, sin embargo, en el artículo 697.2 CC la necesidad de que concurran dos testigos idóneos al otorgamiento cuando el testador, aunque pueda firmarlo, sea ciego; y cuando el testador que no supiese o no pudiese leer fuera enteramente sordo.
Dos importantes hitos sociales que pueden marcar un antes y un después en materia de integración y efectividad de los derechos de personas con discapacidad sensorial, y de visibilización y normalización del colectivo, han tenido lugar también en 2019.
En las Elecciones Generales del 28 de abril, por primera vez en España a un ciudadano sordociego le tocó presidir una mesa electoral. Podía voluntariamente excusarse pero abordó el nombramiento como un reto, declarando que lo hacía para mostrar a la sociedad que las personas con sordoceguera «pueden hacer lo que se propongan» siempre y cuando se les facilite la asistencia que necesitan. La jornada electoral se desarrolló con plena normalidad, siendo auxiliado el Presidente por una guía intérprete, gracias a la diligente gestión de la Junta Electoral de Zona de Santa Cruz de Tenerife.
Y en el presente curso escolar 2019/2020, una canaria, sorda desde los siete años, es profesora e imparte lengua de signos en un colegio de educación infantil y primaria de Tenerife, convirtiéndose en la primera docente en España con deficiencia auditiva en superar las oposiciones.
Estos ejemplos de personas concretas permiten abordar el futuro con esperanza, aunque la eliminación de las barreras pasa por algo más que las campañas de sensibilización. Es imprescindible una inversión pública sostenida.
Ya se ha dicho cien veces, pero la administración hace oídos sordos.
***Mónica García de Yzaguirre es Magistrada de Santa Cruz de Tenerife y Vocal de la Comisión de Igualdad.
Descargar artículo (pdf) Ya te lo he dicho 100 veces – Mónica García de Yzaguirre
Artículo publicado en la Revista Igualdad – Febrero 2020
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