En las últimas décadas, España ha desarrollado un avance en materia de protección contra la discriminación por razón de la orientación sexual y la identidad de género. Es en el ámbito legislativo y social donde se han materializado las medidas que han supuesto no sólo una mejora en las condiciones de protección frente a la discriminación de las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans y sino un reconocimiento de derechos civiles y sociales con un gran impacto para el conjunto de la sociedad.  La modificación de la legislación española mediante la aprobación del matrimonio igualitario en el año 2005 (Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio) y la Ley de Identidad de Género (Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas) en el año 2007 no sólo han supuesto un salto cualitativo en términos de reconocimiento de la propia  diversidad afectivo sexual, sino una transformación para el conjunto de la sociedad que ha reconocido la protección a grupos sociales históricamente discriminados.

La posibilidad de que las parejas del mismo sexo pudieran tener sus derechos reconocidos legalmente y que las personas transexuales pudiesen modificar su nombre y sexo legal no sólo supuso una mejora en las condiciones de vida, sino implicó también para la sociedad un claro mensaje: la ciudadanía de acuerdo a sus particulares está legitimada a ser reconocida y protegida con el Estado como garante.

La realidad hoy en día nos muestra a España como una sociedad, cada vez más diversa, más multicultural que debe establecer mecanismos que faciliten la armonía y la convivencia. El desarrollo de los derechos de las personas lgtbi ha puesto en el mapa a España, que se ha convertido en foco de atención y consecuentemente, centro receptor de personas procedentes de diversas partes del mundo, que acuden buscando un lugar en el que vivir con mayor libertad, en el que poder expresar abiertamente y sin temores su propia identidad y disfrutar de un marco normativo protector frente a la posible discriminación. Todavía hoy, según datos de Amnistía Internacional más de setenta países persiguen legalmente la homosexualidad y transexualidad, con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua e incluso la pena de muerte.

El desarrollo de las redes sociales ha propiciado el conocimiento más profundo de los distintos marcos legales en materia de reconocimiento y protección de las personas lgtb de cada uno de los países. Por lo que numerosas personas lgtbi desde diversos rincones del planeta perciben a España como un lugar muy respetuoso con la diversidad en el que plantearse una nueva vida y deciden establecerse en un nuevo país al que acuden con unas expectativas muy elevadas.

Ahora bién, aunque el Eurobarómetro del 2015 ratifica que el 84% de los españoles se muestra favorable a la regulación del matrimonio igualitario, las entidades sociales que trabajan de cerca con las personas lgtb, advierten que la realidad actual no se ajusta a ese porcentaje. En el momento de reivindicar los mismos derechos y oportunidades de los que disfrutan las personas heterosexuales es cuando, surgen todo tipo de impedimentos.

El CIS del 2012 refleja que el 39% de los españoles consideran que los gais no tienen la misma capacidad que una pareja convencional para criar a sus hijos. Las cifras que proporciona el Ministerio del Interior en sus memorias respecto a la comisión de los delitos de odio, muestra un aumento significativo de aquellos cometidos por la orientación sexual de las personas. Estos datos y algunos otros y estudios demuestran, que la sociedad no ofrece los elementos adecuados para proporcionar mecanismos de protección eficaces y por tanto, que las personas lgtbi podamos disfrutar de una igualdad real.
Los retos que se presentan para conseguir la verdadera igualdad material no son pocos ni fáciles. No solo en materia legal sino también social

• El aumento de la llegada de personas procedentes de otros países (migrantes y solicitantes de asilo por su orientación sexual e identidad de género) implica la necesidad de establecer mecanismos formativos del personal, de identificación de conductas discriminatorias y agresivas por parte de otros refugiados ya en territorio nacional, que no respetan la diversidad afectivo sexual así como la implementación de medios que proporcionen información sobre recursos sociales y de atención legal, que favorezcan su integración en el conjunto de la sociedad.
• El incremento de los delitos e incidentes de odio cometidos por la orientación sexual e identidad de género de las víctimas urge a revisar la legislación vigente y establecer una más adaptada a la realidad. Una formación a los profesionales de la justicia (Jueces y Fiscales, especialmente) en materia de diversidad afectivo sexual sobre aspectos legales y sociales de la homosexualidad y la transexualidad es imprescindible. Es necesario un conocimiento profundo de esta realidad para que las resoluciones se acerquen lo más posible a la reparación del daño de las víctimas.
• Educación, la asignatura pendiente. Es necesario un sistema educativo integrador que contemple todo tipo de matrimonios, parejas y familias. Muchos textos ignoran las familias homoparentales, monoparentales, las separadas y las que viven en un centro de acogida. Un sistema educativo que no aborde los derechos humanos, civiles y sociales en su totalidad no contribuirá a la vertebración de una ciudadanía consciente, respetuosa y sensible al reto de las sociedades multiculturales y diversas.

En conclusión, se han realizado grandes avances, que a día de  hoy no son suficientes para dar respuesta a las necesidades reales de la población. Existe una  parte de la población, especialmente profesionales de los servicios públicos que no pueden dar una atención adecuada por falta de conocimientos específicos y por no contar un marco normativo adecuado. Confiemos que la próxima legislatura, traiga el desarrollo de normas de ámbito estatal que aborde estas cuestiones y otras que permitan acercarnos a la anhelada igualdad material.

***Manuel Ródenas es Presidente de AACDO – Asociación de abogados contra los delitos de odio.

Descargar artículo (pdf) IGUALDAD – Los retos actuales de la diversidad afectivo-sexual

Artículo publicado en la Revista IGUALDAD – Mayo 2019

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