La segunda asociación de jueces y magistrados más representativa (AJFV) rechaza las medidas previstas por este órgano por su falta de garantías, eficacia y realismo para evitar el colapso judicial que provocará la pandemia

MARTES 14 DE ABRIL.- La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda más representativa entre los jueces y magistrados españoles, ha presentado hoy ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un amplio y detallado documento de alegaciones al Plan de Choque previsto por este órgano para enfrentar la crisis del COVID-19 en la Justicia española, que se resume en los siguientes puntos.

1.- NO ES UN “PLAN DE CHOQUE” FRENTE A LA CRISIS DERIVADA DEL ESTADO DE ALARMA: al socaire de la paralización efectuada por el mencionado estado de alarma declarado el 14 de marzo de 2020 por el RD 463/2020, el CGPJ ha aprovechado la situación para proponer una batería de medidas que constituyen, en su conjunto, un cambio estructural de modelo procesal. La mayoría de las propuestas no están justificadas por el previsible aumento de la litigiosidad tras la crisis del coronavirus.

Mostramos nuestra preocupación ante el aprovechamiento de una situación política irregular para, por vía de urgencia, tratar de introducir reformas que merecen un gran consenso político. Los órganos constitucionales no deben escoger los resquicios de pérdida de garantías provocado por un estado constitucional pero excepcional, para eludir el control parlamentario y social.

2.- NO ACOMPAÑA MEMORIA ECONÓMICA ALGUNA: la propuesta del CGPJ no mide el impacto económico del Plan en su conjunto, limitándose a hacer consideraciones generales sobre si cada medida tiene o no impacto económico. En bastantes de ellas, se dice que la medida no tiene impacto cuando, en realidad, sí la tienen.

Queremos reiterar algo que, aunque muchas veces repetido, parece no producir efecto alguno en los núcleos de decisión: sin inversión económica es imposible neutralizar el efecto de la paralización de la mayor parte de la actividad judicial durante más de dos meses. Los recursos personales y materiales tienen un límite y lo barato sale caro a medio plazo.

3.- NO ACOMPAÑA ANÁLISIS ALGUNO DEL IMPACTO PSICO-SOCIAL DE LAS MEDIDAS SOBRE LA CARRERA JUDICIAL: nos sorprende que el CGPJ recurra de forma generalizada a las adscripciones forzosas y comisiones de servicios sin relevación de funciones no remuneradas, sin tener certeza, pese a ser responsable de la prevención de riesgos laborales de los miembros de la Carrera Judicial, de si los integrantes de la misma se hallan sometidos o no a riesgos que mermen su salud laboral. Recordamos que las cuatro asociaciones judiciales tenemos planteado un conflicto colectivo ante los tribunales ordinarios frente al CGPJ, al haberse negado a fijar las cargas laborales a efectos de salud laboral.

4.- ELIMINACIÓN PAULATINA PREOCUPANTE DE LA ORALIDAD EN PROCEDIMIENTOS CIVILES Y LABORALES: las medidas propuestas introducen la posibilidad en la jurisdicción social de tramitar pleitos íntegramente escritos (pleitos de Seguridad Social) y convierten en opcionales las Audiencias Previas de los juicios ordinarios civiles cuando haya solo prueba documental, así como se refuerza lo escrito en los verbales civiles, al ampliar los supuestos y reconducir muchas materias a este tipo de procedimiento (verbal). La huida de la oralidad hace retroceder nuestro sistema judicial al siglo XIX, a la LEC 1881, eliminando la inmediación y alejando al ciudadano de quien ha de resolver sus cuitas, de manera contraria a la voluntad del legislador constituyente, recogida en el artículo 120.2 CE.

El exceso de juicios por juez, no puede eliminarse reduciendo las celebraciones, sin reducir los asuntos, sino dotando de más medios para poder ampliar las horas de Sala en cómputo global. La medida propuesta es un parcheo que supone una pérdida de derechos para los ciudadanos.

5.- LIMITACIÓN INJUSTIFICADA DE LOS RECURSOS EN SEGUNDA INSTANCIA, en los órdenes civil y, sobre todo, social. Cualquier limitación del derecho al recurso –especialmente en materias sensibles como la laboral o de familia–, supone una pérdida de garantías para los ciudadanos y una merma directa de sus derechos. Esta medida, además, no tiene justificación alguna en el contexto de la crisis del coronavirus, donde el aumento de la litigiosidad se produce mayoritariamente en la primera instancia.

6.- ELECCIÓN DE UN MODELO FRACASADO COMO MODELO DE JUSTICIA: especialmente reprobable es el hecho de escoger el modelo de los juzgados de cláusulas suelo como modelo a seguir en otras materias y jurisdicciones. Se propone la especialización por materias, reduciendo en muchos casos la oralidad y conforme a un modelo de juzgado centralizado por provincias. Pese a que se apunta a que se podrá seguir este modelo para materias derivadas de la crisis del coronavirus, la mayoría de las medidas propuestas van encaminadas a desatascar los juzgados de cláusulas suelo. En definitiva, medidas para desatascar un modelo que se propone como ejemplo a seguir. Consideramos que carece de lógica dicha propuesta.

7.- HABILITACIÓN DE AGOSTO: desde el punto de vista de la administración de justicia como servicio global, consideramos que la habilitación del mes de agosto supone un gravamen adicional para los abogados y procuradores, quienes no podrán disponer del mes inhábil en la jurisdicción civil para conciliar su vida familiar ni para funciones organizativas de su propio negocio. Echamos en falta la valoración de las medidas tras la emisión del preceptivo informe de perspectiva de género, conforme a la LO 3/2007 de igualdad efectiva de mujeres y hombres.

La habilitación de un mes no producirá un efecto de mejora de la pendencia y, sin embargo, causará perjuicios en otros colectivos. Entendemos que pueden reforzarse los juzgados mediante la habilitación de entre dos o tres tardes a la semana (las mismas en todo el territorio nacional) servidos por comisiones de servicios o refuerzos voluntarios y retribuidos, de manera más eficaz y sin merma de derechos de ningún colectivo.

8.- DESPRESTIGIO DE LA FUNCIÓN DE JUZGAR: las propuestas en su conjunto suponen una burocratización de la administración de justicia, una merma de la motivación, la oralidad, la contradicción, la inmediación y el respeto por la función jurisdiccional. Especial consideración merece la degradación de la función atribuida a los miembros de las últimas promociones de jueces, a quienes se pretende imponer funciones de refuerzo ampliando el periodo de refuerzo y sustitución o acortando la formación de la promoción actualmente en la Escuela Judicial.

Por todo lo cual, nos unimos al rechazo generalizado del Plan manifestado tanto por otras asociaciones judiciales como por otros colectivos del ámbito de la justicia. Dichas medidas, con todos los respetos, obedecen a un concepto de administración de justicia al que este CGPJ ya nos tiene acostumbrados y que ha sido pergeñado con desconocimiento de lo que sucede a diario en los juzgados y tribunales españoles.

Descargar (doc) NOTA DE PRENSA MEDIDAS CGPJ

Descargar (pdf) DOCUMENTO ALEGACIONES PLAN DE CHOQUE AJFV CGPJ