Foto: María Lourdes Arastey Sahún.

María Lourdes Arastey Sahún (Tarragona, 1959). Casada y madre de tres hijos. Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona en 1982, ingresó en la Carrera Judicial por oposición libre en 1984. Sus primeros destinos en los órganos mixtos de la jurisdicción abarcaron hasta 1989, año en el que ascendió a Magistrada y ocupó destino en el Juzgado de lo Social nº 7 de Barcelona, pasando a la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al año siguiente. En 2002 fue nombrada Magistrada especialista social.

Ha compaginado su trabajo como Magistrada con el de profesora asociada de la Universidad de Barcelona. A su excelente formación jurídica, que le ha valido para ser ponente en cursos y conferencias en numerosas universidades e instituciones españolas, se une su dominio de idiomas (además del castellano y catalán natales, habla inglés, francés e italiano) que le ha permitido participar así mismo en foros e instituciones internacionales, como las Escuelas Judiciales de Bulgaria, Rumanía y de Espírito Santo (Brasil), Escuela Judicial de Centroamérica y Caribe (Guatemala), Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Université Montesquieu de Burdeos, el Centro Universitario Mediterráneo de Niza, el TJUE, la Cour de Cassation de Francia, la Asociación de Mediadores de Hungría, Eurochambers o el Bar of Ireland.

Comprometida con su profesión pero, sobre todo, con la igualdad de género y la independencia judicial, ha participado activamente en diversos proyectos internacionales en materia legal y judicial en Bulgaria, Rumanía, Kosovo, Guatemala, Italia, Letonia, Portugal, Francia, Alemania y Eslovaquia. Representó al Poder Judicial español en la Cumbre Anual de Justicia y Género de los Tribunales Supremos de Latinoamérica de Cádiz (2012) y de Cochabamba –Bolivia- (2013). Es autora de diversas publicaciones de Derecho Laboral, Discriminación, Género e igualdad, mediación y Derecho de la Unión. En 2016, fue designada Experta para la Red Europea de Consejos Judiciales (ENCJ) en el Proyecto conjunto de la Red Europea de Consejos Judiciales y del European Law Institute (ELI) sobre Mediación (ADR).

En la actualidad, es Magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, destino al que fue promovida en 2009. Es Vicepresidenta del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME), institución en la que ha ostentado también el cargo de Presidenta de su Sección española También es miembro del Instituto Europeo de Legislación (ELI).

Ha sido miembro activo de AJFV desde su incorporación a la asociación, desarrollando amplia actividad como Portavoz de la sección de Cataluña. En el año 2004 (Jornadas de Peñíscola) fue la iniciadora de los trabajos para hacer un análisis de la situación de los jueces y magistrados en relación con sus derechos laborales y de protección social. En ese mismo año, junto con otra vitorina fuertemente comprometida, Mónica García de Yzaguirre, participó en el Programa sobre la Participación equilibrada de la mujer y del hombre en el proceso de toma de decisiones, auspiciado por la Comisión Europea y dedicado al papel de la mujer en la judicatura, fruto de cuyas conclusiones surgiría la creación de una primera Comisión del CGPJ sobre esta materia (que pasó a ser legal con la LO 3/2007) y daría lugar a la creación de un Grupo de trabajo en AJFV en materia de igualdad que coordinó Rosalía Fernández Alaya.

Quienes la conocen, coinciden en definirla como una mujer inteligente, con las ideas claras, luchadora y de firmes convicciones. Amiga de sus amigos, su alta preparación y su puesto como Magistrada del Tribunal Supremo no le restan cercanía y compromiso con la Carrera Judicial. Es habitual escucharla participar en las Asambleas de la Asociación, dando su punto de vista y debatiendo como un asociado más. Como buena vitorina, sabe compaginar muy bien su profesión con una vida personal dedicada a su familia, a la vuelta constante a su Cataluña natal y a sus aficiones de incansable viajera y lectora.

PREGUNTA: Lourdes, ¿por qué te asociaste la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria?

RESPUESTA: No puedo precisar bien el año, pero fue al poco de llegar a mi segundo destino judicial (el Juzgado de Distrito de Barcelona), hacia 1986. Allí, un grupo de compañeros empezamos a reunirnos de forma regular para comer juntos y discutir temas de “actualidad judicial” convocados por el querido Pedro Martín que era quien, con su personalidad arrolladora, promovía el debate y nos animaba a todos. De esas comidas surgió la idea de asociarnos y lo hicimos en bloque a AJFV, que en Cataluña casi no tenía asociados. Para todos nosotros estuvo claro que recogía bien el espíritu que nos unía. Fueron tiempos de mucha ilusión y de cariño, que ahora también recuerdo con enorme nostalgia porque tristemente han fallecido tanto Pedro como Rafael Martínez de la Concha y Carmen Quesada, integrantes asimismo de aquel grupo.

PREGUNTA: ¿Crees que existe el “espíritu vitorino”? ¿En qué consiste?

RESPUESTA: No se si “existe”, pero como las meigas: haberlo, haylo. Así que, cuando “se te aparece”, ves que la conexión en la idea de qué es ser juez te ayuda precisamente a definir tu profesión. Éste es un trabajo muy particular; muy duro e ingrato en muchas ocasiones, muy incomprendido en muchas otras, pero esencial para la sociedad y, por ello, terriblemente bonito. Ser vitorino es estar en ese ying/yang de nuestro día a día.

PREGUNTA: ¿Cómo ves el asociacionismo judicial en España?

RESPUESTA: No tengo ninguna duda de que las asociaciones judiciales son fundamentales y creo que estamos viviendo una etapa en que, por fin, su papel esencial se está poniendo de manifiesto de forma nítida.  Desgraciadamente, hemos vivido tiempos en que la confusión entre las asociaciones y la actividad de gobierno de los jueces y sus indeseables posicionamientos políticos perturbaba de manera muy negativa cualquier avance en la consolidación de un asociacionismo netamente profesional.

Las cuatro asociaciones están dando muestras de haber entendido que, manteniendo sus legítimas y saludables diferencias, el núcleo de sus objetivos no puede pasar por un mero reparto de cuotas o parcelas de poder. Me parece un momento único y muy positivo en ese sentido y es lo que siempre hemos defendido desde AJFV.

PREGUNTA: ¿Cuál es tu percepción de la situación de la Carrera Judicial en España? ¿Hemos avanzado en algo respecto de tus inicios?

RESPUESTA: No puedo ser nada optimista. Particularmente, me duele ver la situación en que se encuentran los compañeros y compañeras de la mayoría de órganos unipersonales.

El ciudadano tiene que saber que el trabajo de un juez se desarrolla en unas condiciones que difícilmente serían aceptables desde una perspectiva de Derecho laboral: instalaciones obsoletas y casi siempre insalubres, cargas de trabajo insoportables, sin limitación de jornada, etc. etc. Creo que bastaría con preguntarles por el panorama que han visto a quienes, como usuarios, han tenido que acudir alguna vez a algún Juzgado…

Y, sin embargo, lejos de ir mejorando – por más lento que se fuera-, asistimos a la nula creación de plazas, a la dispersión de administraciones públicas concernidas, a los continuos cambios de las leyes y al incremento pasmoso de la litigiosidad. En suma, cada vez más pleitos y más complejos, pero seguimos siendo los mismos, en el mismo local destartalado y con los mismos escasísimos recursos… ¿qué justicia podemos ofrecer?.

¡Se echan en falta tantas cosas!. No ha habido una concepción seria de política de Estado en materia de defensa del Poder Judicial. Una sociedad que no cuida sus garantías últimas acaba dudando de sus propias estructuras básicas. Así que, si la pregunta se refiere a una comparativa con mis inicios, he de decir que hemos avanzado poquísimo y que, para colmo, hemos retrocedido en consolidación y fortalecimiento institucional.

PREGUNTA: Como experta en mediación, ¿Consideras que la resolución alternativa de conflictos es positiva para la administración de Justicia?. ¿Hay cultura mediadora en España? ¿Por qué no termina de extenderse en nuestro país la mediación?

RESPUESTA: La tutela de los verdaderos intereses de los ciudadanos no siempre pasa por declarar a uno vencedor frente al otro. El proceso judicial debe ser concebido como una última vía para poner fin a su conflicto y, dentro de él, la última ratio debe ser la solución por sentencia – la justicia adjudicativa-. Quienes acuden en solicitud de tutela deben poder obtener la respuesta que mejor se acomode y satisfaga esa demanda. Muchas veces la van a hallar en otros medios más compositivos y, por ello, los tribunales están obligados a ofrecerlos.

Estamos en una etapa histórica de cambio cultural, de superación de rígidos modelos de justicia. En ese proceso están implicados todos los Estados de la Unión Europea y, aunque es cierto, que las sociedades del norte de Europa tienen mayor experiencia, la evolución que se constata ya entre nosotros es muy positiva.

Ahora bien, para que la oferta de Justicia sea adecuada y completa necesitaríamos que lo que os he respondido en la pregunta anterior tuviera un tono positivo. ¿Si los poderes de los ejecutivos con competencia en medios económicos en Justicia no son capaces de invertir en lo más elemental – ha habido momentos en que algún Juzgado ni siquiera recibía papel-, cómo pretender que esas mismas administraciones comprendan que han de incluir unidades de mediación dentro de las estructuras de los órganos judiciales?. El Consejo General del Poder Judicial está haciendo una labor ingente al respecto, pero choca con ese paradójico esquema de nuestro país: el Poder Judicial no dispone de la más mínima competencia económica ni presupuestaria.

PREGUNTA: Es conocida tu beligerancia por la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Como magistrada del orden social, ¿hay desigualdad laboral en España? ¿En qué sentido?

RESPUESTA: La hay y muy clara. Basta con consultar los datos del Instituto Nacional de Estadística, nada sospechosos de ser sesgados: el salario anual por jornada a tiempo completo de las mujeres era el 88,4 % del de los hombres; la brecha salarial (la diferencia entre el salario bruto por hora de los hombres y el de las mujeres, expresado como porcentaje del salario bruto por hora de los hombres) existe en todas las franjas de edad, incluso en las más jóvenes, y se torna dramática a medida que las mujeres se van haciendo mayores (21 % a partir de los 55 años…); la discriminación por razón de género es obvio en el momento de la contratación y en las políticas de las empresas con rechazo a las mujeres en edad fértil; la falta de perspectiva de género se aprecia en muchas de las medidas normativas que no analizan el impacto, pese a la obligación de hacerlo; etc., etc.

PREGUNTA: Eres una de las 11 mujeres que ocupan plaza en el Tribunal Supremo, de un total de 79 miembros. ¿Consideras que hay desigualdad de género en la Carrera Judicial? ¿Qué opinas de la fotografía que ilustra la Apertura del Año Judicial, con la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo copada por varones? ¿Existe el “techo de cristal”?

RESPUESTA: En la carrera judicial, como en todas instituciones que están sometidas a una actividad reglada, no hay discriminación formal, pero sí existe una clara desigualdad material fruto de alguno de los defectos a los que me referido antes: la falta de análisis del impacto que las medidas y decisiones tienen sobre la cuestión, la falta de perspectiva de que la igualdad real sólo existe si las oportunidades – que no la norma sobre el papel- son equiparables, etc. Basta con intentar cualquier petición que no esté sujeta a un requisito objetivo reglamentado e imperativo para que reluzca el dato.

Los nombramientos discrecionales son la punta del iceberg – y con ellos guardaría relación la cuestión de la foto-, pero el día a día nos ofrece continuos ejemplos: ¿Por qué los jueces-varones no piden excedencia para cuidado de hijos si la ley es igual para ellos?. Mientras sólo la pidan las juezas y magistradas, éstas tendrán un “lapsus” en su desarrollo profesional que ellos no tendrán…

¿Por qué se remarca que tal o cual tribunal estuvo integrado sólo por mujeres si llevamos 200 años de salas del Supremo constituidas siempre por sólo por hombres?

¿Cuántas compañeras – especialmente en sus inicios- deben esforzarse para ser tratadas con un respeto institucional, incluso en estrados, que sí se dispensa a los jueces-varones de su mismo grado, lugar y edad?. Yo llevo más de 8 años en el Tribunal Supremo y en los ascensores el personal de la casa que no me conoce tiende a tutearme – porque dan por hecho que soy una secretaria personal de algún Magistrado- mientras que a cualquier hombre con traje y corbata se le trata de usted; más de 8 años tachando en las providencias de las que soy ponente el “Excmo. Sr. D.”, para ponerlo en femenino…

Así que, sí. Sí hay techo de cristal, y me temo que es cristal de securizado y con doble aislamiento.

PREGUNTA: ¿Qué consideras imprescindible para obtener un mayor grado de independencia judicial en España?

RESPUESTA: La pregunta presupone que no hay independencia y eso no lo comparto. Afirmo lo contrario. A la ciudadanía se la ha querido confundir, interesadamente, con la politización del CGPJ. El Poder judicial somos los jueces, no el Consejo.

En cuanto a los jueces, el que haya presiones constantes, particularmente mediáticas y, generalmente, movidas por intereses políticos, a quiénes delata es a los que presionan, no a los presionados. Esta es una de las cuestiones que hace más penosa e ingrata la labor de muchos jueces que tienen la “mala suerte” de que les toque instruir, conocer o juzgar alguno de esos casos, para los que quiero recordar no disponen de otros medios que aquellos tan precarios con los que han de seguir gestionando el resto de casos de sus juzgados y tribunales.

Lo que necesitamos es una buena defensa pública de nuestra función, porque ello supone una defensa del Estado de Derecho. Y esa labor le corresponde el Consejo.