La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, manifiesta su satisfacción con la reacción de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial plasmada en el acuerdo del día de ayer, según el cual se acordó suspender la función judicial de los titulares de los juzgados 1 y 5 de Martorell, a la vista del lamentable estado de las instalaciones. Por primera vez en la historia, el CGPJ, órgano competente en materia de prevención de riesgos laborales de la carrera judicial, ha tomado una decisión claramente protectora de la salud e integridad de los jueces de dichos juzgados. Es más: se ha conminado a la Generalitat de Cataluña a que adopte las medidas necesarias para la protección de la salud de los trabajadores descritas en el informe de inspección de trabajo, antes del 30 de abril. De lo contrario, se cerrará la función jurisdiccional del resto de juzgados. Los jueces y magistrados, además de autoridades y miembros del Poder Judicial, son trabajadores y merecen la misma protección que el resto de servidores públicos y personal laboral. El caso de los juzgados de Martorell ha sido la gota que ha colmado el vaso: tras décadas de denuncias por parte de las Asociaciones Judiciales, Decanos, Juntas de Jueces y Salas de Gobierno del mal estado y de la falta de seguridad de múltiples sedes judiciales a lo largo y ancho del territorio nacional, el CGPJ ha reaccionado. No ha habido que esperar una desgracia para que se tomen medidas.

La situación de muchas sedes judiciales de España pone de manifiesto el poco interés que tienen los poderes públicos en que el Poder Judicial desarrolle su función de manera independiente y digna. A nadie se le escapa la idea de que sería impensable que un diputado o un ministro prestara su función en un despacho de las características de los que se han podido ver en las fotografías de Martorell, por poner un ejemplo. Sin embargo, a los miembros del Poder Judicial y resto de funcionarios de Justicia, se les obliga a prestar servicio a los ciudadanos en instalaciones sin calefacción, sin aire acondicionado, sin limpieza, sin salidas de incendios, etc.

Esperemos que las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia así como el Ministerio de Justicia tomen medidas para que estos cierres no se vuelvan a suceder y pedimos al CGPJ que continúe en esta novedosa función de protección de la salud e integridad de los jueces y magistrados de España. Francisco de Vitoria, como miembro de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud (CNSS), seguirá luchando para que la justicia se preste en condiciones dignas acordes a la importancia de la función jurisdiccional.

Madrid, 28 de marzo de 2019

COMITÉ NACIONAL AJFV