La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha presentado hoy un amplio y detallado informe sobre las oposiciones para acceder a la Carrera Judicial en nuestro país, una de las cuestiones que el actual Ejecutivo pretende modificar por supuestas razones de “sexo y socioeconómicas” de los aspirantes, según consta en el acuerdo de gobierno de PSOE y Unidas Podemos.
El informe, elaborado por los magistrados Francisco Pleite y Luis Sanz Acosta y el juez Rafael Herreros —todos ellos de AJFV—, arranca con una exhaustiva comparación de estas oposiciones en España y otros países europeos, especialmente los más equiparables al nuestro, como Francia, Italia o Portugal, para concluir que “ningún sistema es perfecto y todos son susceptibles de mejora, pero esta obviedad no debe llevar a poner en cuestión los principios fundamentales sobre los que se asienta el actual ingreso en la Carrera Judicial, basado en un modelo semejante al de los países de nuestro entorno y que presenta indudables ventajas”, entre las que AJFV destaca que el sistema actual “asegura un alto nivel de formación jurídica de quienes superan el proceso, ha garantizado hasta ahora la independencia de los jueces frente a injerencias del poder político, evita sesgos ideológicos en la selección de los futuros jueces y facilita enormemente la incorporación de las mujeres a la judicatura con tanto éxito que ya son mayoría en la Carrera Judicial”.
No en vano, el informe también analiza con datos objetivos los dos únicos argumentos insinuados por PSOE y Unidas Podemos para justificar su propuesta de modificar el acceso a la Carrera Judicial con la excusa de garantizar la igualdad de oportunidades de los opositores “con independencia del sexo y de la situación socioeconómica”, según reza literalmente el punto 2.12.2 de su acuerdo de gobierno.
Resulta llamativo que el Ejecutivo recurra al argumento del sexo cuando, como demuestra este informe siempre con datos oficiales y contrastados, más de la mitad de los jueces españoles ya son mujeres (54,3%), dos de cada tres aspirantes que han aprobado estas oposiciones durante el último cuarto de siglo también (64,7%) y esa tendencia sigue creciendo, pues el porcentaje de aprobados femeninos durante los últimos tres lustros ha superado varias veces el 70%, sin ir más lejos en las dos promociones más recientes (71,3% y 73,7%).
“Estos datos tan obvios son la prueba evidente de que en este país no hay ningún problema de igualdad en el acceso a la Carrera Judicial desde hace décadas, que alguien utilice ese argumento sólo se puede explicar por ignorancia o para disimular otros intereses, pero desde luego no por la igualdad de género, porque a nadie se le ocurre poner esa excusa en una situación donde las mujeres ya son más del 70%”, explica el portavoz nacional de AJFV, el también magistrado Jorge Fernández Vaquero.
Y en cuanto a la situación socioeconómica de los aspirantes, que algunos sectores esgrimen para asegurar que la mayoría de ellos son ricos, AJFV recuerda que “nadie ha ofrecido ningún dato que avale una afirmación que, mientras no se demuestre lo contrario, sólo parece sustentarse en prejuicios”, ya de entrada porque no hay ni un solo dato objetivo sobre el nivel de renta de quienes preparan o aprueban estas oposiciones. Es más, las únicas cifras que se pueden vincular a la clase social o nivel económico de los aspirantes a juez en España apuntan justo a lo contrario: que se trata de “un sistema de selección abierto a amplias capas de la población”, como demuestra este informe.
De hecho, lo que más permite aproximarse al perfil socioeconómico de los aspirantes a juez es un detalle que sí tiene cierta influencia en la renta de sus familias, como es el nivel de estudios de los padres: una de cada tres personas que aprobaron las últimas oposiciones procede de familias cuyos progenitores no tienen estudios superiores (33,1%) y los que pertenecen a familias con ambos padres licenciados o graduados son apenas el 43,5%. Más evidente es el dato sobre cómo influye el parentesco, que ciertos sectores utilizan como coartada para insistir públicamente en que “es muy difícil llegar a juez si no eres hijo o familiar de juez”. De nuevo, los datos objetivos vuelven a desmontar esta falacia: los que aprobaron la oposición en lo que va de siglo teniendo un juez en la familia no llegan ni al 6% y en las últimas promociones, menos incluso (ni el 5%).
¿POR QUÉ SÓLO LA OPOSICIÓN DE JUEZ?
El informe de AJFV también pone cifras al esfuerzo económico y personal que conlleva preparar esta oposición, pues la práctica totalidad de los aspirantes (casi el 95%) reconoce que necesita apoyo económico de su familia para pagar los entre 100 y 300 euros mensuales que cuesta preparar una oposición en la que se tardan entre 4 y 5 años de media. Por eso, AJFV recuerda que esta y otras asociaciones llevan años reclamando un sistema de becas suficientes para ayudar a estos opositores, especialmente a los que más lo necesiten, pues en la actualidad son las propias asociaciones judiciales y algunas entidades privadas las únicas que ofrecen esas ayudas, que por tanto siguen siendo muy limitadas.
“Es obvio que esta inversión de tiempo y dinero resulta siempre más asequible para quienes la pueden asumir con más facilidad, pero exactamente igual que ocurre para ser abogado del Estado, inspector de Hacienda, médico o catedrático, cuyo trabajo también es susceptible de prejuicios ideológicos y nadie se ha planteado modificar el acceso a esas profesiones con excusas de género o clase social, que curiosamente sólo se utilizan para estigmatizar a los jueces, no a otros servidores públicos”, aclara el portavoz de AJFV.
Este informe también plantea otras medidas concretas y detalladas para mejorar los exámenes, los temarios y las prácticas de esta oposición, además de insistir en que se elimine la fase de refuerzo y sustitución con la que la Administración “pretende suplir las deficiencias de la plantilla de jueces y magistrados a costa de la formación de los futuros jueces”, obligados en esta fase a asumir una tarea que no les corresponde, pues “supone dotar de plena capacidad jurisdiccional a jueces que todavía no lo son”, lo que provoca una “merma absoluta de su independencia”.
El portavoz nacional de la segunda asociación de jueces y magistrados más representativa del país añade que “este trabajo incluye muchas propuestas reales y concretas para reformar de verdad el acceso a la Carrera Judicial, para lo cual no hay que desviar el foco hacia donde no hay ningún problema desde hace años y cada vez menos, sino conservar todo lo positivo que ya tiene el sistema actual y mejorar otras cuestiones más necesarias para los opositores sin rebajar el nivel de exigencia y preparación que la sociedad espera de todos aquellos a quienes confía un servicio público tan importante como la Justicia”.
“Si alguien pretende cambiar las oposiciones a juez por falsos prejuicios ideológicos o para hacer ingeniería social con la Carrera Judicial, provocará uno de los errores más graves que pueden cometerse en cualquier democracia moderna y las consecuencias no las sufriremos sólo los profesionales de la Justicia, sino también y sobre todo los propios ciudadanos”, concluye el portavoz de AJFV.
Descargar (pdf) INFORME SOBRE ACCESO A LA CARRERA JUDICIAL
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