Recientemente todos hemos sido informados del Plan de urgencia activado por el CGPJ para afrontar el previsible incremento, tras los últimos pronunciamientos del TS y TJUE, de demandas impugnando cláusulas contractuales (suelo, gastos y otras) predispuestas en contratos de préstamo o crédito con garantía hipotecaria.

Parecería que la solución natural sería incrementar de inmediato una plantilla judicial incontestablemente infradotada, y sobresaturado el orden civil en los últimos tiempos por los apremiantes deberes que impone la jurisprudencia del TJUE y por los conflictos que ha generado la grave crisis económica iniciada en 2007, a pesar de lo que no se ha creado ni una sola unidad judicial en toda la anterior legislatura.

Pero no, no se ha pensado en aumentar la planta, que las demandas sobre suelos y gastos hipotecarios entren a reparto ordenadamente junto con todo lo demás y que las nuevas unidades creadas en consecuencia queden para un mejor funcionamiento de la Justicia. Sólo se ha visto en este incremento de imprevisible intensidad una oportunidad para impulsar un plan que ensaye los mantras en que se fía la solución a nuestra Justicia: provincialización y especialización.

Claro que la flexibilidad aporta ventajas pero no entendemos la obsesión por provincializar. Si el refuerzo funciona bien, no importa la fórmula, los asuntos acudirán con toda naturalidad al juzgado de la capital (o la ciudad escogida si otra hay con mayor población y así se estima, una especificidad, por cierto, en la que parece que no se ha pensado) y centralizar además excluye la elección del ciudadano (de acudir al juzgado de la capital o bien al más cercano) que parece la solución más razonable y respetuosa con los principios constitucionales.

Y en cuanto a la especialización no parece coherente definirla como raíz de una justicia de calidad (así se expresaba el último anteproyecto de LOPJ) y motor de promoción profesional para luego centrarse en los jueces sin destino claro de las últimas promociones. Curiosa especialidad, así concebida, si pasa por un esfuerzo de formación específica para los JAT, que serán quienes asuman estas demandas.

Cuando se diseñan soluciones sin contar con quienes están más cerca de los problemas se debe comprender que se generen dudas y reparos. Este Comité estima que ni es buena estrategia empezar la casa por el tejado – por más que lo permita el artículo 98.2 de la LOPJ, reformado por la LO 7/2015 – ni son buenas nunca las soluciones a coste cero. Creemos que se desaprovecha la oportunidad real, la de encarar de frente los problemas que plantea una Justicia sobresaturada, que merece una estudiada y decidida inversión y no soluciones inciertas.

En Madrid, a 22 de febrero de 2017.

EL COMITÉ DE COORDINACIÓN NACIONAL.
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