Más del 60% de los jueces y fiscales participan en la primera huelga respaldada por todas las asociaciones

Jueces y fiscales han ido a la huelga tras meses de negociaciones de resultado “decepcionante”. Lo han hecho para reclamar una variada lista de reivindicaciones que reúnen peticiones estrictamente laborales y otras dirigidas al corazón de la Justicia: la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal. No es la primera huelga de jueces y fiscales, pero sí la primera conjunta que respaldan unánimemente sus asociaciones: cuatro de jueces y tres de fiscales.

Los datos seguimiento ofrecidos por los convocantes indican que han parado 3.537 jueces sobre un total de 5.407 profesionales, lo que equivale al 65,4% de la plantilla. En cuanto a los fiscales, han sido 1.297 de un total de 2.500, es decir, el 51,9%. Haciendo los cálculos conjuntos, la huelga ha sido secundada por el 61,1% de los convocados.

La cifra ofrecida a las 13.00 horas en lo referido a los jueces era bastante inferior, debido a que un problema de saturación de servidor de justicia había impedido que muchos correos personales de adhesión. Cuando a media tarde se ha desbloqueado, ha entrado más de un millar de apoyos.

También el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ofrecido datos de los jueces y magistrados que han comunicado a sus superiores que hacían huelga. Conforme a estos datos, el seguimiento ha sido del 55,1%. Los datos del Consejo están desglosados por autonomías, lo que permite comprobar que la que más ha respaldado la el paro ha sido Murcia: 115 de sus 160 jueces (el 71,8%). Por su parte, la Fiscalía General del estado no ha proporcionado datos propios de seguimiento.

Los convocantes no han podido ofrecer datos de la repercusión de la huelga en el número de actuaciones judiciales suspendidas, es decir, de la repercusión real que ha tenido la huelga para los ciudadanos. Según han explicado, porque siguiendo indicaciones del Ministerio de Justicia los secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia han rechazado comunicar esos datos.

“Hoy muchos fiscales, jueces y juezas hemos decidido hacer huelga. Con ella queremos expresar nuestro profundo malestar con los responsables en materia de Justicia ante la dejación y abandono en el que se encuentra este servicio público. Reclamamos una Administración de Justicia del siglo XXI, de calidad y con medios e independiente”, afirman las asociaciones el comunicado conjunto emitido este martes.

“Hemos llevado nuestras propuestas a donde teníamos que llevarlas y han hecho caso omiso. Nos han mareado y al final hemos tenido que hacer algo. El desencanto en máximo”, resumía anoche María Jesús del Barco, de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), en un coloquio previo al comienzo de la huelga en el Club Siglo XXI.

La mayoría de los reproches van dirigidos al Ministerio que dirige Rafael Catalá. No está, sin embargo, solo. Los documentos de los huelguistas y los actos de reivindicación con los que se ha ido calentando la movilización apuntan también a los partidos políticos, que no han sido capaces de pactar mejoras, y a un Consejo General del Poder Judicial que no ha actuado como su interlocutor ante el Ministerio.

Las reclamaciones que no han conseguido sacar adelante se recogen en un documento denominado “14 propuestas para la mejora de la Justicia” firmado en junio del año pasado por los jueces. Los fiscales las respaldaron y añadieron cuatro puntos propios. “Dichas propuestas”, explica el comunicado conjunto emitido este martes, “comprenden desde el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia: calidad y eficacia así como la mejora de las condiciones profesionales de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal”.

Los convocantes aseguran haber intentado llegar a acuerdos en varios ámbitos. “El balance no puede ser más decepcionante en todos estos meses que llevamos de negociaciones. No hay siquiera un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia tras el fracaso de la Subcomisión creada al efecto”, sostienen tanto las asociaciones de jueces (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) como las de fiscales (Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales).

La primera huelga de jueces de España la padeció el socialista Mariano Fernández Bermejo en 2009. Meses después volvía a haber huelga (con otros convocantes), ya con Camaño de ministro. El 2013 la huelga fue contra el popular Alberto Ruiz-Gallardón. En esta segunda, como ahora, pararon los fiscales. La huelga de este martes es la primera que aúna a las siete asociaciones de ambas carreras y llega después de varias jornadas de paros ante los centros de trabajo y, finalmente, una concentración ante el Ministerio de Justicia en la que fiscales y jueces corearon contra el ministro (Catalá dimisión), el presidente del CGPJ (“Lo mismo da Lesmes que Catalá”) y la portavoz socialista, la magistrada Margarita Robles (“Margarita, cállate”).

Desde el Ministerio de Justicia defienden que en torno a un 70% de las reclamaciones ya han sido atendidas, si bien dependen de que finalmente se aprueben los Presupuestos o se culmine la tramitación parlamentaria necesaria para las reformas legislativas.

Esa lista de reivindicaciones incluye, entre otros puntos, la ampliación de las plantillas, la recuperación de los salarios y permisos y vacaciones al nivel previo a la crisis, la fijación de la carga laboral, la dotación de medios materiales suficientes y de calidad (sobre todo los informáticos) y la racionalización de la planta judicial y fiscal.

Entre las “medidas para reforzar la independencia judicial” se incluye garantizar la elección de vocales del CGPJ “por los jueces y magistrados”, así como el fin del sistema “presidencialista” que se impuso en la última reforma y que todos los vocales vuelvan a tener dedicación exclusiva. Se reclama igualmente la “objetivación” del sistema de nombramiento de altos cargos y la supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos.

Por su parte, las asociaciones fiscales reclaman un “refuerzo de la independencia” y con una “autonomía presupuestaria” que les libere del Ministerio y facilite lo anterior. También solicitan paralizar el sistema de plazos máximos de investigación y la implantación de la justicia digital mientras no se pongan medios suficientes para que funcionen.

Fuente: elmundo.es