La Administración de Justicia se enfrenta a un reto mayúsculo. El Ministerio de Justicia y el CGPJ son conocedores de la situación y, a día de hoy, no existe ningún plan para abordar el problema de las jubilaciones masivas. Aunque nuestros políticos viven en el cortoplacismo, este problema es una cuestión de Estado. No hacer nada no puede ser una opción, porque las consecuencias no solo serán desastrosas para los jueces que queden, debido al progresivo empeoramiento de sus condiciones laborales, sino para los propios ciudadanos por la inevitable merma de la calidad del servicio público que se le puede prestar.

Y es que, al fin y al cabo, una buena salud laboral del Juez asegura una buena Justicia para la ciudadanía.

Descargar (pdf) Estudio sobre las jubilaciones de la carrera judicial en la próxima década