Es el momento de la sociedad civil, de que esta tome las riendas de su destino y que, respecto del poder, lo haga aumentando los controles sobre el mismo, controles que garanticen su eficacia.

La grave crisis sanitaria que estamos viviendo, producto de la pandemia originada por el coronavirus o Covid-19, nos está dejando atónitos ante tanta cantidad de víctimas y la repercusión económica global derivada de los intentos por contenerla. Uno de los factores que más contribuyen a la inquietud, cuando no pánico de la población, es la percepción de la crisis como algo absolutamente imprevisible, algo que nosotros nunca hubiéramos imaginado que nos podría pasar. Tendemos a pensar que las tragedias colectivas, producto de fenómenos naturales, como terremotos o tsunamis, o de guerras o conflictos armados o, mucho más aún, de infecciones o pandemias son siempre ajenas, son algo que le pasa a los demás. Nos solidarizamos profundamente con sus resultados, pero siempre desde una distancia, que es la que le corresponde a quien piensa “que a mí eso no me puede pasar”.

No puede descargarse toda culpa de tan irreflexiva actitud en el ser humano. No puede buscarse la justificación en una congénita incapacidad para ser conscientes de nuestra vulnerabilidad. No solo es eso. A esa infantil manera de percibir la realidad ha contribuido, al menos respecto de los nacidos, como yo, desde los años sesenta, el haber tenido la enorme suerte de vivir en un largo periodo casi huérfano de esas tragedias colectivas en nuestro entorno y la gran fortuna de que nuestra vida haya discurrido en un largo periodo de paz y estabilidad, en sociedades democráticas y avanzadas, en el marco de Estados de bienestar, que a todos aseguran, en mayor o menor medida, sanidad, educación, seguridad y libertad. Es verdad que esa sensación de inmunidad se empezó a quebrar en nuestras sociedades a partir de la existencia de atentados terroristas colectivos e indiscriminados contra la población, pero aunque resulte en cierto modo obsceno decirlo, una cierta superioridad moral irreflexiva, nos seguía indicando que esto era muy poco probable que nos afectara. Son solo unas decenas de muertos…

Todo eso se acabó. La crisis sanitaria que vivimos afecta a toda la población. Ya no hay espacios de inmunidad, ni incluso sensaciones falsas de protección ante la adversidad. Sus efectos serán muy graves en el plano sanitario, pero también en el económico y en el político. No vale solo llorar y lamentarse. Hay que actuar y la salida solo será posible a partir de la sociedad civil que, tras superar un proceso de maduración ante la adversidad, debe guiar su destino con responsabilidad, pero con protagonismo. Ya no se puede depositar toda nuestra confianza, a cambio de nada y sin controles, en nuestros dirigentes. Ha sido cómoda hasta ahora esta delegación, incluso temeraria ante la degradación intelectual y moral de algunos de ellos, pero eso ahora no vale. Ahora saldrán los que desde una perspectiva autoritaria, cuando no totalitaria, nos pretenderán guiar con mano firme hacia espacios de supuesta seguridad que, sin duda, encubrirán un escenario real de limitación de nuestros derechos fundamentales y de impunidad. No se trata de depositar en manos de un caudillo nuestro destino: Esa manera de hacer no sería más que otra manifestación de infantilismo irresponsable.

Es el momento de la sociedad civil, de que esta tome las riendas de su destino y que, respecto del poder, lo haga aumentando los controles sobre el mismo, controles que garanticen su eficacia. En este sentido, los partidos políticos son una pieza fundamental de nuestro sistema democrático, pero también se han erigido en un poder casi sin límite, pues desde su influencia decisiva en la producción legislativa y acción de gobierno, han ido desmontando uno a uno los controles de su actuación y, al tiempo, invadiendo todas las esferas de la vida pública, todo lo que convierte a los ciudadanos en sujetos pasivos que se limitan cada cuatro años a firmar un contrato de adhesión. Es tiempo de exigir el papel de la Ley, como límite a la acción política, función que corresponde a todos los órganos que a tal efecto nominalmente la tienen en nuestra Constitución, pero realmente no pueden ejercerla, o solo con limitaciones. Es tiempo de defender que no todas las esferas públicas e incluso privadas deben ser ocupadas por los partidos políticos, pues pertenecen a la sociedad civil, a los ciudadanos. Es tiempo de que el gobernado controle al gobernante, y este asuma que de aquellos es el protagonismo. Solo así se logrará también un gobernante maduro y responsable, consciente de que su poder está limitado por los demás poderes del Estado, por el conocimiento y decisión de los técnicos en materias especializadas, y por una administración pública profesional, que sirva al Estado y no a quienes provisionalmente lo dirigen.