Somos un colectivo heterogéneo y descosido. Y de esta circunstancia se han servido los encargados de dirigir el Ministerio de Justicia durante los últimos veinte años para desoír nuestras reclamaciones. La carencia de medios, la excesiva carga de trabajo y la pérdida de nivel adquisitivo, entre otras, son realidades que conoce el Gobierno, pero los hechos han demostrado que no interesa tener una Administración de Justicia fuerte ni que sus servidores puedan ejercer su profesión en unas condiciones adecuadas de salud laboral y económica.

Con la entrada del nuevo Comité Nacional, y siguiendo la senda del anterior, hemos intentado construir un espacio de unidad con el resto de asociaciones judiciales. La unidad asociativa no es una cuestión menor, más en estos extraños tiempos que vivimos. Y es que “una casa dividida en contra de sí misma no puede sostenerse”, como dijo Abraham Lincoln. La experiencia nos dice que lo que más daño hace a nuestro interlocutor es que frente a ellos se siente una sola voz, una sola idea y una sola dirección.

Ese espacio de unidad asociativa se materializó en el Primer Congreso Interasociativo, celebrado en Albacete en febrero de este año. Siempre hemos pensado que hay un poder inmenso cuando un grupo de personas con intereses similares se une para lograr las mismas metas.

Fruto del trabajo conjunto, se realizaron valiosos informes y estudios en materia retributiva, de carrera profesional, salud laboral, pensiones y Jueces de nuevo ingreso. Y gracias a ello, las asociaciones judiciales pudimos presentar un pliego de propuestas al Ministerio de Justicia. Sin embargo, tras las primeras reuniones con el Ministerio, hemos comprobado que, a pesar de la unidad asociativa y de la razonabilidad de lo solicitado, no somos capaces de que la contraparte sea consciente del agotamiento de la carrera judicial. Porque para demostrar ser consciente no es suficiente comprender. Es esencial actuar.

No debemos tener pudor en afirmar que la bajada salarial que sufrió la función pública en mayo de 2010 fue especialmente perjudicial para Jueces y Magistrados, pues mientras la masa salarial del sector público se redujo en un 5% en términos anuales, la progresividad que estableció la norma supuso que a Jueces y Magistrados se les redujera el 9,73% de las retribuciones básicas.

No podemos tener vergüenza en reclamar la recuperación de la pérdida salarial, incrementando un 4,73% nuestro sueldo mensual. La vergüenza debería ser no reclamarlo.

Del mismo modo, resulta difícil de explicar cómo es posible que la guardia semanal de un Juez en un Juzgado Mixto de tres o menos Juzgados se cobre a 0,76 céntimos de euro brutos la hora de guardia, sin distinguir nocturnidad ni festivos. Hasta el propio Ministerio de Justicia se sorprende del dato, pero en la sorpresa no está la solución. Y compartimos culpa porque hemos mirado para otro lado demasiado tiempo.

El problema no radica simplemente en una cuestión crematística, a pesar de su importancia, sino que va acompañado de un sistemático abandono de nuestros Juzgados por la Administración prestacional y de la carestía de un sistema de fijación de cargas de trabajo a efectos de salud laboral, lo que está provocando situaciones insostenibles en los miembros de la carrera judicial.

Los Ministros de Justicia de la última década han prometido un nuevo modelo de Justicia. Y defienden con palabras grandilocuentes los beneficios del cambio. Pero las palabras no materializan un proyecto. Es necesaria una valiente inversión económica que convierta a la actual deficitaria Administración de Justicia es uno de los motores de nuestro país. Allá donde funciona la Justicia, funciona un país.

Debemos luchar por la implantación de una verdadera carrera profesional que suponga la posibilidad de avanzar, laboral y retributivamente, y que tenga como piedra angular el ejercicio de la jurisdicción y la formación. Debemos insistir en la necesidad transparencia, motivación y valoración del impacto de género en los nombramientos discrecionales. Y debemos potenciar nuestra independencia judicial criticando cualquier acción que pueda comprometer la misma, como ocurre actualmente con la fase de sustitución y refuerzo de los nuevos Jueces.

Con toda la humildad, pero con la responsabilidad a nuestras espaldas de sabernos representantes del 54% de la carrera judicial, hemos acudido al Ministerio de Justicia para explicarles la situación de la profesión y de la imperiosa necesidad de actuar. Ahora bien, es menester reconocer que somos un colectivo que no se caracteriza por el éxito de sus peticiones antes el Ministerio de Justicia. Los Jueces siempre hemos sido malos negociadores. Esto es así porque nuestro interlocutor sabe que estamos deslavazados. Las asociaciones judiciales, y sus representantes, se sientan a la mesa de negociación con la mayor de las voluntades de éxito para la carrera judicial, pero el Ministerio de Justicia sabe perfectamente que un 46% de sus miembros no están asociados. Y juegan con esa carta.

En nuestro descargo debemos indicar que es difícil negociar cuando el interlocutor cambia constantemente. Podemos entender que (las cosas del derecho) “estén sujetas a continuas mudanzas”, como decía Don Quijote, pero es muy perjudicial para nuestros intereses que en los últimos tres años hayamos tenido tres Ministros de Justicia distintos: doña Dolores Delgado, don Juan Carlos Campo y doña Pilar Llop.

Cada uno llega con nuevos Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores y Subdirectores Generales. Y todas las negociaciones que hubiesen empezado, comienzan desde cero. Con el correspondiente periodo de espera para que se asienten los nuevos interlocutores. Y de este modo, la vida profesional de los miembros de la carrera judicial va transcurriendo, entre las ganas de cambio y el hastío. Adormeciendo desencantadamente al personal.

Otro de los principales problemas que nos encontramos cuando negociamos con el Ministerio de Justicia es la falta de un interlocutor con capacidad de decisión. Siempre se nos remite a las dificultades de una eventual aceptación del Ministerio de Hacienda. Verdadero Notario Mayor del Reino, pese a tener dicho título la Ministra de Justicia. Nos exigen reunirnos con el Ministerio de Justicia pero nos dificultan intermediar directamente con quien el propio Ministerio de Justicia dice que tiene el poder de decisión. De este entuerto solo sale victorioso quien nada quiere negociar.

Y por si fuese poco el dislate, el Ministerio de Justicia nos remite a conseguir nuestras exigencias por medio de la judicialización, como con las retribuciones variables, a pesar de reconocer la realidad legal. Ya no todo es cuestión de dinero, sino que todo es cuestión de qué partida presupuestaria sale el dinero.

La carrera judicial está en un proceso de resiliencia. Quizás no sea nuevo, pero se ha acentuado en los últimos años. Nos hemos adaptado frente a los sucesivos cambios ministeriales como única manera de sobrellevar nuestra profesión. Pero resiliencia no es resignación.

Somos conscientes que otros profesionales de la Administración de Justicia están obteniendo mejoras retributivas. El Ministerio de Justicia debe saber que la carrera judicial no va a tolerar el tradicional olvido a sus reclamaciones.

La pregunta que emerge es lógica: ¿estamos lo suficientemente concernidos para la utilización de medidas de presión? Debemos reflexionar si queremos que nuestra resiliencia se convierta en resignación o nos sirva de acicate para recuperar la dignidad de nuestra profesión. Y en esta reflexión no solo debemos estar las asociaciones judiciales sino el 46% de la carrera judicial que no está asociada, y cuyo silencio juega a favor del Ministerio de Justicia.

Como decía Javier Cercas en un artículo publicado en El País, el pasado 14 de mayo, “una buena causa bien defendida es una buena causa, pero una buena causa mal defendida puede convertirse en una mala”. Por ser Jueces, precisamente por eso, tenemos la obligación de defender de forma adecuada aquello que es justo.

Sergio Oliva Parrilla, Miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.