Modernización e inversión

La lentitud en la Admisnitración

Por Enrique Domínguez López.

Afirmar que una Justicia lenta puede no ser Justicia, es algo que suscribiría cualquier observador objetivo, que también podría imputar a nuestros Tribunales la tacha de no lograr resolver multitud de asuntos, muchos de ellos penales, en unos plazos razonables.

Y, en materia criminal, esta dilación en la tramitación de las causas, cuando no es atribuible al acusado, da lugar según el Código Penal, a la aplicación de una atenuante que puede conllevar una sustancial rebaja de la pena a imponer. Es difícil explicarlo en algunos casos, pero  el hecho de encontrarse durante años investigada una persona, por la posible comisión de un delito, tiene de por si un carácter aflictivo,  por lo que es justo que se tenga en cuenta a la hora de graduar la sanción que ha de imponerse.

Seamos claros: Esos retrasos suelen ser ocasionados por ausencia de medios. Pero esa falta de recursos de todo tipo no impide que, en muchas ocasiones, se achaquen las disfunciones y las dilaciones a quienes, además del ciudadano, también las padecen, y que no son otros que todos los profesionales que intervienen en el proceso; desde Funcionarios abrumados por las carencias de un sistema informático poco operativo, a Letrados y Procuradores que han de explicar ante sus clientes que su juicio se verá dentro de muchos meses, pasando por Jueces, que han de trabajar en unas condiciones inadecuadas, y sin los instrumentos idóneos para abordar una ingente cantidad de asuntos muy complejos.

La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, lleva muchos años reclamando que se dote a la Administración de Justicia de los adecuados medios personales y materiales, para lograr su equiparación a los sistemas judiciales más punteros. Y no hemos dejado de denunciar, la dejación en la materia, por parte de los Gobiernos, de uno y otro signo, que no han tenido entre sus prioridades el facilitar a los Juzgados recursos suficientes para desempeñar sus funciones con celeridad y eficacia.

Cierto es que desde 2010 los recortes en el sector público han sido generalizados, pero también lo es que un sector tradicionalmente olvidado, y que tan poco interés ha suscitado en las previsiones inversoras del Estado, las ha sufrido en mayor medida, al partir ya de una situación precaria. Máxime, cuando durante una crisis económica, la litigiosidad crece exponencialmente, mientras que los medios para hacerle frente permanecen estables o, incluso, disminuyen. Basta con constatar cómo en el último lustro, la creación de órganos judiciales ha sido simbólica, así como la dotación de plazas para jueces de nuevo ingreso, y eso ha incidido notablemente en  los retrasos, pese al importante y no reconocido esfuerzo de los integrantes de la Administración de Justicia.

La solución a estos problemas, que llevamos arrastrando demasiadas décadas, ha de venir de la mano de una decidida apuesta modernizadora e inversora. Esto lo corrobora, la situación de las secciones penales de nuestra Audiencia Provincial en las que se han reducido de forma muy notable los tiempos de respuesta con la decisión, impulsada desde el Tribunal Superior de Justicia, de reforzarlas con cuatro Magistrados que se han unido a los ocho que las integraban, a final de 2015. Algo tan simple como un aumento en el personal, unido a unos retoques en la organización, ha permitido rebajar el tiempo de los señalamientos, de más de dos años en algunos casos, a unos meses, y reducir a menos de la mitad, el número de asuntos pendientes. La mejora ha sido sustancial y debería continuar ese refuerzo.

Y es que, únicamente, con una voluntad real de invertir en Justicia, unida a una racional distribución de los medios disponibles y actualizaciones legislativas (la parcheada Ley de Enjuiciamiento Criminal es de 1882),  se podrá lograr su mejora. Somos los Jueces los principales interesados y queremos colaborar en ello. Sólo falta que quien ha de invertir en Justicia, vea la necesidad imperiosa de llevarlo a cabo y los importantes beneficios que reporta. Hasta ahora, no ha sido así.

Esperemos que la situación cambie, pues de ello depende lograr un Sistema Judicial moderno, ágil y eficaz que no es otra cosa que lo que el Ministro de Justicia, Manuel Alonso Martínez, ansiaba en 1882 cuando, en la Exposición de Motivos de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal afirmaba: “Es preciso …… sustituir la marcha perezosa y lenta del actual procedimiento por un sistema que, dando amplitud a la defensa, asegure, sin embargo, la celeridad del juicio para la realización de dos fines a cual más importante: uno, que la suerte del ciudadano no esté indefinidamente en lo incierto, ……; y otro, que la pena siga de cerca a la culpa para su debida eficacia”.

Don Manuel, 135 años después, aún estamos en ello.

Enrique Domínguez López

Portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria en Murcia

Fuente: La Verdad de Murcia.