Carta al Presidente del Consejo General del Poder Judicial

En Madrid, a 4 de diciembre de 2018.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ante la expiración del plazo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial consumada en el día de hoy, queremos poner de manifiesto los siguiente:

1.- El artículo 21.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, establece, entre otras cosas, que «el Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas». Por su parte, el número 6 del mismo precepto legal establece que «las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales

2.- El artículo 207 del Reglamento del Congreso de 10 de febrero de 1982, regula que «disuelto el Congreso de los Diputados o expirado su mandato, quedarán caducados todos los asuntos pendientes de examen y resolución por la Cámara, excepto aquellos de los que constitucionalmente tenga que conocer su Diputación Permanente».

Pese a que la ley determina limitaciones a los poderes ejecutivo y legislativo cuando estos se hallan en funciones, la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 570, no regula cuáles limitaciones tiene el Consejo General del Poder Judicial (órgano de gobierno del Poder Judicial y, por tanto, cabeza del tercer poder del Estado). Ahora bien, atendiendo a la lógica democrática y a la equiparación de los tres poderes del Estado, entendemos que el Consejo General del Poder Judicial –hoy prorrogado y “en funciones”–, ha perdido la legitimidad deseable en un estado democrático para realizar actos discrecionales. Entendemos que el CGPJ, a partir de hoy, debe circunscribir su actividad a despachar los asuntos de puro trámite y reglados o aquellos que, por razones de urgencia o necesidad, no admitan demora. Adoptar decisiones estratégicas discrecionales no urgentes por quien cuenta con una cuestionable legitimidad, supondría un descrédito de la institución a la que nos dirigimos.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria estará alerta ante cualquier desviación que pudiera producirse en el ejercicio de las funciones atribuidas al órgano de gobierno de los jueces que excedan, como hemos dicho, de los actos reglados y de los actos urgentes y necesarios que no admitan demora. Atentamente,

COMITÉ NACIONAL AJFV

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